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Greenpeace

Las aberraciones urbanísticas jalonan gran parte del litoral español

Fotografía facilitada por Greenpeace del Puerto Deportivo de Benalmádena, en Málaga.

Sólo un 27% del litoral español está protegido. El 31,8% de la costa pública (el dominio público marítimo terrestre) ha sido urbanizada, con las provincias de Málaga (74,9%), Cádiz (69,1%), Barcelona (68,9%) Valencia (66,7%) y Alicante (64,3%) como principales exponentes. La media de crecimiento de ocupación artificial de la costa pública es del 40% entre 1987 y 2011. El suelo construido en los primeros diez kilómetros de litoral, los más apetecibles para el turismo y el ladrillo, se ha incrementado en un 57%. Y el proceso sigue. Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad presentaron este lunes su informe Protección a toda costa, elaborado a partir del análisis de 7.880 kilómetros lineales de la costa española. La conclusión es que la voracidad invasiva de la construcción junto a las playas españolas no se ha detenido con la crisis económica. Greenpeace alerta de una posible "nueva burbuja inmobiliaria en la costa"

El estudio se ha servido de fotografías de satélite de espacios protegidos. El análisis abarca 21 millones de hectáreas. Sus conclusiones son pesimistas. "De seguir las tendencias actuales, en muy pocos años habremos dilapidado lo poco que queda. Es urgente un uso prudente del suelo en un escenario de cambio climático", afirma Fernando Prieto, coordinador del Observatorio de la Sostenibilidad. "El ansia por seguir ocupando los primeros kilómetros de costa y los alrededores de los parques naturales no ha desaparecido. La flexibilización de normativas como la nueva ley de costas, la ley de impacto ambiental, la futura ley del suelo de Canarias y la indiferencia ante sentencias judiciales como en el hotel de El Algarrobico parecen ser los catalizadores de una segunda edad de oro para el ladrillo", explica Pilar Marcos, responsable en Greenpeace de la campaña de biodiversidad.

Además de su exhaustividad cuantitativa, el informe incorpora un apartado de más de 50 puntos negros, lo que sus autores llaman "elefantes blancos", que aportan elementos para una valoración cualitativa. Infraestructuras en desuso, fallidas o de elevado impacto ambiental, casi siempre con enormes despilfarros de recursos aparejados, forman parte del retrato elaborado por Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad. infoLibre hace un repaso, a partir del informe Protección a toda costa, de estos "elefantes blancos" por comunidades autónomas, examinando también áreas —hasta 52, señala el informe— que sufren una mayor presión urbanística en cada una de ellas.

Andalucía: de El Algarrobico a los indultos de Marbella

El "punto negro" más emblemático es el Hotel El Algarrobico, aberración urbanística por antonomasia. Sigue en pie en Carboneras (Almería), pese a su flagrante vulneración de la legalidad urbanística. Las autoridades, en cumplimiento de sentencia judicial, tienen la pretensión de derribarlo, pero no hay fecha. También en la provincia de Almería, la urbanización Mundo Aguilón, con campo de golf, se asienta sobre una superficie de 200 hectáreas en una zona ecológicamente valiosa. En el ámbito industrial destacan las balsas de fosfoyesos en la costa de Huelva, millones de toneladas de residuos radiactivos a escasos 500 metros de la ciudad, conformando en algunas zonas una montaña de más de 20 metros de altura.

El Parque de la Historia y el Mar de San Fernando (Cádiz), un acuario de 27.000 metros cuadrados sin uso desde que se construyó en 2007, urbanizaciones de lujo fuertemente erosivas y viviendas ilegales "indultadas" componen el catálogo andaluz de "elefantes blancos", que hace mención aparte al caso de Marbella (Málaga), donde el grueso de la era de la construcción desaforada se mantiene en pie.

El informe alerta de la presión urbanística sobre el terreno libre de invernaderos en Roquetas (Almería) y Aguadulce, un núcleo secundario del municipio. "Los últimos huecos libres junto a la playa entre ambos núcleos son de gran valor ecológico", señala el estudio. En Cádiz la transformación del litoral ha sido drástica desde la ley de costas de 1988. El informe subraya el crecimiento de Conil y Los Caños de Meca, así como la aparición de nuevos núcleos de baja densidad de vivienda turística en El Palmar y Zahora. La superficie de estos últimos es mayor que la de los núcleos urbanos a los que pertenecen, según el informe. En Huelva la presión urbanística es intensa en el triángulo formado por Isla Canela, Ayamonte e Isla del Moral, que crecen con el único límite de los espacios protegidos. Es observable cómo Isla Canela e Isla del Moral proyectan prolongaciones y buscan encontrarse a lo largo de la playa y formar un continuo. En Málaga, la provincia más depredada, aún quedan zonas bajo presión. El resultado final puede ser, señala el informe, "una provincia definitivamente aislada del mar por el hormigón y el ladrillo".

