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Conflicto por el tribunal interno

Cinco preguntas y respuestas sobre la crisis abierta en Podemos por los nuevos estatutos

Pablo Iglesias e Irene Montero, durante la reunión de la Diputación Permanente del Congreso.

El tribunal interno de Podemos vuelve a arder después de unos meses de relativa calma. Desde hace un mes, la Comisión de Garantías Democráticas del partido se encuentra sumida en una grave crisis que se ha saldado, por el momento, con expediente contra su presidenta, Olga Jiménez, por excederse –supuestamente– en sus funciones al tratar de anular varios de los artículos de los nuevos estatutos de Podemos, concretamente los relativos al régimen sancionador de la formación. Mientras el entorno de Jiménez asegura que la cúpula del partido trata de hacerse con el control de Garantías, la dirección argumenta que transponer los documentos aprobados en Vistalegre II y convertirlos en los nuevos estatutos es competencia de la ejecutiva, y recuerda que la decisión de proceder contra Jiménez la han tomado tres de los cinco miembros titulares de la Comisión de Garantías.

En los meses y semanas previos a Vistalegre II, la Comisión de Garantías de Podemos –que entonces dirigía la actual secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo– fue uno de los órganos más polémicos por las acusaciones de los sectores anticapitalista y errejonista acerca de su falta de independencia. Por ello, las tres corrientes principales de Podemos pactaron no presentar listas para la elección de los miembros que integrarían el órgano a partir de Vistalegre II. Pero la paz en Garantías ha durado poco: el pasado 28 de julio se desató un enconado conflicto con los nuevos estatutos promovidos por la dirección en el centro de la polémica.

¿Cuál es el origen del conflicto?

La crisis en la Comisión de Garantías tiene en su génesis la aprobación de los estatutos de Podemos, que tras el congreso de Vistalegre II debían sustituir a los emanados de la asamblea fundacional del partido, que se celebró en 2014. En Vistalegre II no se aprobó este reglamento, sino un documento organizativo con pautas políticas que el Consejo de Coordinación –la ejecutiva de Podemos– tenía la misión de traducir a lenguaje jurídico y transformar en los nuevos estatutos. Este texto fue aprobado el 25 de julio y enviado a la Comisión de Garantías al día siguiente, confirman fuentes del tribunal interno.

El estallido del problema se produjo al ser examinado el texto por parte de la Comisión de Garantías. Y es que el órgano emitió el 28 de julio un dictamen en el que anulaba ocho artículos de los nuevos estatutos –del número 71 al 77– correspondientes al nuevo régimen sancionador, que entre otras cosas contemplaban como infracción grave la filtración de información interna del partido con penas como la inhabilitación por un periodo de entre seis meses y dos años. Fuentes próximas a Jiménez justifican este dictamen en el hecho de que la misión de la ejecutiva es "traducir" lo aprobado en Vistalegre a lenguaje jurídico, pero no "añadir" pasajes, por lo que se entendía que los artículos señalados no habían sido ratificados por las bases.

En este sentido, lo cierto es que en los documentos aprobados en el congreso no se plantean modificaciones del régimen sancionador. No obstante, fuentes próximas a la dirección argumentan que es la ejecutiva la encargada de interpretar estos documentos, y señalan que "no es una función" de Garantías hacer modificaciones sobre las normas orgánicas.

¿Gana poder la ejecutiva con los nuevos estatutos?

Los estatutos aprobados por la ejecutiva de Pablo Iglesias e impugnados por la Comisión de Garantías otorgan nuevas atribuciones a la dirección con respecto a los que tenía con el reglamento emanado de Vistalegre I. Y varios de ellos tienen que ver con el propio tribunal interno de Podemos. El nuevo artículo 71, por ejemplo, establece que el Consejo de Coordinación estatal –la ejecutiva–, comandado por Iglesias, tiene potestad para "resolver un procedimiento disciplinario", algo que también podrá hacer el Consejo Ciudadano –el máximo órgano entre congresos, con holgada mayoría pablista–. En los antiguos estatutos, esta competencia pertenecía únicamente a la Comisión de Garantías.

El entorno de Jiménez, además, denuncia riesgo de "arbitrariedad" por la laxitud de la redacción de otro punto de los nuevos estatutos: el 77.7. Este punto faculta a la ejecutiva de Iglesias a suspender cautelarmente a cualquier militante "cuando se hayan producido [...] situaciones irregulares o perjudiciales para la imagen de Podemos que a juicio del Consejo de Coordinación [la ejecutiva] merezcan tal medida, especialmente aquellas situaciones que tengan que ver con la gestión pública o la actividad parlamentaria, los procesos electorales y/o el correcto funcionamiento de los órganos de Podemos". Esta suspensión cautelar la podría tomar unilateralmente la ejecutiva, y el militante sancionado sólo podría recurrir ante la Comisión de Garantías estatal la "proporcionalidad" de la misma, pero no tratar de revocar la decisión.

Asimismo, la Secretaría de Organización liderada por Pablo Echenique se arroga una nueva competencia relativa a la resolución de conflictos internos que antes estaba en manos únicamente de la Comisión de Garantías: el nombramiento del instructor de los procedimientos que se investiguen. En los antiguos estatutos, se establecía que los "procedimientos disciplinarios" serían instruidos "por la Comisión de Garantías Democráticas", que elegiría "de entre sus miembros un instructor y un secretario". En los nuevos, se explica que a la hora de comunicar a un investigado la apertura de un procedimiento contra él se le aclarará "la identidad de la persona nombrada por la Secretaría de Organización como responsable de la instrucción".

