Plaza Pública

El tiempo pone a todos en su sitio

De izquierda a derecha: Álvaro Pérez Alonso 'El Bigotes', Pablo Crespo, y Francisco Correa durante el juicio de la rama valenciana del caso 'Gürtel'.

A estas alturas de la película una sentencia del Tribunal Supremo ratifica la responsabilidad civil a título lucrativo del Partido Popular. Reconoce la existencia de la caja b de esta formación y corrobora con algunas matizaciones las condenas impuestas por la Audiencia Nacional. Es una sentencia bien trabajada y complejamente redactada para que no haya fleco alguno suelto y queden bien todos los jueces de instancia. Una de cal para Ángel Hurtado, recién nombrado por el Consejo General del Poder Judicial para, precisamente, la Sala de lo Penal del Supremo, quien expresó en un voto particular su desazón por la condena al PP. La de arena ha sido para los otros dos magistrados del tribunal, José Ricardo de Prada y Julio de Diego, a los que respalda completamente en su punto de vista jurídico y en toda su argumentación, tanto respecto a la instrucción como al razonamiento jurídico empleado.

Si tienen interés y paciencia podrán comprobar la veracidad de lo que digo: la sentencia en los folios 1.072 a 1.077 da por probada la caja b del PPcaja b y si se pone en relación con lo que se dice en los numerados como 1.609-10, lo que viene a decir la Sala de lo Penal es que al PP no se le puede condenar porque no se le puede acusar ya que en la fecha de los hechos era irresponsable penalmente como persona jurídica (esta figura se incluyó en el Código Penal en el 2010, es decir, después de cometidos los hechos; y la figura de la financiación de los partidos políticos como tipo penal no se introdujo en aquel hasta el 2015, y precisamente por esta causa penal). Nada nuevo, eso es lo que ya decían los magistrados de la Audiencia Nacional.

Cualquier otra interpretación relativa a la actuación de los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional es torticera. Y no lleva más que a expresar la pataleta por una decisión que no se esperaba. El PP y sus afines, incluidos los que colaboran en determinados medios de prensa y tertulias al uso, se han dedicado a soltar mensajes malintencionados sobre estos jueces, como normalmente hacen contra todos aquellos operadores del Derecho, entre los que me incluyo, que se les oponen y que resisten estoicamente las embestidas de calibre grueso aferrados a su independencia y centrados en su profesión.

La reacción de la derecha en todo este tiempo da que pensar que hay mucho más de lo que podemos apreciar en este asunto. Empiezo por mi propia inhabilitación a manos de la Sala de lo Penal del Supremo tras haber iniciado la investigación por este caso y bajo la acusación de haber interceptado comunicaciones entre los hoy condenados y sus abogados. De nada sirvió ni el que hubiera protegido como es preceptivo el derecho de defensa, ni la libertad de interpretación propia de un juez, ni que, tras la condena, otro magistrado mantuviera como lícitas estas escuchas sin que se le achacara irregularidad alguna.

Cuando estalló el caso, en el Juzgado Central de Instrucción número 5 del que era titular, las maniobras de los interesados para obstaculizar el proceso fueron de todo tipo y se centraron con especial ahínco en difamar a todos los profesionales de la justicia que podían llevar el caso a término en su contra. Fueron de traca los intentos de mantener en el tribunal a jueces próximos al PP y evitar las recusaciones en casos especialmente llamativos, véase Enrique López,hoy consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y secretario de Justicia y Administraciones Públicas del partido que preside Pablo Casado… ¿O qué decir de la resistencia a que se apartase del caso la jueza Concepción Espejel, tan especialmente unida a María Dolores de Cospedal?

Tanto esfuerzo por anular, por difamar y deteriorar la imagen de los jueces, que se recrudeció en el tiempo transcurrido hasta este fallo del Supremo, dice mucho en cuanto al tema de fondo y me da la razón en que las indagaciones que iniciamos en el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional iban por el camino adecuado: había una trama en torno a una formación política, el Partido Popular. Esta trama se benefició de dinero público, en base a comisiones y desvío de dinero de todos, y había un partido, el PP, en torno al cual giraba todo y que se lucró con ello. Y existía una caja b en ese mismo partido cuyas derivaciones están por ver aún y que cada vez parecen llegar más lejos.

Solo añadiré que si mi trabajo como juez ha servido para poner en evidencia a los corruptos doy por bien empleado todo lo acontecido, aunque sé de sobra que es una injusticia y, me consta, otros también son conscientes de ello. Pero el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio.

Baltasar Garzón es jurista, presidente de Fibgary el juez que inició la investigación de la 'trama Gürtel' y ordenó las primeras detenciones en febrero de 2009.

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