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Investigación

Avalmadrid renunció a recuperar el dinero prestado a la empresa del padre de Ayuso al no ejecutar los avales de los accionistas

La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Cuando un banco o una entidad pública conceden un préstamo exigen garantías y avales para asegurarse la devolución del dinero. Y, si se produce el impago, ejecutan dichas garantías. No hacerlo supone renunciar de hecho a recuperar lo prestado. Pues bien, esto último es lo que hizo Avalmadrid, que no ejecutó los avales solidarios firmados en 2011 por los ocho accionistas de la sociedad MC Infortécnica SL para garantizar un préstamo de 400.000 euros. Dos de esos accionistas eran los padres de Isabel Díaz Ayuso, ahora candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid y entonces asesora en el Gobierno de Esperanza Aguirre.

Casi ocho años después de que MC Infortécnica SL incumpliese su obligación de devolver el dinero, la entidad semipública no ha recuperado los 400.000 euros y tampoco ha embargado ninguna de las 12 propiedades personales de los avalistas que figuraban en el expediente de concesión del préstamo, de acuerdo con la documentación que obra en poder de infoLibre. Este periódico preguntó a Avalmadrid por qué no se habían ejecutado los bienes de los avalistas de la empresa de los padres de Ayuso. La respuesta de una portavoz oficial fue que no iban a dar “ninguna explicación” sobre dicho préstamo. Avalmadrid es una entidad semipública en la que el Gobierno autonómico tiene en torno al 30% del capital. La dirigente del PP tampoco realiza declaraciones porque sostiene que siempre "ha estado totalmente al margen de la actividad empresarial de su familia”.

MC Infortécnica SL era una sociedad dedicada a desarrollar tecnologías para el mercado sanitario. En 2010 había tenido unos ingresos de 6,8 millones de euros. Formaba parte de un grupo empresarial compuesto por nueve sociedades, incluyendo la matriz, denominada Grupo MC Infortécnica Medical Hamilton SL. Sus propietarios eran cuatro matrimonios, cada uno de ellos dueño del 25%. Una de esas parejas eran Leonardo Díaz Álvarez e Isabel Ayuso Puente, los padres de la dirigente del PP.

El préstamo se formalizó el 15 de marzo de 2011 y tenía una garantía hipotecaria –una nave industrial en el municipio de Sotillo de la Adrada (Ávila), propiedad del padre de Ayuso– y el aval solidario de los ocho accionistas de MC Infortécnica SL. Ese aval solidario obliga a responder de la devolución del préstamo con todos los bienes presentes y futuros que tengan los avalistas. Y el acreedor puede dirigirse contra cualquiera de ellos, ya que cada uno responde por el total de la deuda.

La empresa debía devolver los 400.000 euros en tres años. El primer pago estaba fijado para el 15 de diciembre de 2011, por un importe de 100.000 euros de principal y 3.292 de intereses. No pagó un céntimo ni ese día, ni nunca. Avalmadrid inició en 2013 el procedimiento de ejecución sobre el único bien que contaba con garantía hipotecaria: la nave industrial en el municipio abulense de Sotillo de la Adrada, que había sido tasada antes de la concesión del préstamo en 213.596 euros, aunque la sociedad tasadora dejó claro en su informe que parte del inmueble podía ser derribado al incumplir la normativa urbanística. En junio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Arenas de San Pedro adjudicó a Avalmadrid la nave por la suma de 272.000 euros y cifró en 261.973 euros la deuda pendiente entonces de saldar por MC Infortécnica SL. Una cantidad que sigue creciendo por los intereses de demora.

La única forma de recuperar ese dinero por parte de Avalmadrid habría sido ejecutando en su día los bienes de los ocho avalistas solidarios. Pero no lo hizo. Y la absoluta pasividad de la entidad semipública tiene como consecuencia que ahora sea prácticamente imposible conseguir la devolución del préstamo porque todas esas propiedades o ya han sido embargadas por otros acreedores o salieron del patrimonio de los avalistas en operaciones sospechosas de alzamiento de bienes.