Comunidad Valenciana: El catálogo más amplio de "elefantes blancos"

Terra Mítica, otro emblema del monumentalismo y el exceso, afectado además por la corrupción, se encuentra en Benidorm (Alicante), una ciudad diseñada en su día con un modelo vertical que debía evitar limitar las construcciones en el Mediterráneo. Hoy esta idea parece un sarcasmo.Protección a toda costa la cita entre sus "puntos negros" junto a los rascacielos de Calpe o Alicante. La Comunidad Valenciana es la que acumula mayor cantidad de "elefantes blancos": el Parque de la Relajación en Torrevieja y los "indultos" urbanísticos en Santa Pola y la Serra Grosa en la provincia de Alicante; en la provincia de Castellón, Marina d'Or, el famoso aeropuerto de Carlos Fabra, "indultos" en el poblado marítimo de Xilxes y el almacén Castor, que llegó a provocar terremotos en poblaciones cercanas al delta del Ebro; en la provincia de Valencia, la ampliación del puerto "es de tal magnitud que tendrá un importante impacto sobre la dinámica de arenas del Mediterráneo, ya que las arenas tienen una dirección norte-sur que interrumpe el espigón", señala el informe, que también cita el circuito de Fórmula 1 de la capital y la exención de obligaciones urbanísticas en la primera línea de playa de Oliva.

La presión urbanística se centra en una franja costera desde Peñíscola (Castellón) hacia el norte, de las menos explotadas pero que "viene experimentando una preocupante transformación urbana", según el informe. Al llegar al límite con Tarragona, esta área de alta presión se prolonga hasta el delta del Ebro. También está bajo presión el área de Villajoyosa-El Campello, de los escasos tramos de la costa alicantina todavía no ocupado, señala el informe, que añade: "No cuenta con ninguna protección y ya hay una urbanización expandiéndose". En Valencia sólo han quedado libres del empuje urbanístico las áreas de Marjal de Rafalell y Vistabella, la del Marjal dels Moros y un zona inundada frente a Massamagrell.

Cataluña: Fragmentación irreversible de ecosistemas

La ampliación del puerto de Barcelona y la construcción en el delta del Llobregat de grandes infraestructuras logísticas están consumiendo territorio a marchas forzadas, de forma irreversible y con impactos ambientales y de fragmentación de ecosistemas prácticamente irresolubles, señala el informe de Greenpeace y el Observatorio. En Girona se han producido "indultos" en urbanizaciones como Empuriabrava (Alto Ampurdán), un lujoso complejo para el que se construyó un puerto interior que permitía amarrar yates en los patios traseros de los chalés, según el estudio. La primera línea de viviendas ocupa el dominio público marítimo terrestre. La salida al mar de los amarres se realiza a través de un paso que interrumpe el tránsito en costa pública. Tarragona se caracteriza, según el informe, por un modelo turístico "de bajo nivel adquisitivo y fuerte impacto sobre la calidad de vida de los habitantes". A juicio de Greenpeace, la estación del AVE de Tarragona "no se diseñó para dar servicio a la ciudad, sino a un grupo de urbanizaciones de lujo".

Con la primera línea de la costa de Barcelona prácticamente ocupada, la presión urbanística se ha dirigido hacia zonas algo más alejadas, alertan los autores del informe. Una de sus principales advertencias afecta al área de Cap de Creus, en Girona, y al área tarraconense adyacente al delta del Ebro. Se está potenciado el crecimiento de los núcleos de Peñíscola, Vinaròs y Benircarló, según el informe.

Región de Murcia: El "lamentable ejemplo" de la Manga

Protección a toda costa considera la Manga del Mar Menor como "uno de los más lamentables ejemplos de urbanismo descontrolado del Mediterráneo, ya que concentró una desmesurada capacidad hotelera y residencial en una barra de arena de 24 kilómetros con una dinámica muy frágil". A esto se añade que en el Mar Menor desaguan los efluentes de una importante cuenca de agricultura intensiva. El resultado es que, si bien la calidad química de las aguas es teóricamente buena, los vertidos humanos y agrícolas están conduciendo a una grave acumulación de residuos en este pequeño y valioso mar interior. El "colapso", según los autores del informe, se produjo en el verano de 2016, cuando "las aguas perdieron la trasparencia y la calidad". A esto se añade la colmatación de la bahía de Portmán, que Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad consideran "entre los mayores puntos negros de todo el Mediterráneo". La explotación minera "tuvo como resultado la contaminación total de la bahía y del puerto de pescadores con los residuos de una mina", señala el informe. "Actualmente se trabaja en su recuperación con un presupuesto de al menos 32 millones de euros que salen del erario público y no de la empresa minera que causó el desastre", añade.

