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Justicia

Carlos Castresana: “La transparencia es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española”

Carlos Castresana: "La transparencia es una de las asignaturas pendientes de la democracia española"

Carlos Castresana (Madrid, 1957) lleva en su ADN profesional la lucha contra la corrupción. El jurista madrileño fue una de las primeras piedras en la construcción de la Fiscalía Anticorrupción, donde ingresó en 1995, año de su creación. En el seno de la institución, el que fue además fiscal del Tribunal Supremo dirigió investigaciones tan relevantes como la que se abrió contra el fallecido alcalde de Marbella y presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil, por las irregularidades que cometió durante su mandato al frente del equipo deportivo.

Los logros de Castresana a lo largo de su carrera no se reducen únicamente al ámbito nacional. Su experiencia en Latinoamérica ha sentado precedentes en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad a nivel mundial. En septiembre de 2007, y hasta julio de 2010, se embarcó en la creación de la Comisión de Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde, en colaboración con el Gobierno del país y por encargo de la Secretaría General de la ONU, investigó y desmanteló algunos de los grupos criminales que habían conseguido penetrar en las instituciones guatemaltecas.

El apellido Castresana estuvo también en primera plana cuando en 1996 la asociación que entonces presidía, Unión Progresista de Fiscales, presentó la primera denuncia contra el dictador chileno Augusto Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.

El Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional España le han concedido el primer Premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción,que recibe este mismo miércoles en Madrid. infoLibre ha conversado con Carlos Castresana sobre su percepción respecto a la situación actual de la justicia española y sobre los pasos que han marcado su trayectoria profesional.

PREGUNTA. Una de las razones que motivan el premio que se le concede es la transparencia. ¿Cómo valora el grado de transparencia existente en los órganos judiciales de este país? ¿Son lo suficientemente cercanos a la población?RESPUESTA.

Los órganos judiciales no, y la administración pública general tampoco. Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española, porque la transparencia en la administración pública es signo de madurez democrática, y nosotros tenemos una democracia demasiado joven y no tenemos esa cultura de la rendición de cuentas. En países como los escandinavos toda la gestión de los organismos públicos es perfectamente accesible a los ciudadanos, y esa es la manera de prevenir la corrupción, porque perseguir y castigar todos y cada uno de los casos de corrupción es materialmente imposible, de modo que hay que evitar que se produzcan. Salvo aquello que por secreto de seguridad nacional o civil pueda estar restringido, el resto debería tener un nivel mucho mayor de transparencia de lo que tiene en España y por eso tenemos tantísimos problemas como los que estamos viviendo en relación con la corrupción.

P. ¿Cuál es la importancia de asociaciones como la Unión Progresista de Fiscales para mejorar la calidad de aspectos como la transparencia?R.

Eso es lo que articula a la sociedad civil. Aunque en este caso se trate de profesionales de una carrera dentro de la administración pública, la sociedad es la que tiene que vigilar que los organismos públicos se comporten con la transparencia exigible y deseable. La Unión Progresista de Fiscales tiene que vigilar de alguna manera que el Ministerio Fiscal cumpla con su función constitucional, que es defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. De este modo desempeña la labor de observador cualificado, porque tenemos el conocimiento de cómo funciona la institución en un nivel por encima de la media de los ciudadanos. Esto contribuye, aunque también es muy mejorable, a una mayor transparencia y al mejor funcionamiento de cada institución.

P. Su labor como fiscal sentó algunas bases en la lucha contra la corrupción, una de las principales preocupaciones de los españoles según el CIS. Sin embargo, usted ha advertido en reiteradas ocasiones que "la sociedad española es tolerante" en esta materia.R.

