Plaza Pública
Selección y evaluación del profesorado: ni "expertos" ni "excelencia" sin compromiso social
De forma habitual pero no por eso menos lamentable ha sido la presentación del asunto del profesorado por parte del Ministerio. Iniciar el debate en un foro con expertos y otras instituciones, sin considerar la participación en el diálogo social o en la mesa sectorial, sin presentar un borrador de documento con las líneas prioritarias a trabajar, donde es pertinente tratarlo, es al menos superficial o apresurado.
Incluso hay otras costumbres asumidas por distintos gobiernos y algunos “expertos” con absoluta falta de pertinencia sobre qué hay que trabajar, dónde se debe plantear y muchas veces sin acertar sobre los verdaderos problemas de la docencia en nuestro sistema educativo. No solamente desde la política se cometen errores de bulto, desde la “academia” también, desde las consultorías de organizaciones internacionales o empresariales también. Porque se manejan categorías abstractas o se reflejan experiencias de diferentes contextos, sin tener en cuenta el protagonismo de la profesión, sin sentar las bases de una reflexión crítica sobre la práctica, sin haber realizado investigaciones pegadas al terreno.
No se puede hablar de la formación del profesorado ni de la carrera docente sin dilucidar el perfil profesional para cada uno de los niveles de la enseñanza, a través de un estatuto de la función pública docente, que contemple qué profesorado necesitamos en primaria, en secundaria, en bachillerato o en FP. No es admisible que se pueda plantear un modelo de formación inicial sin determinar ese perfil, sin correlacionarlo con el modelo de acceso, en coherencia con la formación permanente o la promoción.
No se puede descargar toda la responsabilidad del éxito escolar o de una determinada reforma en el profesorado, cuando nadie se ha responsabilizado de definir los perfiles, programar la formación, cambiar el modelo de oposiciones y sobre todo, si la sociedad no tiene ninguna claridad sobre la educación que se necesita. ¿Cómo puede alguien decir qué hay que hacer con el profesorado si no hemos definido qué instituciones educativas queremos? Si no hay ni el mínimo consenso sobre los aprendizajes pertinentes en cada nivel, ¿cómo se puede diseñar la formación del profesorado? Es una postura arriesgada como poco, bastante impertinente, pretender dar lecciones sobre el profesorado, cuando es una profesión que lleva bastante tiempo con cambios curriculares ciertamente impuestos por la LOMCE, con cambios del sistema educativo que no se han reflejado en el sistema de oposiciones, con planes de formación continua obsoletos, con modelos de promoción que no valoran la innovación pedagógica.
Por otro lado, ni el contexto familiar ni el alumnado pueden considerarse de forma generalizada desde infantil a la universidad. Las condiciones, las relaciones, los grupos, los objetivos o las metodologías cambian de forma considerable. Ni las tareas ni los problemas que se presentan, ni la organización de los centros, ni las capacidades necesarias son las mismas. Sobre todo existen grandes diferencias, obviamente, si se trata de infancia o adolescencia, pero influye de forma relevante si es enseñanza obligatoria o no. El clima social, la cultura organizativa o las jerarquías, en cada institución, son determinantes a la hora de definir perfiles profesionales.
¿Cómo se puede enunciar que necesitamos “los mejores” para ejercer la docencia si no sabemos en qué consiste ese ejercicio profesional? Mi respuesta es que se está manejando una concepción ideológica elitista, basada en parámetros tradicionales o en modelos de “excelencia” abstractos o de culturas empresariales, que no serían nada útiles a la hora de definir el perfil profesional que necesita la escuela para el siglo XXI. Pero se sobrevalora la necesidad de evaluación de la tarea docente.
Si nos adentramos en modelos de calidad habrá que elegir entre concepciones ideológicas opuestas. Diseñamos un perfil profesional con base científica para atender a las tareas y los problemas de la enseñanza, con compromiso social y con las capacidades que le permitan ejercer de forma eficaz la enseñanza o seleccionamos una elite de forma competitiva a saber con qué modelo profesional probablemente originado en otros contextos o en otras profesiones. De cualquier forma, sin definir qué educación queremos, qué aprendizajes son pertinentes para garantizar la equidad y la calidad del sistema educativo, qué docentes se necesitan para esos objetivos pedagógicos, qué tipo de instituciones son las más adecuadas para conseguir el éxito del alumnado, qué relaciones con la comunidad educativa colaboran en ese camino, sin esas premisas es imposible poder diseñar ni la formación inicial, ni el sistema de oposiciones, ni los períodos de prácticas y sus exigencias, y aún menos la carrera docente.
¿Qué se va a evaluar? ¿Para qué? ¿Cómo? Si no sabemos qué es lo más valioso en la práctica docente, qué resultados de aprendizaje se valoran para el futuro de ese alumnado, qué papel juega el contexto social y familiar, qué peso tiene la participación democrática en las instituciones para conseguir objetivos compartidos. Estos y muchos otros aspectos deben formar parte de la selección de los indicadores a evaluar, cuantitativa y cualitativamente, para que realmente sirva de diagnóstico para la mejora y no solamente como control burocrático, como ha ocurrido en otras experiencias.
La selección y el desarrollo profesional docente es una tarea compleja y difícil, los sistemas de evaluación sin compromiso profesional provocan rechazo, por lo cual es una temeridad plantear soluciones mágicas de expertos o copiar modelos de otros sistemas. Esperemos que este Ministerio plantee un recorrido acorde con la participación democrática de las organizaciones sindicales, que no caigan en el rechazo corporativo o las soluciones igualitaristas, que se difunda el debate y se establezcan planes que permitan transiciones paulatinas y participadas. Para un funcionamiento sin altibajos del sistema educativo que garantice la atención del alumnado, respetando los derechos laborales de unos trabajadores y trabajadoras que ya han sufrido bastantes atropellos en los últimos tiempos de austeridad y recortes.
La responsabilidad última del buen funcionamiento de un servicio público es del Estado, que deberá proveer de los instrumentos para cumplir con las funciones definidas, deberá seleccionar y formar a sus profesionales, evaluar, financiar, o exigir. Un servicio público no se puede dejar librado a la voluntad individual de sus profesionales y después culparles de los fracasos. No se trata de vocaciones religiosas ni de marketing comercial, se trata de desarrollos profesionales que permitan cumplir con una práctica social formal y pública con la mayor calidad posible equitativa y democrática. El profesor Santos Guerra plantea “tres vértices de un triángulo: evaluación de los centros, perfeccionamiento profesional y mejora de la práctica” y también que “el objetivo de la evaluación es conseguir el mejor resultado con el menor esfuerzo y la máxima gratificación”. ______________
Estella Acosta Pérez es orientadora y profesora asociada de la UAM jubilada