El fin de ETA

Cinco años sin ETA: los retos de una Euskadi en paz

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Este jueves se cumplen cinco años desde que tres encapuchados anunciaran que ETA ponía fin a 43 años de terror. La organización comunicó entonces, sin poner condiciones, que renunciaba definitivamente a la violencia organizada para conseguir sus objetivos políticos. El anuncio se produjo a las 19 horas del 20 de octubre de 2011, cuando faltaba justo un mes para las elecciones que sacaron al PSOE de la Moncloa. 

Euskadi vive hoy en paz –todas las facciones de la banda aceptaron la decisión de manera disciplinada– pero en el tiempo en el que estuvo activa, la banda asesinó a 829 personas e hirió a miles, lo que indudablemente tiene duras secuelas especialmente en las víctimas directas, que son las principales perjudicadas por el conflicto. Por eso, aunque el País Vasco afronte con total normalidad el primer lustro sin ETA, sí hay tareas pendientes en cuestiones relacionadas con la convivencia. 

Entre esos retos que permitan consolidar el escenario vasco de paz está el desarme y la disolución formal de la banda o la política penitenciaria, una cuestión que el PP ha desdeñado afrontar en la última legislatura. Otra cuestión pendiente es el reconocimiento del daño causado por la izquierda abertzale. Todavía está en construcción, también, el relato de 43 años de violencia, un relato que, sin duda, será diverso y tendrá diferentes ramas. 

infoLibre analiza a continuación todas estas cuestiones con la ayuda de expertos y protagonistas del conflicto:

1. El fin de la violencia: el desarme y la disolución formal

"El hecho de que ETA anunciara el cese definitivo de forma unilateral y que esta decisión no fuera consecuencia de una negociación hace que las cosas lleven su propio ritmo. No obstante, hay temas que hay que ir cerrando, como el del desarme", señala el catedrático de la UPV Ramón Zallo, teórico del soberanismo basado en el derecho a decidir. A su juicio, es importante encontrar una "vía técnica" para resolver esta cuestión por lo que tiene también de "rito" en la culminación de este proceso. 

Lo cierto es que en 2014 el Ejecutivo vasco se ofreció al Gobierno del PP y a ETA para verificar su desarme –varios centenares de fusiles y pistolas– con apoyo internacional. El objetivo era obtener un final ordenado del terrorismo que evitara también el descontrol del armamento. La propuesta, sin embargo, no obtuvo respuesta por parte de ninguno de los interlocutores. La oferta, señala el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue vigente. 

Fernández explica que, en esta materia hay tres modelos en juego: "el Gobierno español apuesta por un desarme estrictamente policial; ETA parece que quiere un modelo de desarme acordado con los Gobiernos de España y Francia; y el Ejecutivo vasco y las instituciones vascas defienden que ETA tiene que desarmarse unilateralmente ante la sociedad vasca y que ese desarme tiene que ser verificado". Por el momento, sin embargo, sigue sin haber acuerdo entre las partes sobre qué postura tomar. 

Por otro lado, en el comunicado en el que ETA anunció el fin de 43 años de terrorismo, la banda, sin poner condiciones, se refirió al "cese definitivo de la actividad armada" y solicitó "un diálogo directo" con el Gobierno para resolver las "consecuencias del conflicto", es decir, la situación de presos y los etarras que viven en la clandestinidad. No habló, sin embargo, de disolución, precisamente porque su voluntad era la de seguir ocupándose del futuro de sus presos. 

De ahí que las fuentes consultadas coincidan ahora en que otra de las tareas pendientes es la disolución formal de ETA. A juicio de Zallo, no obstante, esta es una decisión "más de tipo táctico que estratégico" que lo que queda de ETA tiene que tomar especialmente en relación a los presos. "Cuando una organización armada deja de estar operativa y entrega las armas está claro que no va a emprender acciones armadas. Pero ETA tiene que evaluar si desaparece y traspasa la función de referencia de todos esos presos a alguna clase de organismo de la sociedad civil que actúe de intermediario o si mantiene las siglas sin apenas militantes, que parece ser su opción", asevera. 

2. La política penitenciaria: acercamiento y cuestiones humanitarias

El acercamiento de los presos de la banda a prisiones del País Vasco, la excarcelación de los reclusos gravemente enfermos y la eliminación de las medidas excepcionales en política penitenciaria son otras de las cuestiones que la mayoría de las fuentes consultadas –a excepción de la asociación de víctimas Covite– coinciden en señalar como relevantes para cerrar las heridas que el terrorismo causó durante los 43 años en los que ETA mantuvo su actividad. 