No creo que podamos esperar que sean los electores los que con su voto decidan castigar a los corruptos. Los votantes votan por conveniencia, y desde su legítimo derecho votan a aquel partido o aquella opción que creen que les va a beneficiar más, que mejor va a defender sus derechos o que coincide ideológicamente más con sus propias creencias y convicciones, de manera que el ámbito electoral no es el ámbito de la justicia. Por otra parte, donde se debe exigir responsabilidades a los corruptos es en la justicia penal, y ésa está infradotada. Entre medias, por tanto, queda un gran trabajo para la sociedad civil en el terreno de fomentar la transparencia, de exigir que la gestión de los organismos públicos sea accesible, conocida, verificable, pero al mismo tiempo también en exigir que la administración de justicia disponga de los medios necesarios para hacer frente con eficacia a la corrupción que tenemos y que está por desgracia demasiado generalizada. Mientras sigamos teniendo una cantidad de jueces equivalente a la mitad de la media de la comunidad europea, estamos mal. Están saturados y no basta con sacarles asuntos, que es lo que se viene haciendo, entregando competencias al Ministerio del Interior, o a las notarías, o a los registros. Lo que hay que hacer es dotar a la justicia de todos los medios necesarios para que hagan su trabajo y lo hagan rápido. Mientras ese proceso no ocurra, los corruptos van a seguir disfrutando de una sensación de impunidad, de que no pasa nada, de que la justicia siempre llega tarde, que no consigue nunca que devuelvan aquello con lo que se han enriquecido, y es por tanto un caldo de cultivo para que los casos se repitan indefinidamente.

Tenemos que mejorar mucho el desempeño de la administración pública en materia de transparencia, de la administración de justicia en eficacia, y del convencimiento y actuación de la sociedad civil, porque al fin y al cabo somos los principales perjudicados y por ello los primeros interesados. La sociedad tiene que movilizarse y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, y sobre todo una gestión impecable de los recursos que aportamos al Estado mediante nuestros impuestos.

P. Acerca de su experiencia en Latinoamérica, ¿con qué se encontró al iniciar su trabajo dentro de la CICIG y por qué decidió renunciar casi tres años después?R.

Yo había participado en los trabajos preparatorios de creación de esa comisión, propuse unas modificaciones en los borradores que estábamos manejando, y al final yo dije que si lo hacían de esta manera, aquello funcionaría. Cuando ya finalmente se firmó el acuerdo entre Guatemala y la ONU, me llamaron y me dijeron: 'Tú has dicho que funcionaría, pues ve y hazlo funcionar'. De modo que era como un desafío profesional importante y acepté. Una vez allí, comprobé enseguida que por desgracia el problema era mucho más grave de lo que habíamos previsto de antemano, porque no había mucha información, pero la que había indicaba la existencia de unas estructuras clandestinas criminales filtradas en el aparato del Estado, muy arraigadas desde la época de la Guerra Civil y muy difíciles de erradicar. Pese a todo, nos pusimos a la tarea y conseguimos, yo creo, unos resultados que hoy en día son innegables, sobre todo porque partíamos del cero más absoluto y no teníamos presupuesto, ni personal, ni nada, hubo que hacerlo todo, especialmente crear una contraparte, porque no había fiscales ni jueces confiables en Guatemala. Estaban ahí, pero había que encontrarlos, había que formarlos, había que darles las posiciones para que pudieran hacer su trabajo.

¿Por qué me fui yo en 2010? Pues porque estaba quemado. Estamos hablando de trabajos de primera línea, son trabajos de mucho desgaste personal y profesional, tienes que enfrentarte, si haces bien tu trabajo, prácticamente con todas las instituciones, me da igual que sea el Ejecutivo, el Legislativo, o el Judicial, y llega un momento en que eres un fusible quemado porque ya no eres interlocutor, ya has perdido la frescura. Y perder la buena idea de reacción rápida y de tomar las decisiones acertadas es complicado, porque te juegas la vida y la de tu equipo. Cuando me fui en 2010 fue porque yo había cumplido ya una etapa y tenía que llegar un relevo.

P. Usted habla de una acumulación creciente de enemigos entre los poderes fácticos, ¿cuáles fueron los mayores problemas que tuvo que encarar?R.