La presión urbanística afecta al municipio de Águilas. A ambos lados del núcleo central se observan nuevos desarrollos muy próximos a la línea costera. "Debiera evitarse que en el futuro se conforme una línea continua urbanizada en la línea costera", dice el informe, que se muestra contrario a que el Gobierno de Murcia asuma las competencias sobre política de costas con la reforma de su estatuto de autonomía. "Este hecho implicaría una mayor urbanización", anticipan Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad.

País Vasco: De la central de Lemóniz a Petronor

Pocos puntos negros en Gipuzkoa y Bizkaia. El principal "elefante blanco" de la costa de Bizkaia es la central de Lemóniz, señala el informe. Son abundantes las denuncias por contaminación en la playa de Muskiz, asociadas con la actividad que desarrolla Petronor, según los autores del estudio. Los dragados de la ría de Mundaka también originan problemas al ser realizados sin ningún soporte científico, apunta el informe.

La presión urbanística afecta al área entre Zarautz y Zumaia, donde hay espacios protegidos. Hay también un área bien definida que podría ver en el futuro crecimientos urbanos alrededor de Getaria. Eso en cuanto a Gipuzkoa. En Bizkaia el llamado Gran Bilbao crece en busca del núcleo de Plentzia hacia el noreste, al mismo tiempo que se crean nuevos núcleos en primera línea de costa en Sopelana y Barrika, donde se da una "casi completa ausencia de figuras de protección", apuntan Greenpeace y el Observatorio.

Galicia: El turismo y la ladrillo siguen empujando

Protección a toda costa cita como "puntos negros" coruñeses el ascensor panorámico del monte de San Pedro, un fiasco hotelero en Sada y el nuevo puerto exterior de A Coruña en Punta Langosteira, un "obra sobredimensionada que ha sufrido continuos retrasos y sobrecostes", según los autores del informe. Esta última obra, colindante con el puerto de Ferrol, está cerca en términos de tráfico marítimo de otros puertos en Asturias, Cantabria o País Vasco con "mejores infraestructuras terrestres" para el transporte posterior de las mercancías, por lo que Greenpeace y el Observatorio de Sostenibilidad no tienen "nada clara su razón de ser". Los "elefantes blancos" de la provincia de Pontevedra son la planta de celulosa de Lourizán, cercana a su vez del puerto de Marín, donde se realizaron rellenos para ganar terreno al mar, y un área de construcciones "amnistiada" en Moaña.

¿Dónde se concentra la presión urbanística? La ría de Arousa viene experimentando importantes desarrollos urbanos, tanto en A Coruña como en Pontevedra. La relativa cercanía a las Rías Baixas y a Santiago, así como las infraestructuras de comunicación, hacen que sea un sector más codiciado que Costa da Morte, según el informe. Está además menos saturado que el entorno de las Rías Altas. El informe señala "áreas de urbanización reciente" entre la desembocadura del Ulla y A Pobra do Caramiñal. En la provincia de Lugo, la elevada calidad ambiental y paisajística que ofrecen la ría de Foz y la playa de As Catedrais ha incrementado el urbanismo turístico y residencial en el tramo de costa que separa ambos espacios protegidos, recoge el informe. "El crecimiento urbano en primera línea del litoral ha resultado desmedido y, en buena parte, ilegal", añade. En cuanto a Pontevedra, los núcleos urbanos de Vigo y del sur de la provincia del Morrazo no han parado de crecer desde 1987.

Islas Baleares: Fuerte presión en un archipiélago protegido

El informe es parco en "puntos negros", pero prolijo al recoger áreas amenazadas. Es de las comunidades menos afectadas por los "elefantes blancos", según el análisis de Protección a toda costa, que sí hace referencia a una apreciable "artificialización" de amplias zonas de costa. En Menorca los núcleos urbanos principales —Mahón y Ciutadella de Menorca— han crecido "de forma irregular" hacia el interior en el periodo 1987-2011, señala el informe, que apunta a un relativo equilibro en la isla de Mallorca.

La presión urbanística afecta a todo el archipiélago. En Ibiza los crecimientos urbanos desde 1987 se han producido alrededor de los núcleos de Ibiza y Santa Eulària des Riu (costa sur) y Sant Antoni de Pormany (extremo occidental). "Los crecimientos urbanos se han producido alrededor de estos núcleos preexistentes y no se identifican desarrollos urbanos significativos desconectados de ellos", admite el informe, que señala dos "zonas de especial riesgo": el tramo costero situado justo al oeste del aeropuerto —donde no hay figuras de protección ni en la fase terrestre ni en la marina— y la zona oeste de la isla, donde se están iniciando varias urbanizaciones.

