Podemos

La acusación de 'caja b' de Podemos se queda en nada, pero no evita a Iglesias un otoño caliente en los tribunales

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias en el congreso de Vistalegre II.

Se avecina un otoño caliente para Podemos en los tribunales. Uno de los partidos que sustenta al Gobierno de coalición tiene por delante unos meses en los que se la juega en el ámbito judicial por el procedimiento que tiene abierto en un juzgado de Madrid que pone en duda su financiación y los que están en manos del Tribunal Supremo que afectan directamente a dos de dirigentes, uno de ellos el vicepresidente Pablo Iglesias.

La causa que abrió el verano pasado el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, a raíz de una denuncia presentada por José Manuel Calvente, abogado despedido de la formación morada hace casi un año entre sospechas de acoso sexual y laboral a una compañera, avanza a medida que el magistrado va recibiendo los resultados de las numerosas diligencias que encargó tras la imputación del partido como persona jurídica.

La denuncia de Calvente, que presentó ante la Guardia Civil en Barcelona pero que se trasladó a Madrid por ser la sede social de Podemos, incluía delitos de todo tipo como financiación irregular, administración desleal, malversación, falsedad documental o electoral y se ponía el foco en posibles irregularidades en los contratos del partido con las consultoras Neurona y ABD Europa LDA para las elecciones generales de abril de 2019, la reforma de la sede por el sobrecoste reflejado en las cuentas, sobresueldos y la utilización de la denominada caja de solidaridad que gestiona el secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral.

Tras oír en declaración a Calvente, y aparte de la documentación que requirió a partido, empresas y Tribunal de Cuentas –este último en relación con los pagos efectuados el año pasado por Podemos–, el juez también dio un paso más al imputar a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero y la gerente del partido, Daniel de Frutos y Rocío Esther Val, respectivamente. También ha citado a declarar al arquitecto y responsables de empresas subcontratadas para la obra de la sede. Todos ellos pasarán por el juzgado a lo largo del mes de noviembre.

ADB Europa y caja de solidaridad, descartados

Todo esto ocurrió en mitad del verano y poco a poco el instructor ha ido clarificando la causa y centrando sus pesquisas mientras ha ido descartando algunas vías de investigación a medida que ha contado con más información. Es el caso de ABD Europa LDA y la caja de solidaridad, sospechas a las que ha dado carpetazo al no encontrar ningún indicio que pueda hacer intuir alguna actividad delictiva. En el primer caso, Escalonilla concluyó a mediados de octubre la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que los contratos encargados con esta empresa fueran “simulados”, ya que constató que el Tribunal de Cuentas había fiscalizado los gastos. Sin embargo, mantiene abiertas sus indagaciones con respecto a Neurona.

Algo parecido a las conclusiones sacadas sobre ABD ha ocurrido con la caja de solidaridad, una especie de fondo que Podemos destina a fines sociales. El juez investigaba sobre la petición de 50.000 euros que hizo la asociación #404 Comunicación Popular y aunque no ha podido confirmar si la solicitud se autorizó, pues el partido no ha entregado ningún documento al respecto, sí ha determinado que la formación realizó tres transferencias de 10.000 euros a la entidad, la cual a su vez está integrada en su mayoría por miembros de Podemos.

Para el magistrado, “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido" y nada de lo investigado "resulta indiciariamente expositivo de una presunta administración desleal del numerario del fondo de solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral". Tampoco existe, para el instructor, “ningún indicio” de que la entidad “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”. Se descarta así un delito de administración desleal.

El criterio aquí, por tanto, coincide con el de la Fiscalía de Madrid. Y de igual modo están de acuerdo en que las pesquisas sobre el contrato con Neurona, cuantificado en 363.000 euros, deben continuar. Para Escalonilla, en este caso sí "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, en base al contrato formalizado con el partido político Podemos en fecha 6 de mayo de 2019 no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".

Por estas conclusiones iniciales, el instructor ve posible delito electoral, un ilícito que no puede ser imputable a Podemos como persona jurídica, ya que, tal y como explica el auto del juez, sólo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como de las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales. Es por ello que Escalonilla ha citado en calidad de investigado por este asunto a Carlos García Ramos, quien ostentaba la condición de "administrador general con carácter mancomunado por la coalición electoral Unidas Podemos", constituida para las elecciones generales de abril de 2019. En la cuenta electoral de la coalición es donde se registran "res transferencias bancarias para el pago del precio del contrato a Neurona Comunidad S.L.".

García Ramos era el administrador de la coalición en representación de Izquierda Unida (IU), mientras que el tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, ejercía estas funciones parte del partido morado. De Frutos ya era uno de los imputados desde el verano y está citado a declarar el próximo 20 de noviembre.

Dentro de esta vía de investigación sobre la relación Unidas Podemos-Neurona, el magistrado de Madrid ya encargó en sus primeras diligencias al Registro Mercantil Central que informara sobre las sociedades en cuyos órganos de administración se encuentre Juan Carlos Monedero, aunque el fundador  y exdirigente de la formación morada no ha sido citado a declarar ni como investigado ni como testigo.

