Anticorrupción recurre el archivo para Figar y Victoria y pide procesarles por la presunta caja b del PP de Madrid
La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) la decisión del juez instructor de archivar la pieza número 9 de Púnica para los ex consejeros madrileños Lucía Figar y Salvador Victoria, reclamando que sean procesados por la presunta existencia de una caja b en el PP de Madrid con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el Ministerio Público ha impugnado parcialmente el auto dictado el pasado 14 de octubre por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, en el mismo sentido que plasmó en su informe final.
García Castellón determinó que los hechos relativos a los comicios de 2007 y 2008 estarían prescritos, pero vio indicios de delito en los de 2011, precisando que, aunque la cuenta electoral registró unos costes de 2,9 millones de euros -los declarados ante la Cámara de Cuentas-, los gastos totales que para el PP de Madrid supusieron las elecciones municipales y autonómicas ascendieron a 6,8 millones.
Por ello, procesó a ocho personas: el ex consejero Francisco Granados y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, a los que situó como máximos responsables de la presunta trama; así como a Alejandro de Pedro, Borja Sarasola, Diego Mora, Francisco Lobo, Isabel Gallego, José Martínez Nicolás y las empresas EICO Reputación Management y Madiva Editorial y Publicidad.
García Castellón apuntó a posibles delitos electorales, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsificación y cohecho.
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Al mismo tiempo, el magistrado archivó para los otros 71 imputados, entre ellos los ex presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González, así como para Figar, Victoria, Manuel Lamela, Juan José Güemes, Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid.
Además, rechazó la petición realizada por la acusación popular del PSOE de imputar al PP. El instructor razonó que, en primer lugar, sería "improcedente" porque los hechos no guardan relación con el partido nacional, sino, en todo caso, "con el ente territorial que goza de plena autonomía y autogestión para sus intereses". Y, en segundo lugar, porque sería una imputación "innecesaria e inútil", dado que los posibles delitos están prescritos.
El auto de procesamiento también ha sido recurrido por la acusación popular que ejerce el PSOE, que pide procesar también a Aguirre y González, y por Granados y Gutierrez, que reclaman que se les aplique el mismo baremo que a sus entonces superiores.
