CiU ha sido la gran beneficiada por la ley electoral en las once elecciones catalanas

La ley electoral utilizada para las elecciones autonómicas en Cataluña –la misma que se utiliza en los comicios generales– ha tenido efectos bastante proporcionales para casi todos los partidos desde que se celebraron las primeras elecciones al Parlament de la democracia en 1980. Pero hay una excepción a esta regla: CiU. La coalición entre CDC y Unió –que se presentó ininterrumpidamente entre 1980 y 2012– ha sido históricamente la gran beneficiada de esta norma, tanto por su carácter hegemónico (ganó en votos todas las elecciones salvo las de 1999 y 2003) como por sus claras victorias en Tarragona, Lleida y Girona, provincias sobrerrepresentadas en número de escaños con respecto a Barcelona.

Cataluña carece de ley electoral propia y, para sus elecciones autonómicas, utiliza la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Desde 1980 se han celebrado once de estos comicios (en 1980, 1984, 1988, 1992, 1995, 1999, 2003, 2006, 2010, 2012 y 2015), en los que se han escogido 135 escaños para el Parlament de Cataluña: 85 por la provincia de Barcelona, 18 por la de Tarragona, 17 en Girona y 15 en Lleida. Este reparto perjudica a Barcelona, que pese a elegir únicamente el 62,9% de los diputados cuenta ahora mismo con el 73,8% de la población de Cataluña.

Ese es uno de los motivos fundamentales de que CiU –y, en 2015, Junts pel Sí– haya sido la formación más beneficiada por la ley electoral en las autonómicas, ya que históricamente los resultados de la coalición han sido sensiblemente mejores en las provincias de Tarragona, Lleida y Girona que en la de Barcelona. De hecho, en ninguno de los comicios CiU consiguió nunca superar el 45% de los votos en Barcelona, cota que sobrepasó ampliamente en varias ocasiones en Lleida y Girona, con un hito máximo del 59,64% de los sufragios en la provincia gerundense en 1984.

Otro buen ejemplo de este funcionamiento son las elecciones de 2012: pese a que CiU sufrió un enorme batacazo y sufrió sus peores resultados desde 1980 con un 30,7% de los votos, en Lleida y Girona la coalición obtuvo un 42,5% y un 42,4% de los sufragios, respectivamente. Eso permitió a CiU hacerse con 8 y 9 diputados en esas provincias de los 15 y 17 que se repartían, respectivamente, por lo que más de la mitad de las actas de las dos demarcaciones menos pobladas de Cataluña fueron para ellos.

Esta fortaleza en las provincias más representadas proporcionalmente, unida al hecho de que CiU fue la fuerza hegemónica prácticamente sin interrupción en todas las elecciones autonómicas, ha disparado históricamente su porcentaje de escaños en el Parlament con respecto a su número de votos reales. La diferencia más notable se produjo en 2010, cuando con un 38,43% de los sufragios, el entonces president Artur Mas se hizo con 62 escaños, el 45,93% de la Cámara: siete puntos y medio más de los que a CiU le hubieran correspondido en un sistema proporcionalmente perfecto.

Pero esta distorsión, lejos de haberse producido en una convocatoria en particular, se trata de una dinámica histórica. En ninguna de las elecciones autonómicas celebradas desde el inicio de la democracia CiU tuvo menos porcentaje de escaños que de votos: cuando más parejas estuvieron ambas cifras fue en 2003, cuando la coalición sumó el 30,94% de las papeletas y el 34,07% de los diputados (un total de 46). Sin contar las elecciones de 2015 –donde CDC se presentó integrada en Junts pel Sí y Unió lo hizo por separado–, el porcentaje de actas que ha obtenido CiU en las autonómicas ha sido de media 5 puntos superior a su porcentaje de votos.