El partido sigue investigado

En línea con las conclusiones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, la Fiscalía de Madrid entiende que no estaríamos ante un delito de financiación irregular, sino de falsedad documental e ilícito electoral. Y aunque no se pueda atribuir estas conductas a Podemos como persona jurídica, está de acuerdo en continuar atribuyendo al partido la condición de investigado para que el proceso le resulte "más garantista" al poder así tener acceso a todas las diligencias que se practiquen, pues la causa no está bajo secreto. "Le permite tomar conocimiento de la investigación y garantiza que si del resultado de las diligencias existen más indicios de la financiación, pueda defenderse y proponer diligencias”, explica el Ministerio Público.

Aparte del contrato con la consultora, queda abierta en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid las pesquisas sobre las obras de la nueva sede de Podemos en la capital, tanto la adjudicación como la ejecución de las mismas. Calvente expuso en su denuncia posibles irregularidades porque, según su versión, la reforma comenzó semanas antes de que se adjudicase oficialmente el contrato. También quedan pendientes pesquisas sobre los "sobresueldos" que el abogado dijo haber detectado en las nóminas de Daniel de Frutos y Rocío Val, tesorero y gerente del partido, respectivamente, así como los gastos "ajenos al desempeño de sus funciones".

Así es como se encuentra el estado de la causa que investiga a Podemos, una causa en la que José Manuel Calvente no está personado a pesar de ser el denunciante inicial. Quien sí ha solicitado personarse es la exsenadora de la formación morada Celia Cánovas en calidad de perjudicada. Y nada más abrirse las diligencias, Vox no dudó en personarse como acusación popular, lo mismo que el Movimiento de Regeneración Política de España, una organización que, según su página web, aboga por cambios que "supongan la sustitución de la actual partitocracia", la desaparición de los partidos políticos y una "democracia real" que otorgue más "poder" a los ciudadanos con la elección directa de sus representantes en el Parlamento.

Iglesias y Rodríguez, en el Supremo por su aforamiento

El segundo frente judicial que se le ha abierto a Podemos está también en Madrid, a sólo cinco kilómetros de los Juzgados de Plaza de Castilla donde se instruye la causa por posibles irregularidades contables. En el Tribunal Supremo, dos de los máximos dirigentes del partido morado, Pablo Iglesias y Alberto Rodríguez, se enfrentan a dos peticiones de investigación que aún están pendientes de decisión por parte de los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal). A día de hoy es el único tribunal que podría imputarles, ya que ambos gozan de condición de aforamiento.

Iglesias está pendiente del informe que la Fiscalía del alto tribunal tiene que elaborar para valorar si resulta o no oportuno abrir causa contra él por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón elevara exposición razonada pidiendo su imputación y la de otras cinco personas de Podemos en relación con el caso Dina, la pieza 10 del conocido como caso Villarejo que investiga el robo del teléfono móvil de la exasesora del partido Dina Bousselham y la posterior publicación de parte de su contenido en medios de comunicación. Archivos con capturas de pantalla de chats internos de la formación, fotos y vídeos aparecieron en el domicilio del comisario José Manuel Villarejo durante el registro acometido tras su detención.

García Castellón empezó a sospechar de Iglesias a principios del pasado verano tras averiguar que retuvo la tarjeta de Bousselham después de que él la recuperara de manos de los directores de la revista Interviú y tras saber que el soporte le fue devuelto a la exasesora dañado, pues ella nunca pudo acceder a su contenido. También cree que el vicepresidente quiso aprovehar el caso para obtener "rédito electoral" y presentarse como víctima de las cloacas a sabiendas de que Bousselham había hecho capturas de pantalla de algunos chats y los había reenviado a terceros, por lo que, a su juicio, la pista sobre la posible fuente de medios como Okdiario podía no ser Villarejo.

Para justificarlo, el instructor no se olvida de recordar que en la primavera de 2019 hubo elecciones generales. Para García Castellón, todo fue una “consciente y planificada actuación falsaria para simular una conexión” que ya ve “inexistente” entre el robo del teléfono y la publicación de las imágenes en el periódico digital. Sin embargo, este criterio no es compartido con la Fiscalía Anticorrupción, que ve como hipótesis más plausible que el comisario, que está cerca de cumplir tres años en prisión provisional, se la hiciera llegar a la prensa. Los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano tampoco ven viable imputar a Iglesias por daños informáticos, al no haberse determinado que fuera el líder de Podemos el que dañó la tarjeta, ni por quedarse con el soporte, ya que este delito requeriría de la denuncia de Bousselham, algo que no ha ocurrido.

Una vez informe el Ministerio Público, serán los magistrados de la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena a la cabeza, los que decidan si hay motivos para abrir causa contra el vicepresidente, que ve "inconcebible" su imputación.

El procedimiento que afecta al diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, sí está más avanzada. La causa llegó al Supremo remitida por el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna (Tenerife), en virtud de un atestado instruido por la Policía de la localidad por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones en el curso de una protesta en 2014 contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral. Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos policías resultaron agredidos.

Rodríguez se habría estado entre un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como pancartazos y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo. El instructor del procedimiento, Antonio del Moral, citó al diputado el pasado 20 de octubre para que prestara declaración voluntaria sin necesidad de solicitar el suplicatorio al Congreso, pero la oferta fue declinada. Rodríguez admite que estuvo en la protesta, pero niega los delitos que se le imputan. La Sala está ahora a la espera de recibir del fiscal la valoración acerca de si se ha de pedir el suplicatorio, informe que previsiblemente se entregará la próxima semana.

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