Formentera se encuentra amenazada por entero, según el informe, porque la ley de costas exime a toda la isla del respeto estricto del dominio público marítimo terrestre, lo que constituye "una invitación a la urbanización en toda regla". En la isla de Mallorca el empuje del ladrillo se vuelca en la bahía de Palma y el extremo nororiental —bahías de Pollensa y Alcudia—. También en la costa sudoriental. Greenpeace y el Observatorio destacan que "la costa de Tramuntana se ha mantenido bastante libre de transformación" por su protección legal. Sin embargo, al lado contrario de la isla, la costa sudoriental tiene un menor grado de protección y cuenta con bastante espacio disponible en primera línea costera. "Este hecho obliga a considerarla zona caliente, al igual que el tramo en la bahía de Alcudia entre Can Picafort y Son Serra de Marina", recoge el informe.

Canarias: El impacto de una reforma portuaria

En Las Palmas, las esculturas "megalómanas" destinadas a "vaciar gran parte de la montaña de Tindaya, que acumula distintas figuras de protección y catalogación", constituyen un "punto negro". "Aunque el proyecto lleva varios años olvidado, el actual Gobierno canario ha decidido volver a promoverlo y ha creado una fundación privada", advierte el informe, que también critica el conocido como "plan parcial Costa Papagayo", que dedica un 69% de suelo a uso turístico y solo un 3% a equipamientos. La urbanización "ilegal" de Majanicho en el extremo norte de Fuerteventura, con sentencia de demolición del Tribunal Supremo, podría encontrar relevo en "la construcción de un resort por parte de un grupo de capital francés", advierte el informe. En Santa Cruz de Tenerife, Protección a toda costa considera "discutible la necesidad del puerto de Granadilla". "Se trata de una obra con un extraordinario e inasumible impacto económico, social y ambiental, tanto por el daño sobre las comunidades de sebadales [praderas submarinas] como por la fragmentación de la isla", señala el informe.

La presión urbanística provoca la aparición de "nuevas áreas artificiales en la costa este de Fuerteventura, al norte o al sur de Puerto del Rosario", señala el informe, que añade: "Todavía quedan huecos en esta zona, por lo que es importante evitar la completa saturación". En Tenerife, ante la saturación de la costa norte, la atención de la industria turística "se está volviendo hacia el sur y de momento ya ha colonizado con intensidad la costa sudoeste", señala. "Hay que evitar la formación de un cordón entre Santa Cruz y dicho extremo suroccidental, algo que se puede ver muy favorecido por la conexión de los dos aeropuertos por autovía", según Greenpeace y el Observatorio.

Asturias: La tentación del tramo entre Luanco y Gijón

Greenpeace y el Observatorio ponen el foco en puntos negros como la ampliación del puerto de El Musel, realizado "sin que el tráfico marítimo lo justificara" y con sobrecostes de "más de 200 millones". En cuanto a la planta regasificadora de Enagas, también censurada judicialmente, se encuentra sin uso, señala el informe, "al estar demasiado cerca de una zona habitada".

La única zona no protegida del tramo Avilés-Gijón se encuentra entre Luanco y Gijón. Y está bajo presión urbanística. "En todos los núcleos urbanos de esta zona se observa crecimiento, aunque de momento no sobre la línea costera", señala el informe.

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Cantabria: Una demolición infrecuente

Greenpeace y el Observatorio consideran "puntos negros" de "alto impacto y ninguna sostenibilidad" el campo de golf de Oyambre —construido en un valioso sistema de dunas—, un puerto sin demanda en Laredo, la depuradora en costa pública de Vuelta Ostrera, que se enfrenta a una posible demolición... Mención aparte hace el informe de la urbanización del Alto del Cuco en Piélagos, que llevó a una sentencia que consideró ilegal la modificación del planeamiento urbanístico que la legalizó. "Es el primer caso en España en el que se ejecuta un derribo por orden judicial en un caso de corrupción urbanística de este tipo. El coste de la demolición asciende a 3,7 millones de euros y corre a cargo del Gobierno autonómico", señala el informe, que añade. "Desgraciadamente, se han construido chalés un poco más abajo". Según Greenpeace y el Observatorio, habría que derribar "unas 700 urbanizaciones por toda Cantabria". Sólo Argoños, un municipio en el entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña con 1.711 habitantes, acumula 255 sentencias de derribo, según el informe.

En cuanto a la presión urbanística expansiva, el informe señala que afecta al conjunto del litoral. "La proximidad de Bilbao y la alta calidad ambiental de este tramo de costa la han convertido en un objetivo para la urbanización de segunda residencia. Eso ha originado grandes problemas en el pasado, especialmente en la marisma de Santoña. Actualmente, en el extremo occidental de esta zona, la urbanización del entorno está afectando seriamente a la estabilidad de las arenas del Puntal de Laredo", señala el estudio.

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