Caso Nóos

Camps reta al instructor: “¿Tengo que salir con un megáfono para que me encuentren?”

El expresident de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Lo que el sábado parecía un episodio chocante pero secundario dentro del caso Urdangarin alcanzó ayer por la tarde una dimensión de mayor gravedad. Horas después de que el juez José Castro aplazase la declaración escrita de Francisco Camps ante la imposibilidad de dar con él, el expresidente valenciano retó al magistrado al cuestionar que realmente hubiera intentado localizarlo. "¿Tengo que salir con un megáfono para que me encuentren?", se preguntó Camps tras remachar que había estado en su casa y con los teléfonos disponibles, informa Marisa Gallero.

Cuando Camps habló, el juez Castro y el fiscal Pedro Horrach ya habían abandonado Valencia camino de Palma, aseguran fuentes jurídicas. Pero, en cualquier caso, el oficio policial entregado al juez desmiente por completo esa versión. Y señala que la Policía no solo fue el sábado a su domicilio particular sino que efectuó "numerosas llamadas" e intentó, en última instancia, localizarlo a través de su escolta. Camps le había dado el día libre.

La versión del expresidente valenciano entra en flagrante contradicción con el relato escrito que la Policía ha entregado al magistrado. InfoLibre ha podido saber que el oficio policial aportado al juez José Castro detalla cómo el inspector encargado de localizar a Camps no solo se desplazó al domicilio particular del político -la “última ocasión”, el sábado a las 18.34 horas- sino que efectuó “numerosas llamadas” para encontrarlo.

El inspector llamó incluso a la jefatura de la unidad policial adscrita a la Comunidad Autónoma, en un intento final por encontrar al político a través de su escolta. Pero tampoco esas llamadas surtieron efecto: justamente el sábado, y así se lo verificó la unidad policial al inspector, Camps había prescindido de los servicios de su guardaespaldas.

Llamada desde el juzgado y mensaje urgente

Pero las del inspector de Policía no fueron las únicas gestiones telefónicas: fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que una funcionaria judicial marcó a las 13.36 horas del sábado el número de la línea móvil que, por iniciativa propia, había facilitado Camps al juzgado número 3 de Palma como vía de contacto directo. Camps dio ese número cuando supo que Castro había decidido tomarle declaración como testigo sobre los convenios que reportaron al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin 3,5 millones de euros procedentes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia.

A efectos de notificaciones, Camps había señalado la dirección del Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana, al que pertenece desde que en julio de 2011 dimitió como presidente de la Generalitat por el llamado caso de los trajes, una ramificación del caso Gürtel en cuyo juicio resultó absuelto.

Pero la Policía ni siquiera intentó localizarle en la sede del Consejo. Todo el mundo en Valencia sabe que el Consejo Consultivo cierra los fines de semana, así que las gestiones se encaminaron a localizarlo en su casa y por teléfono. Dado el rumbo tomado por los acontecimientos, no cabe descartar que el juez pida más datos a la Policía para averiguar cuántas visitas y en qué momentos exactos se hicieron al domicilio de Camps, así como cuántas llamadas y a qué números y personas se efectuaron para dar con el paradero de Francisco Camps, aunque este diario no ha podido verificar esa hipótesis.

Una declaración escrita pero sin asesores ni cuestionario público

Una vez conoció la citación, el hombre que gobernó Valencia durante ocho años, enarboló el privilegio que le asiste como expresidente: quería declarar por escrito.

Dado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula cómo deben efectuarse las declaraciones escritas, el juez decidió el sábado por la mañana, y a petición del fiscal Pedro Horrach, que Camps fuese citado para prestar esa declaración el día siguiente, domingo, en el sitio que eligiese pero en presencia de la secretaria del juzgado número 3 de Palma. El juez dictó una providencia y encargó a la Policía entregársela a Camps.

Esa fórmula buscaba garantizar que sería Camps quien respondiera, personalmente, con obligación de decir la verdad y sin asesoramiento legal, a un cuestionario cuyas preguntas solo iría conociendo a medida que se le fuesen formulando. El magistrado precisó en su providencia que Camps podía acudir al lugar elegido con alguien que transcribiese sus palabras a mano o en ordenador si así lo deseaba. Pero, en ningún caso, ese alguien podía sugerir, indicar o matizar nada de lo que el testigo escribiera o dictase. Podía acompañarlo cualquiera excepto un abogado.

Toda vez que el juez decidió ayer a media mañana aplazar la declaración de Camps hasta nueva fecha, todas las fuentes consultadas en el caso dan por hecho que el cuestionario a que deberá responder el expresidente pasa a ser ahora poco menos que secreto de Estado. 

De la entrada de Barberá a la desaparición de Camps

La desaparición transitoria del expresidente valenciano, que reapareció ante los medios a media tarde, cuando el juez y el fiscal ya habían abandonado la ciudad, fue el incidente más destacado que afrontó en Valencia la comitiva judicial encabezada por José Castro. Pero previamente hubo otros dos.

El viernes, primero de los dos días fijados por Castro para la tanda de declaraciones, un  exvicepresidente de la Generalitat, Gerardo Camps, se introdujo en la sede de los juzgados valencianos por una puerta secundaria, lo que le permitió esquivar a los periodistas. El sábado por la mañana, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, repitió la maniobra. Barberá, que negó haber celebrado un encuentro con Urdangarin en la Zarzuela pero admitió que ambos mantuvieron tres reuniones, ofreció una improvisada rueda de prensa antes de marcharse y, luego, enfiló hacia la puerta del juzgado de guardia.

En ambos casos, y nadie ha explicado aún por qué, la Policía -que escoltó a Gerardo Camps- y la Guardia Civil -que hizo lo mismo con Rita Barberá- les franquearon la entrada incumpliendo la orden expresa impartida por el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguera: que, exactamente como cualquier testigo o imputado, todos los que acudieran para prestar declaración por el caso Urdangarin debían acceder al edificio por la puerta principal. Es allí donde las cámaras montaban guardia. Y donde, el sábado, un grupo de yayoflautas y otro de trabajadores de Canal Nou aguardaron inútilmente la llegada de Barberá.

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