¿Por qué se ha abierto un procedimiento contra Olga Jiménez?

El pasado 12 de agosto, Podemos abrió un procedimiento contra Jiménez por excederse en sus funciones. Fuentes próximas a Echenique, no obstante, se desligan de esa decisión y explican que el procedimiento parte de tres de los miembros de Garantías opuestos a la presidenta, que presentaron el día 10 de agosto una denuncia a este respecto cuya tramitación fue aprobada el mismo día por la ejecutiva de Pablo Iglesias. Acto seguido, los tres miembros titulares de la Comisión de Garantías que habían presentado la denuncia aprobaron en una reunión del órgano iniciar el procedimiento de instrucción contra Jiménez.

No obstante, para el entorno de la presidenta de Garantías, este procedimiento es nulo desde el inicio por "usurpación de funciones" y porque genera "indefensión" a Jiménez. Las fuentes consultadas ofrecen tres motivos para esta argumentación: el hecho de que agosto es un mes inhábil y la Comisión sólo puede reunirse si la convoca la presidenta, algo que no ocurrió; el hecho de que los mismos denunciantes sean quienes, en última instancia, tendrán que resolver el procedimiento; y el hecho de que a ese pleno sólo acudieron tres de los nueve miembros de Garantías.

Y es que los tres miembros del órgano que denunciaron a Jiménez –Argiro Giraldo, María del Rosario Rodero e Isabel Serrano– toman como referencia para sus movimientos los estatutos aprobados el pasado 25 de julio e impugnados por la Comisión de Garantías tres días después. Esta normativa establece que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, sólo los cinco miembros titulares del órgano tendrán derecho a voto en sus decisiones, lo que supone retirar este derecho a los cuatro suplentes, que hasta ahora ejercían de facto como titulares en las votaciones.

Por ello, los tres denunciantes sólo convocaron a los cinco titulares al pleno destinado a aprobar el inicio del procedimiento contra Jiménez, lo que les otorgó la mayoría en una votación en la que la presidenta se negó a participar por entender que sus funciones estaban siendo usurpadas. Por el contrario, el entorno de la presidenta entiende que aún están en vigor los antiguos estatutos porque el Ministerio del Interior aún no ha formalizado el registro de los nuevos en el Registro de Partidos, y eso implicaría que al pleno deberían haber sido convocados los nueve miembros de Garantías.

En cualquier caso, el texto de la denuncia interpuesta contra Jiménez en la que se basa el procedimiento abierto contra ella no detalla los artículos de los estatutos supuestamente infringidos ni concreta las eventuales prácticas en las que se habría extralimitado, lo que para el entorno de la presidenta supone un caso generarle indefensión porque no sabe de qué se le acusa.

¿Quién manda ahora en Garantías?

A la vez que se abrió el procedimiento contra Jiménez, uno de los denunciantes, el también miembro de la Comisión de Garantías Argiro Giraldo, se proclamó presidente del órgano por ser el miembro del mismo de mayor edad. No obstante, el documento donde se comunica la apertura del procedimiento, al que ha tenido acceso infoLibre, no establece en ninguno de sus puntos la suspensión cautelar de Jiménez como presidenta de Garantías, por lo que ahora mismo ambos se reclaman como los líderes del órgano.

Fuentes de la Secretaría de Organización consultadas por este diario también se distancian del asunto e insisten en que el conflicto se produce en Garantías. "El tema se inicia en la Comisión y se queda en la propia Comisión", apuntan estas fuentes. 

¿Cómo se posicionan las Comisiones autonómicas?

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El jueves, a iniciativa de Jiménez, se celebró en Madrid una reunión entre la presidenta de la Comisión de Garantías estatal y miembros de los órganos homólogos de doce comunidades autónomas. Fuentes próximas a Jiménez admiten que los asistentes al encuentro lo hicieron "a título individual", pero en esa reunión los integrantes de 11 de las 12 Comisiones presentes –Andalucía, Cataluña, Euskadi, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias La Rioja y Asturias– aprobaron una resolución en la que pedían "considerar nulos de pleno derecho los nuevos estatutos del partido, registrados ante el Ministerio del Interior, al haberse invadido por el Consejo de Coordinación Estatal las competencias y funciones de la Asamblea Ciudadana Estatal", es decir, del conjunto de la militancia.

Asimismo, este documento de conclusiones –que no cuenta con valor jurídico y únicamente tiene relevancia política– exige "al Consejo de Coordinación Estatal [la ejecutiva de Iglesias] a revocar el acuerdo de aprobación de los nuevos estatutos y a retirarlos del registro del Ministerio del Interior", y también le exige al órgano "revocar la decisión de apertura de expediente disciplinario" contra Jiménez, "que seguirá ejerciendo sus funciones legitimada y avalada estatutariamente por la votación de la Asamblea Ciudadana Estatal". Los firmantes también denuncian "la acción de los miembros de la Comisión de Garantías estatal por usurpación de funciones estatutarias".

La dirección de Podemos tampoco se pronuncia oficialmente sobre esta reunión. "Están tratando de mezclar a la ejecutiva con este problema cuando se trata de un problema de Garantías", insisten desde la Secretaría de Organización, si bien fuentes de este departamento señalan que los asistentes al encuentro no eran necesariamente representativos de la opinión de sus respectivos órganos autonómicos.

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