Caja Madrid

El Banco de España transmitió a Rato su "perplejidad" por un plan de incentivos que no respondía a la "situación real"

Rodrigo Rato y Miguel Blesa en el banquillo de los acusados de las tarjetas 'black'.

El inspector jefe del Banco de España en Caja Madrid en diciembre de 2010, Pedro Comín, transmitió a la entidad presidida por Rodrigo Rato su "perplejidad" por la forma en la que la entidad financiera calculaba el grado de cumplimiento de los incentivos aprobados por el anterior presidente de la entidad, Miguel Blesa, y que permitían que la anterior cúpula percibiera un bonus de 25 millones de euros.

Según un correo electrónico enviado por el propio Pedro Comín al entonces interventor general de Caja Madrid, Antonio Román González, y al que ha tenido acceso infoLibre dentro del sumario del caso Bankia, el inspector indica: "La perplejidad del equipo de seguimiento con la fórmula de cálculo del cumplimiento de ciertos parámetros de los incentivos, que creemos que no se corresponde, ni con la situación real de la entidad, ni con lo manifestado en la reunión del 15 de noviembre en Cibeles".

En concreto, el equipo del anterior presidente, Miguel Blesa, había aprobado unos incentivos a largo plazo por el que el equipo directivo pasaba a tener derecho a cobrar un bonus de 25 millones de euros en enero de 2011, año en el que Caja Madrid se fusionó con Bancaja y otras cinco entidades financieras de menor tamaño para crear Bankia.

En su correo electrónico, el inspector del Banco de España reprocha a Rato que utilice el volumen de negocios de todas las cajas, y no sólo el de Caja Madrid, "para el cálculo del incremento de negocio en Caja Madrid, lo que no tiene lógica económica ni contable", según especifica el correo electrónico remitido por Pedro Comín al interventor de la entidad financiera el 22 de diciembre de 2010.

La realidad es "tozuda"

Pero los reproches del supervisor no acaban en la contabilidad de las cuentas para permitir el cobro a Blesa y su equipo directivo de los 25 millones de euros del bonus, sino que Pedro Comín también recrimina al interventor de la caja presidida por Rodrigo Rato que utilizara los fondos del rescate público para aumentar los beneficios, y así justificar el sobresueldo: "En el cálculo de la retribución variable de 2009 se utiliza una cifra de beneficios antes de impuestos corregida de algunos saneamientos que se atribuyen al Banco de España. Les recordamos que la necesidad de la provisión se deriva de la realidad -normalmente tozuda- por la que atraviesa la entidad".

El correo electrónico también muestra el malestar de Pedro Comín por el hecho de que la entidad financiera no se hubiera reunido en esas fechas con el equipo de inspección de Caja Madrid: "Me hubiera gustado transmitiros personal y verbalmente esta información poniéndola en contexto, pero parece que no ha sido posible concertar una reunión", espetó en su mensaje.

El correo electrónico, que fue enviado por el inspector del Banco de España al interventor de Caja Madrid, Antonio Román González, a las 11:53 horas del 22 de diciembre de 2010, fue contestado apenas unos minutos después, a las 12:09 por su interlocutor: "Espero perdonéis no haber tenido la reunión, pero estamos a 9 días de cerrar el proceso de integración y estamos al 120 por ciento", replicó el directivo de la entidad financiera madrileña.

La Caja no comparte los comentarios

A su vez, Antonio Román González restó importancia a las críticas del supervisor: "Por cierto, desde hace tres años venimos recurrentemente informando al equipo de inspección que este es un plan que se mide al 31 de diciembre de 2010, ni antes ni después, y lo que nos habéis pedido es una estimación, así que de momento no puedo compartir tus comentarios".

Sin embargo, el 14 de febrero de 2011 el consejo de administración de Caja Madrid cambió de criterio, y aprobó no reconocer el derecho de cobro del Plan de Incentivos a Largo Plazo. Esta decisión se adoptó, según la entidad, basándose en dos puntos: la percepción de fondos públicos a través del FROB y la existencia de legislación europea.

Sin embargo, el ex secretario general de la caja Enrique de la Torre sí cobró una indemnización con motivo de la finalización de su relación de servicios con la entidad por importe de 4.806.702 euros, que fue documentado en un acuerdo de fecha 20 de julio de 2009 entre el propio De la Torre Martínez y el acusado Ildefonso Sánchez Barcoj: "En el cálculo de la indemnización se incluyeron por voluntad de los acusados importes por conceptos que no le correspondían, por lo que cobró un exceso de 2.888.992 euros".

De forma reciente, el fiscal de Anticorrupción Conrado Saiz solicitó cuatro años de prisión para Miguel BlesaMiguel Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010, como responsable del pago de sobresueldos al mismo tiempo que le acusa de un delito de administración desleal continuado.

Cuatro años de cárcel

Asimismo, señaló al también investigado en el caso de las tarjetas black como máximo responsable junto al que era por aquel entonces director financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj. Anticorrupción reclama la misma pena de cárcel para Barcoj, cuatro años, y que ambos abonen 8,5 millones en responsabilidades civiles.

Conrado Saiz presentó en el Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid su escrito de calificación por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos de Caja Madrid durante la época de Miguel Blesa como presidente.

Pero los nuevos correos electrónicos internos del Banco de España enviados al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, también muestran las críticas del supervisor a la información suministrada por Caja Madrid sobre retribuciones.

Actas "muy escuetas"

Y más en concreto, el inspector José Antonio Casaús Lara envió un mensaje a la entidad financiera el 29 de septiembre de 2010 en el que recriminó a los directivos que las actas de las diferentes comisión de retribuciones eran "muy escuetas". 

"Informan sobre las cuestiones que se han tratado pero en muchos casos ni se desarrolla la cuestión ni se comenta lo deliberado ni lo acordado. Resulta, pues, muy difícil seguir la política retributiva. Entendemos que al menos debería hacer referencia a los documentos presentados (y a quién los presenta) y aprobados para que pueda existir trazabilidad".

El inspector Casaús recuerda también que el reglamento establece que de las propuestas de la comisión de retribuciones "deberá dejarse constancia escrita, bastando para ello con la referencia que de los temas tratados y de las propuestas adoptadas se realice en el acta del órgano de gobierno al que se informe o someta". Pero el problema es, continúa Casaús, que en muchas ocasiones, en las actas de la comisión de retribuciones "no se indica a qué órgano de gobierno se está informando".

Como ejemplo de "lo escueto" de las actas, el inspector del Banco de España en Caja Madrid explica que "en muchas ocasiones sólo informa sobre las cuestiones que se han tratado pero no se desarrolla la cuestión ni se comenta lo deliberado ni lo acordado. Y en concreto, el acta de 22 de junio de 2009 "solo dice lo siguiente: Los miembros de la comisión llevaron a cabo un seguimiento de la situación en que se encuentran los planes retributivos de la alta dirección, prestando especial atención a los Incentivos a Largo Plazo".

En este sentido, el teniente fiscal, Alejandro Luzón, que ejerció la acusación del Ministerio Público en el juicio de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia, aseguró en la vista oral que en ningún momento en las actas de la comisión de retribuciones se informó de la existencia de las tarjetas opacas.

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