Una asociación pide a la Fiscalía que actúe contra Díaz Ayuso por sugerir que se vetó derivar a hospitales ancianos de residencias

El reconocimiento tácito por Isabel Díaz Ayuso de que los hospitales rechazaron el ingreso de pacientes derivados de residencias de ancianos acaba de abrir un nuevo frente para la presidenta de Madrid. La Asociación Defensor del Paciente pidió a primera hora de la mañana al presidente del Tribunal Supremo la "investigación y depuración de responsabilidades" por supuesta omisión del deber de socorro. Más tarde, y por indicación de sus asesores jurídicos, la asociación envió también el mismo escrito a la Fiscalía General de Estado (FGE).

Impulsor de múltiples denuncias por las muertes en geriátricos, lo que ha desencadenado la nueva actuación del Defensor del Paciente es la respuesta de Díaz Ayuso en una entrevista de este domingo con el diario El Mundo sobre cómo la patronal del sector se ha lamentado de que durante el pico de la pandemia "no se aceptaron hospitalizaciones de internos". La jefa del Ejecutivo madrileño contestó así: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".

En su correo al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, la asociación Defensor del Paciente describe así su posición: "La inhumana declaración de la señora Ayuso es simplemente admitir que ha habido omisión del deber de socorro dando por hecho que iban a morir a pesar de desconocer la respuesta de los ancianos a un tratamiento digno y hospitalario". En su escrito, Defensor del Paciente se pregunta por qué sostiene que no va a cuestionar lo sucedido "a toro pasado" y algo más de relevancia: "¿Cuántos han podido fallecer sin llevarlo al hospital, sin darles la oportunidad de ingresar a la UCI por ese peculiar "criterio"? "En todo caso –añade el texto– debieran decidirlo los familiares y/o el paciente no estamos decididos a que nuestros seres queridos se lo jueguen a cara o cruz".

Semanas atrás, fuentes empresariales de los grupos Vitalia y Orpea ya aseguraron en declaraciones a infoLibre que los hospitales habían vetado la derivación de pacientes de covid-19 procedentes de geriátricos. El potavoz de Vitalia con quien habló este periódico llegó a pronunciarme en estos términos: "El 18 de marzo fue el último día que nos permitieron derivar a hospitales un solo paciente, y eso lo tenemos por escrito". 

Querella en bloque 

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En primer término, la asociación se dirigió directamente al alto tribunal y no a la Fiscalía General de Estado (FGE). De modo habitual, es la Fiscalía la encargada de abrir una investigación salvo que los denunciantes interpongan una querella en lugar de una simple denuncia en la que, a priori, no hay particulares personados.

Y exactamente eso, una querella por homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio, es lo que esta misma mañana de lunes harán familiares de residentes agrupados en el colectivo denominado Marea de Residencias. Los querellantes serán 26. Y su denuncia se dirige contra los directores de 10 gerátricos pero también contra Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. 

La querella pondrá en manos de la justicia lo ocurrido en una decena de residencias, todas ellas situadas en la ciudad de Madrid: Domus Vi Mirasierra y DomusVi Usera, Aralia Ensanche de Vallecas y Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde y Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y AMAVIR Ciudad Lineal. Solo dos de estas residencias, la de Usera y la de Isabel La Católica, forman parte de los 14 centros intervenidos por Madrid debido a un "incremento no esperado de fallecimientos", en las que 645 usuarios han muerto desde que comenzó la pandemia.