Veamos con detalle, de acuerdo con los documentos en poder de infoLibre, cuáles eran esas 12 propiedades de los accionistas de MC Infortécnica SL que constan en el expediente de concesión del préstamo y qué ha ocurrido con ellas.

El patrimonio de los Díaz-Ayuso

A la hora de solicitar el préstamo de Avalmadrid, los ocho socios de MC Infortécnica SL justificaron su solvencia con un patrimonio que incluía 13 propiedades valoradas en 3.272.000 euros, según el cálculo aportado por ellos mismos y que figura en el expediente de concesión del préstamo. 300.000 euros correspondían a la nave industrial hipotecada y los 2,97 millones restantes a los otros 12 bienes. En concreto, se trataba de 3 viviendas, 3 pisos, 2 áticos, 3 plazas de garaje y 1 nave repartidos por Madrid, Alicante, A Coruña y Ávila.

El matrimonio Díaz-Ayuso era el que declaraba un mayor patrimonio: 1.141.000 euros. Además de los 300.000 euros de la nave hipotecada –propiedad al 100% de Leonardo Díaz–, en la relación de bienes figuran un piso en el centro de Madrid (valorado en 480.000 euros), una vivienda en Sotillo de la Adrada (61.000) y otra nave en ese municipio abulense (300.000 euros).

¿Qué ocurrió con esos bienes? Tal y como desveló infoLibre, la nuda propiedad del piso en el barrio madrileño de Chamberí fue donada a Isabel Díaz Ayuso por sus padres el 7 de octubre de 2011, pocas semanas antes de que venciese el primer plazo para la devolución del préstamo de Avalmadrid. Dos días antes, el padre había dimitido como administrador mancomunado de la matriz del grupo empresarial. El usufructo del inmueble lo mantiene en la actualidad la madre de la dirigente del PP (el padre falleció en 2014). Entre las cargas de la finca figuran dos embargos sobre el usufructo de Isabel Ayuso Puente: el primero fue anotado el 26 de junio de 2013 en favor del Banco Popular, mientras que el segundo se anotó el 4 de febrero de 2014 a favor del Banco Grupo Cajatres. Ambos embargos eran por un plazo de cuatro años y fueron prorrogados al cumplirse la fecha por el mismo periodo.

El mismo día, 7 de octubre de 2011, salió del patrimonio de los Díaz-Ayuso otro bien: la vivienda unifamiliar en Sotillo de la Adrada. Se trata de un chalé de 212 metros construido sobre un terreno de 700 metros cuadrados. Y se lo donaron a su otro hijo, Tomás. Esta finca jamás fue embargada por nadie y, en abril de 2018, Tomás Díaz Ayuso la hipotecó para obtener un préstamo de 46.750 euros de principal por parte de Caja Rural de Castilla-La Mancha.

El cuarto bien que figura en el expediente de concesión del préstamo, otra nave industrial en Sotillo de la Adrada propiedad al 50% de Leonardo Díaz, también desapareció de su patrimonio antes de febrero de 2012, cuando la cúpula de Avalmadrid analizó por primera vez el impago y elaboró un documento con los bienes que tenían los avalistas.

En definitiva, la totalidad de los bienes que el matrimonio Díaz-Ayuso había utilizado ante Avalmadrid para justificar su solvencia en marzo de 2011 ya no estaban en su patrimonio en febrero de 2012. Sólo quedaba el usufructo sobre el piso del centro de Madrid.

Pese a tener todos estos datos desde un primer momento, los dirigentes de Avalmadrid no hicieron nada para evitar la descapitalización de los avalistas. Notarios y abogados consultados por este periódico explican que la entidad pública tenía dos opciones en relación con el traspaso de su propiedad: denunciar la donación a Isabel Díaz Ayuso y a su hermano por la vía penal, por si era constitutiva de un delito de alzamiento de bienes, o actuar por la vía civil al entender que el contrato de donación se había celebrado en fraude de acreedores, lo que obligaba a su rescisión. Pero no hicieron ni una cosa ni otra.