En la actualidad son alrededor de 400 los presos de ETA, el 95% en régimen cerrado y sin beneficios penitenciarios y el 50% en centros penitenciarios alejados del País Vasco. La excarcelación de presos enfermos, sean de ETA o no, es una posibilidad prevista en el Código Penal, en la Ley General Penitenciaria y en el Reglamento Penitenciario por razones humanitarias y que ya se ha puesto en marcha en otras ocasiones. Sin embargo, sigue habiendo media decena de exmiembros de ETA gravemente enfermos encarcelados. 

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, considera que habría que acabar con la dispersión de los reclusos "fundamentalmente por sus familias" –precisa– y buscar también "respuestas humanitarias" para los presos enfermos. En este punto coincide Fabián Laespada, el que fuera portavoz de la ya disuelta Gesto por la Paz, la primera organización cívica creada en Euskadi para denunciar el uso de la violencia. 

"No podemos dejar de reconocer que la ley se ha de cumplir y que si el acercamiento es posible, debería cumplirse. De hecho, se debería haber cumplido desde el minuto cero, es decir, desde que en 1987 el Gobierno socialista apostó por esta política. No tenían que haberlos alejado, se puede dispersar pero no alejar", señala Laespada.

No tienen la misma opinión en el colectivo de víctimas Covite. Su portavoz, Consuelo Ordoñez –hermana del teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, del PP Gregorio Ordoñez, asesinado por ETA en 1995– considera que está en la mano de los propios presos reducir la distancia que les separa de sus domicilios. 

"El anterior Gobierno estableció tres requisitos para lograrlo: la petición de perdón a las víctimas, la asunción de responsabilidades y la desvinculación de ETA. El actual Gobierno ha flexibilizado estos requisitos y sólo les exige la desvinculación de la banda terrorista. Es decir, está en su mano. Pero  la mayoría ha elegido voluntariamente obedecer la disciplina de ETA, continuar formando parte de una banda y seguir ensalzando su trayectoria", señala. 

Un segundo campo, a juicio de Fernández, sería "una modificación general de la política penal y penitenciaria que deje atrás las claves de excepcionalidad del pasado". Se refiere Fernández al hecho de que la mayoría de presos de ETA se encuentran en la más estricta situación carcelaria, el régimen cerrado. "ETA ha acabado, el riesgo de reincidencia es nulo y eso algo que se tiene que tener en cuenta", asevera. 

Fernández añade, además, un tercer eje: el de la reinserción. "Esta fue una cuestión que se impulsó en la época en la que Zapatero estuvo en la Moncloa y que se paró por completo al llegar el PP al Gobierno", señala. Lo cierto es que los conservadores ni han puesto en marcha políticas para favorecer la reinserción ni han flexibilizado la política penitenciaria ni ha acercado presos a Euskadi, como le reclaman todas las fuerzas parlamentarias vascas por razones humanitarias.

También es muy crítico con la inflexibilidad del PP a este respecto el catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto, Javier Elzo, que no duda en calificar de "vergonzosa y vengativa" la forma en que los conservadores se han enfrentado a la cuestión de los presos de ETA. "Hay que buscar salidas que propicien la reinserción para los reclusos que estén dispuestos a comprometerse con el rechazo a la violencia. Tampoco se pueden ciertas medidas de excepcionalidad que son de una inhumanidad increíble", subraya. 

Zallo considera, además, que en este marco podría pensarse también en "revisar aquellos tipos de decisiones judiciales que fueron tomadas al calor de una situación excepcional y de una legislación excepcional". "Considero que esas revisiones también son vistas en Euskadi como necesarias para que haya procesos de integración plena sin que eso suponga una desmemoria sobre lo ocurrido", asevera. 

03. El reconocimiento del daño causado

Las secuelas de 43 años de terror, explica Laespada (Gesto por la Paz), perduran especialmente en las víctimas directas de la violencia, que son la parte más perjudicada de toda esta historia. "Ellas padecen las secuelas más duras y la soledad de unos tiempos en los que todo el mundo se siente tranquilo. Es muy importante crear una especie de manto social de solidaridad hacia ellas y eso es algo que queda pendiente por hacer", subraya. Por eso, a su juicio, sería "muy positivo para la convivencia" que gran parte del colectivo de presos mostrara su arrepentimiento y reconociera el daño causado.

Otro aspecto clave en este punto es el papel de la izquierda abertzale. Y es que al fin de ETA contribuyeron tanto los golpes policiales como el giro de la izquierda nacionalistaque para sortear el desierto de la ilegalización aceptó el precio exigido por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de buscar el fin de la actividad armada. Pero ni entonces reconoció la derrota de ETA ni hizo autocrítica por su pasado. Y tampoco lo ha hecho desde entonces. 