Lo que nosotros teníamos que hacer allí, que era combatir la impunidad, significaba abordar investigaciones, formular acusaciones y meter gente en la cárcel de muy alto perfil criminal en distintas áreas, todos aquellos que normalmente habían estado por encima de la ley, desde narcotraficantes, hasta ministros, militares, civiles, policías, empresarios... Personas poderosas. Cada éxito que teníamos era un enemigo nuevo, y el enemigo también era poderoso, de manera que ganábamos apoyo popular de la gente en la calle, pero ganábamos también casi un lobby de grupos con intereses contrapuestos que habían sido enemigos entre sí desde siempre, pero que de repente se aliaban contra un enemigo común que éramos nosotros, que queríamos que la justicia se aplicase igual para todos. Eso a la larga lleva a un conflicto en el cual se produce una reacción, porque al principio contamos con el factor sorpresa, pero una vez que ellos vieron que nosotros íbamos en serio, también se pusieron serios. En mi caso a donde llegaron fue a una campaña mediática terrible, de desgaste personal, con intenciones bastante calumniosas, pero no llegó la sangre al río, si me quedo un poquito más de tiempo quizá sí hubiera llegado. Yo creo que la ONU ha empezado a entenderlo. En estas misiones que tienen que ser largas para que el trabajo se pueda consolidar, la presencia del personal en primera línea tiene que ir siendo renovada.

P. En Guatemala vio cómo la corrupción salpicaba a la práctica totalidad de las instituciones. ¿Cómo se extirpa un problema como la corrupción que había infectado de forma tan intensa a los principales organismos del país?R.

Trabajando con ellos los vas conociendo, y vas comprobando cuál es confiable y cuál no. Ahí no hay que vacilar y tener la mano firme cuando ya tienes la evidencia de que un alto representante, en este caso los fiscales generales, no están colaborando con la misión internacional. A mí me tocó pedir la destitución de dos, uno en 2008 –Juan Luis Florido– y otro en 2010 –Conrado Reyes–, porque claramente no eran idóneos y no estaban permitiendo a la CICIG hacer su tarea. En ambos casos me dieron la razón, en el 2008 fue el presidente de la República, y en 2010 el presidente no lo quiso hacer pero lo hizo la Corte de Constitucionalidad, que anuló su nombramiento.

P. Fue pionero también en la lucha a favor de la memoria histórica con su denuncia a Augusto Pinochet. ¿Cómo fue actuar contra una causa que había permanecido durante tantos años impune, y qué aprendizaje saca de la experiencia?R.

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Que la justicia internacional y sobre todo la protección de los derechos humanos es un deber compartido de toda la comunidad internacional. Normalmente los lugares donde los crímenes se han producido es donde los responsables mantienen una cuota de poder o de influencia importante tan fuerte que es donde resulta más difícil perseguir esos crímenes. La solidaridad de los actores de la sociedad civil y los operadores jurídicos de otros países hacen que entre todos se puedan remover los obstáculos que impiden el funcionamiento de la justicia. En Chile, en 1990, la Transición permitió a Pinochet retener una cuota de poder muy grande como comandante jefe de las Fuerzas Armadas, aunque ya no como jefe de Estado, pero eso hacía imposible que se le abrieran causas penales en el país. Hubo que abrirlas en Madrid para que se produjera la detención en Londres, y después se le permitió volver en el año 2000, pero ya no era el mismo individuo y ya no era el mismo país, Chile había cambiado, sus obstáculos políticos habían sido superados, y es por eso que se le pudo procesar a él y a sus colaboradores más importantes a partir de ese año ante los propios tribunales chilenos. Ese es, de alguna manera, el final feliz de estas historias. Hace falta desbloquear una situación, hace falta ayuda y solidaridad de las comunidades internacionales para desbloquearla, pero al final los crímenes son juzgados donde debieron serlo desde un principio, y es ante los tribunales del lugar donde fueron cometidos.

P. ¿Cómo valora la persecución de los crímenes cometidos durante el franquismo?R.

Ha pasado exactamente lo mismo. En España sencillamente no había condiciones. A partir de 1975, cuando se hizo la Transición, que se hizo muy bien desde el punto de vista de la reforma política, no había ninguno de los mecanismos de lo que se conoce como justicia transicional, no hubo una comisión de la verdad, no hubo por supuesto ninguna persecución penal de los responsables de los crímenes de la dictadura y no hubo por tanto la protección ni el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y hasta el día de hoy seguimos con una asignatura pendiente muy evidente en esa materia. Ocurrió que en aquel entonces no se pusieron en marcha los mecanismos de solidaridad que se han puesto después en otros países en relación con la propia España, como en la llamada querella argentina, que ha llegado tarde porque los principales responsables de los crímenes de la dictadura ya han fallecido. Aún hoy tenemos pendiente una tarea de recuperación de la memoria y de resarcimiento de las víctimas.

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