Vox y la memoria democrática en Castilla y León

Más de una vez recordé, con motivo de las presentaciones que hice hace un par de años de mi libro La memoria nombrada (ed. El viejo topo), que no pocas familias iniciaron la búsqueda de los restos mortales de sus deudos asesinados por el franquismo a finales de los años setenta del pasado siglo, mucho antes de que las asociaciones memorialistas se pusieran a ello con rigor científico. Les bastaba entonces para ello con los testimonios orales de quienes vivieron aquella trágica pesadilla, tal como pude comprobar in situ en algún caso. 

Aquellas primeras excavaciones, realizadas todavía con miedo y muchas dificultades, se interrumpieron a partir del día en que se produjo el intento de golpe de estado en 1981. Actualmente, las asociaciones de Memoria Histórica o Democrática repartidas por el país, y más concretamente las de Castilla y León, están temiendo que la llegada de la extrema derecha al gobierno autonómico de esta comunidad pueda volver a interrumpir la búsqueda y reparación de las víctimas de la dictadura. 

Eso es lo que se desprende de lo que dijo el líder de Vox días atrás, prometiendo hacer todo lo posible “por derogar la legislación ideológica izquierdista sobre Memoria Histórica”. Se trata, en este caso, del decreto firmado en 2018  por el predecesor del actual presidente, Juan Vicente Herrera, cuando el Partido Popular gobernaba en solitario en Castilla y León. 

Mañueco ha mantenido que el decreto 9/2018 no se tocará, algo que las asociaciones memorialistas no tienen nada claro desde la incorporación de la extrema derecha al gobierno autonómico y su deseo expreso de que esa legislación se derogue

Fernández Mañueco ha mantenido días atrás que el decreto 9/2018 no se tocará, algo que las asociaciones memorialistas de aquella comunidad no tienen nada claro desde la incorporación de la extrema derecha al gobierno autonómico y su deseo expreso de que esa legislación se derogue. Puede estar en riesgo a partir de ahora, por lo tanto, la ayuda económica que se prestaba a esos colectivos para seguir investigando en el medio millar de fosas registradas en todo el territorio y que ya tuvo su precedente en los gobiernos de Mariano Rajoy, muy satisfecho de no haber invertido un solo euro en ese menester.

Si Mañueco faltara a su palabra, como podría ocurrir ante las exigencias de su socio de gobierno y la línea que de ese gobierno de coalición se puede derivar en el futuro para la trayectoria del Partido Popular en otras comunidades y en España, se volvería a repetir la misma historia que se dio con el intento de golpe de estado de 1981, solo que esta vez ocurriría más de cuarenta años después  e incumpliendo una ley aprobada para recuperar los restos mortales de quienes se enfrentaron al fascismo. La regresión sería tan evidente como alarmante.

Es de recordar, al respecto, que la comunidad de Castilla y León no ofreció resistencia apenas a los militares sublevados en 1936, pero que aun así la represión aplicada por quienes se impusieron por la fuerza fue muy dura. Según los estudios realizados por la Universidad de Burgos, el número de fosas identificadas asciende a 526, sin que esta sea una cifra definitiva, y el número de víctimas está entre 6.000 y 7.000. Hasta ahora se han exhumado los restos mortales de unas 2.000 personas.

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Félix Población es periodista y escritor, autor de 'La Memoria nombrada' (ed. El viejo topo, 2019) y 'La risa de vivir y otros cuentos sin cuentos' (ed. Circulo Rojo, 2021)