A juicio de todas las fuentes consultadas para la realización de este reportaje sería relevante que la izquierda abertzale, como organización, hiciera ese ejercicio. Otegi –también otros responsables– han pedido disculpas por si habían añadido sufrimiento a las víctimas de ETA con algo que hubieran dicho o hecho, pero no ha habido un reconocimiento de todo el colectivo. "Sería suficiente con que Sortu, en su próximo congreso, reconociera el daño causado. Bastaría con que lo dijeran sólo una vez... pero sería importante que lo hicieran", señala el sociólogo Javier Elzo

Ordoñez va más allá. "La izquierda abertzale tiene una tarea pendiente fundamental, que es reconocer su implicación, su responsabilidad y su colaboración en la pervivencia del terrorismo durante más de cuatro décadas. Hasta ahora no lo han hecho y el Estado de Derecho ha permitido que sin hacerlo, se siente en las instituciones y colabore en poner en práctica la estrategia de ETA por la que los terroristas decidieron que era mucho más eficaz luchar por sus objetivos desde las instituciones en lugar de hacerlo matando", señala.

Laespada, por su parte, entiende que sería "ideal para la democracia" que los responsables de la izquierda nacionalista se declararan responsables de la "perpetración del terror" y admitieran que ETA existió hasta 2011 porque ellos quisieron. "Cuando ellos quisieron cerrar la persiana, ETA no tuvo más remedio que hacerlo. Por tanto, hay una responsabilidad activa muy importante. Me gustaría que hicieran esa lectura y que se engancharan a la democracia completamente, es decir, revisando lo que han hecho mal. Hasta ahora han hecho amagos…. pero tienen un lastre tremendo del pasado de no reconocer que fue un error", señala. 

Hay también quien entiende que hay extender esa autocrítica a otras violaciones de derechos humanos, como las cometidas por el GAL, o a la violencia policial. Aunque hay matices entre unas opiniones y otras. Según Fernández son dos niveles: por un lado está la necesidad por parte de la sociedad vasca de que ETA y su entorno hagan una reflexión crítica y autocrítica específica y, por otro, una reflexión "crítica y compartida" sobre todas las vulneraciones de derechos humanos que ha habido en Euskadi. 

Zallo, sin embargo, no diferencia entre esos dos niveles. Y aunque define a la izquierda abertzale como "agente principal" de este proceso, cree que la reclamación de autocrítica debería extenderse al resto de actores que intervinieron en el conflicto. "Sería positivo que todos hicieran una reflexión estratégica para, visto desde hoy, analizar qué estrategias o enfoques erróneos pudieron tener", señala. 

"Es algo que no sólo le toca a la izquierda abertzale sino también al PSOE, que nunca se ha autocriticado con el tema del GAL ni ha señalado al responsable de todo ese montaje. Por otra parte, el PP es responsable por herencia de los crímenes del franquismo y nunca hemos oído una autocrítica al respecto. Esta es la parte que veo más útil de un ejercicio de reflexión y lo que de verdad podría hacer que se encontraran en el camino relatos distintos", añade. 

04. La construcción del relato

Lo cierto es que si hay algo que está todavía en construcción es el relato de esos 43 años de violencia. Y no parece que esa vaya a ser una tarea fácil. Laespada cree que es esencial hacer esa tarea de "deslegitimación de la violencia" que él relaciona con el relato. "No hay que quedarse en la tristeza, hay que tirar hacia adelante... pero hay que hacerlo leyendo bien el pasado. La conclusión tiene que ser que esto fue un error y un horror y que ETA no consiguió nada de lo que se proponía", dice el promotor de Gesto por la Paz. 

Pero hacer ese relato compartido no será fácil. Lo admite Laespada, que  reconoce que ese dictamen sobre el pasado terrorista será "diverso" y tendrá "diferentes ramas", aunque se muestra confiado en que confluirá en el reconocimiento de que fue un horror utilizar la violencia. También el catedrático de Comunicación de la UPV Ramón Zallo cree que es importante "definir la historia para saber qué ocurrió".

Sin embargo, considera que todavía hay relatos muy distintos en ciernes y que, cuando se escriban, serán inevitablemente distintos. "Eso está por hacer. Nadie ha hecho discursos oficiales desde parámetros ideológicos determinados que sea rigurosos, que no oculten información y tengan una mirada mediada", subraya. A su juicio, sólo si los principios de verdad, autocrítica, exactitud y rigor predominan en esos relatos, estos, con el tiempo, permitirán que las lecturas sean "más plausibles desde el respeto a las ideologías y la subjetividad política de cada uno". 