En cuanto al usufructo del piso de Madrid, lo único que quedaba en el patrimonio del matrimonio avalista, Avalmadrid debería haber presentado un embargo. Desde el primer impago hasta que el Banco Popular se inscribió como primer embargante de dicho usufructo transcurrieron 18 meses, en los que la entidad pública tuvo tiempo para ejecutar su derecho. Tampoco lo hizo.

Los otros bienes

El segundo matrimonio de avalistas con mayor solvencia cuando Avalmadrid concedió el préstamo era el formado por Juan Carlos Herrero Casasola y María Victoria Fernández Moyano, que valoraron en 891.000 euros su patrimonio, integrado por una vivienda unifamiliar en el municipio madrileño de Villanueva de la Cañada (671.000 euros) y dos áticos en la localidad coruñesa de Oleiros (220.000).

Ninguno de estos inmuebles fue embargado jamás por Avalmadrid. Y el más valioso, el chalé de 291 metros sobre un terreno de 1.556 metros cuadrados en la urbanización Villafranca del Castillo, tampoco forma ya parte del patrimonio de los avalistas. En febrero de 2018 pasó a ser propiedad de Aliseda SAU, una filial inmobiliaria del Grupo Santander.

El matrimonio formado por José Luis Santos Marcelino Santamaría y María Victoria Suñer Cordero valoraba su patrimonio en 2011 en 640.000 euros. Estaba compuesto por un piso en Villanueva de la Cañada (377.000 euros), otro en la localidad alicantina de El Campello (218.000 euros), los respectivos garajes de ambos inmuebles (27.000 euros) y otra plaza de aparcamiento en Alcorcón (18.000 euros).

Este matrimonio también ha sufrido diversos embargos de sus bienes, aunque ninguno de Avalmadrid. La propiedad más importante, el piso de 144 metros cuadrados en Villanueva de la Cañada, tiene en la actualidad tres embargos judiciales: el primero del Banco Popular (anotado el 25 de febrero de 2014), el segundo del Instituto de Crédito Oficial (anotado un día después) y el tercero del Banco Mare Nostrum (12 de diciembre de 2014).

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La cuarta pareja de accionistas de MC Infortécnica SL, Juan Manuel Pitarch Divar y María del Carmen Angulo López-Cancio, declaró ante Avalmadrid un solo bien: un piso en Majadahonda que valoraron en 600.000 euros. Tiene una superficie de 131 metros cuadrados, está calificado como VPO (Vivienda de Protección Oficial) y se encuentra situado en la urbanización Las Huertas.

Este inmueble también ha sido objeto de una operación sospechosa a la vista de las circunstancias. El 26 de julio de 2012, el matrimonio constituyó la sociedad limitada Las Pantorgas –nombre de la isla que hay en Tapia de Casariego (Asturias), localidad a la que está vinculada la esposa– y ese mismo día le transmitió la vivienda de Majadahonda como aportación social. Es decir, cuando ya habían dejado de pagar el préstamo de Avalmadrid, traspasaron la titularidad del inmueble con el que habían justificado su solvencia ante la entidad semipública. Pero en realidad se lo traspasaron a una sociedad controlada por ellos mismos: Pitarch –fallecido en 2012– figura aún como administrador único y Angulo como apoderada. Este periódico intentó, sin éxito, conocer la versión del matrimonio sobre dicha operación, cuyo objetivo aparente era enmascarar la titularidad del inmueble.

Sobre el inmueble pesan tres hipotecas: la primera a favor del Banco Pastor, para responder de un préstamo de 390.000 euros, y las otras dos a favor del Banco Popular, tras recibir dos préstamos de 40.000 y 25.000 euros. La última de esas hipotecas se constituyó en favor del Popular el 21 de septiembre de 2011 en garantía de los 25.000 euros que recibió la compañía Hamilton Medical España SA, una de las que forman parte del grupo empresarial MC. Ambas entidades financieras han iniciado un procedimiento de ejecución hipotecaria ante los Juzgados de Majadahonda y de Móstoles, respectivamente.

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