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El bloqueo de los órganos constitucionales

Los negociadores del CGPJ se reunirán en dos semanas y los conservadores evaluarán la propuesta de Bandrés

Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la dimisión de Carlos Lesmes.

Las conversaciones para la renovación del Constitucional echan a andar de nuevo en el seno del Consejo General del Poder Judicial. Una semana después de que las negociaciones judiciales entre PP y PSOE saltasen por los aires, los sectores progresista y conservador del órgano de gobierno de los jueces decidieron sentarse de nuevo frente a frente este jueves para intentar avanzar en la designación de los dos magistrados que les corresponden, nombramientos que ya llevan casi dos meses de retraso respecto a los plazos que se marcaron en la ley. El primer encuentro no fue más que una primera toma de contacto tras casi un mes sin reuniones de la comisión negociadora. "Seguimos negociando", resumen a infoLibre fuentes conocedoras de las conversaciones. Ambos equipos tienen previsto volver a reunirse a mediados de mes.

El encuentro celebrado a primera hora de la tarde ha servido para que los progresistas trasladasen oficialmente a su contraparte su apuesta por José Manuel Bandrés, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. Este magistrado, uno de los fundadores de Juezas y Jueces para la Democracia, se ha impuesto en la votación interna de este lunes a su compañero Pablo Lucas, responsable del control judicial sobre las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Los conservadores se han comprometido a estudiar esta candidatura de cara a la próxima reunión, que se ha fijado de forma presencial para el 16 de noviembre.

Los dos vocales que representan al bloque conservador –José Antonio Ballestero y Carmen Llombart–, que fueron los que desde el primer momento mantuvieron bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, no han puesto en la reunión ningún nombre sobre la mesa. "En los próximos días culminaremos la indagación de candidatos posibles por nuestra parte y efectuaremos la evaluación de idoneidad del suyo", apuntan desde este sector. Es más, fuentes conocedoras de estas conversaciones apuntan que se tratará de pulsar nuevamente a algún magistrado que en el pasado les dijo que no "ante la nueva situación".

Hasta ahora, además de Bandrés y Lucas, se habían barajado varios nombres. Así, han sonado tanto el del presidente interino del Supremo, Francisco Marín Castán, el magistrado al que Lesmes había señalado como su sucesor al frente del CGPJ –al final los vocales terminaron poniendo a Rafael Mozo–, como el del ex fiscal general del Estado Julián Sánchez Melgar, entre otros.

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Desde el sector conservador consideran "muy conveniente", y así aprovechan para trasladarlo tras la reunión, que se elabore "un comunicado conjunto" reclamando al Gobierno el "restablecimiento de las competencias constitucionales" del Consejo General del Poder Judicial mientras no se produzca su renovación. Algo en lo que llevan incidiendo en las últimas horas: "Se hace imprescindible (...) vista la magnitud de los perjuicios que está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia y la lesión del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva".

El último encuentro de la comisión negociadora fue el pasado 5 de octubre. Entonces, los contactos encallaron y los progresistas acordaron explorar "vías alternativas" para llevar a cabo la renovación. "A la vista de la situación, sin perspectiva de algún acuerdo inmediato, no imputable a los vocales que suscriben y de la que no nos hacemos responsables (...) hemos decidido dar cuenta al presidente del CGPJ de la falta de horizonte temporal y concreto de los trabajos de la comisión negociadora, e iniciar desde hoy mismo la exploración de otras vías alternativas", señalaron en un comunicado. Cuatro días después, el entonces presidente, Carlos Lesmes, anunció su dimisión.

Los nombramientos deben contar con el apoyo de al menos 11 de los 18 miembros del Pleno, por lo que un desbloqueo en la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional requiere del acuerdo de ambos grupos.

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