Jonan Fernández asegura que el Ejecutivo vasco está intentando hacer esa tarea de reconciliación. "Ha pasado poco tiempo y estos temas necesitan perspectiva, pero lo estamos haciendo, por ejemplo, con debates sobre memoria o exposiciones que promovemos desde la Secretaría de Paz y Convivencia. Es delicado, pero vamos dando pasos", explica. Estos movimientos, sin embargo, resultan insuficientes para Laespada, que cree que al Gobierno vasco "sólo le interesa el futuro". "Algunos no entienden que con la mochila que tenemos se puede avanzar más. Esa mochila es un motor de experiencia tremendo para que en posibles ocasiones futuras no se dé ningún caso de violencia", añade. 

El sociólogo Javier Elzo entiende, sin embargo, que ese "fenómeno de reconciliación" se tiene que poner en marcha "ya" y se tiene que apoyar desde lo público y desde lo privado. En este sentido afea al PP su inmovilismo con la causa de la pacificación, al tiempo que acusa al partido de Mariano Rajoy de estar "apalancado en una guerra de vencedores y vencidos". "No me duelen prendas en decir que la postura del Gobierno vasco es positiva y me gustaría decir lo mismo del Gobierno español, pero no es verdad", subraya.

En este sentido, subraya que es muy relevante que el "discurso social" mantenga un un planteamiento que sea básicamente en dos términos: no la impunidad y sí a la reconciliación. "Las cuentas hay que saldarlas, pero eso no nos tiene que llevar a una justicia vengativa que es en la que estamos ahora", sentencia. 

05. Los retos de la convivencia 

Entre tanto, la sociedad vasca enfrenta con total normalidad este lustro sin violencia. Para Elzo hay una cuestión que puede parecer obvia pero que es tan simple como que ya no hay violencia en la calle. "Por ejemplo, en San Sebastián, la parte vieja, que era donde se solían dar manifestaciones de kale borroka... pues ahora se ha convertido casi en un parque temático por la cantidad de turistas que nos visitan", subraya. 

Para Covite, sin embargo, todavía hay heridas abiertas en este tema de la convivencia. "Por un lado, el mantenimiento de la cultura del odio, que sigue intacta y que ha convertido al País Vasco y a Navarra en los lugares con niveles de radicalización más altos de Europa. Por otro, la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver que impide a las familias de las víctimas acceder a su derecho a la verdad y su derecho a la justicia", señala Ordoñez. 

"Es difícil hablar de paz cuando todos los días se producen actos de enaltecimiento del terrorismo en las calles, cuando las instituciones del País Vasco y de Navarra hacen la vista gorda mientras se fomenta el culto al asesino y cuando el brazo político de ETA está legalizado y, por tanto, el proyecto político por el que nos mataron, nos secuestraron y nos extorsionaron está más vivo que nunca", añade la hermana del teniente alcalde asesinado.

Ordoñez alude, además, a incidentes como la agresión a dos guardias civiles y a sus novias en Alsasua sucedida este fin de semana. "Una banda terrorista se puede desarticular y puede incluso entregar las armas, pero desarmar moralmente a una sociedad que lleva cuarenta años respirando odio no es tan sencillo", señala. Jonan Fernádez y Javier Elzo, sin embargo, coinciden en que este es un hecho aislado aunque muestran su preocupación y condena ante cualquier acto violento

06. El debate identitario, a la baja 

Entre tanto, la sociedad vasca afronta este lustro sin violencia con absoluta normalidad y mostrando más sensibilidad a los retos sociales que a los identitarios. Esta es una cuestión que se reflejó en la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. 

Los sondeos de opinión también vienen señalando esa caída de independentismo. El último sondeo de la Universidad del País Vasco (UPV), el Euskobarómetro, que preguntó por este tema en abril de 2016, mostró que los ciudadanos que tienen poco o ningún deseo de independencia representaban el 63%, frente al 55% de la anterior oleada en julio de 2015. Por otro lado, los ciudadanos con grandes deseos de independencia han pasado del 30% del año pasado al 24% el pasado abril. Además, un sondeo del Sociómetro del Gobierno vasco también constató el pasado marzo que las preocupaciones sociales se sobreponían con creces a las identitarias.

Según Ramón Zallo, esta realidad tiene que ver con el hecho de que la población haya pasado una época de crisis económica, social y política. En consecuencia, ha pasado al primer plano todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones sociales y económicas. También Fernández cree que la situación de crisis, desempleo… ha creado un ámbito de preocupación de gran prioridad en la sociedad vasca que ha hecho que la tensión social por otros temas haya decrecido.

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