Además, la sobrerrepresentación de CiU se trasladó en 2015 a los resultados de Junts pel Sí. La coalición que suscribieron CDC y ERC alcanzó el 39,59% de los votos, aunque fuertemente diferenciados entre provincias: mientras en Girona (56,06%) y Lleida (55,22%) arrasó, en Barcelona (36,09%) y Tarragona (41,63%) sus resultados fueron más discretos. Junts pel Sí consiguió 62 actas, el 45,93% del Parlament, un porcentaje 6,34 puntos superior al que le hubiera correspondido en un sistema proporcional puro.

Para el resto, mucha proporcionalidad

Esta distorsión de la proporcionalidad no afecta al resto de formaciones políticas, ni nacionalistas ni no nacionalistas, para las que la ley electoral ha funcionado históricamente de manera bastante proporcional en las elecciones autonómicas. Tras CiU, ha sido el PSC –el otro gran partido catalán hasta 2012– quien más se ha beneficiado del método de reparto de la LOREG, pero ni mucho menos en la misma proporción, ya que no ha sido históricamente tan fuerte en las tres provincias sobrerrepresentadas –sus mejores resultados siempre han sido en Barcelona– ni tampoco ha llegado a concentrar tanto voto como CiU (su mejor resultado fue en 1999, cuando consiguió el 37,85% de los sufragios).

Las elecciones de 2010 fueron en las que más se benefició el PSC de la ley electoral, aunque su porcentaje de votos se tradujo bastante fielmente a escaños: los socialistas obtuvieron un 18,38% de las papeletas y un 20,74% de los diputados (un total de 28), apenas 2,36 puntos más. De media, el PSC únicamente ha conseguido un porcentaje de escaños 0,82 puntos superior a su porcentaje de votos, e incluso en 2015 fue levemente perjudicado por la ley electoral –su porcentaje de escaños era 0,87 puntos menor del que le hubiera correspondido por sus votos en un sistema proporcional puro–.

ICV-EUiA –y las diferentes marcas y formatos con los que se ha presentado, PSUC en los 80 o Catalunya Sí que es Pot en 2015–, por su parte, siempre han sido perjudicados por el reparto promovido por la ley electoral, aunque de manera muy poco apreciable: la desviación mayor se produjo en 1995, cuando ICV consiguió el 9,71% de los votos y 11 escaños, que sumaban el 8,15% de los presentes en el Parlament. Tampoco el PP ha sido especialmente beneficiado por la LOREG –su porcentaje de voto fue hasta dos puntos superior a su porcentaje de diputados en 1995–, si bien en 2010 y 2012 el reparto terminó favoreciéndole.

La ley electoral también ha funcionado de manera bastante proporcional en el caso de ERC, ya que la máxima desviación que ha tenido entre su porcentaje de votos y su porcentaje de escaños se produjo en 2012 y fue a su favor: con el 13,7% de los sufragios, los republicanos obtuvieron el 15,56% de las actas, un total de 21. De hecho, la distorsión entre ambas cifras ha sido menor a un punto en todas las elecciones menos las de 1980, 2006 y 2012.

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Ciudadanos y la CUP

Ni siquiera para los llegados hace menos tiempo al Parlament la ley electoral ha sido una barrera. Ciudadanos obtuvo sus primeros tres escaños en 2006 –que suponían un 2,22% de todos los presentes en la cámara– y repitió este resultado en 2010, con un 3,03% y un 3,39% de los votos, respectivamente. De hecho, en las elecciones de 2015 que supusieron su despegue (pasaron de 9 a 25 diputados), la Loreg benefició levísimamente al partido naranja, que consiguió controlar el 18,5% del Parlament con el 17,9% de los votos.

La CUP tampoco tiene motivos para denunciar la ley electoral, aunque bien es cierto que ni en 2012 ni en 2015 –las únicas ocasiones en las que los anticapitalistas se han presentado a las elecciones autonómicas– les terminó beneficiando. Sus tres escaños de 2012 se corresponden con el 2,22% del Parlament, aunque la CUP consiguió el 3,47% de los votos en toda Cataluña. En 2012, la formación ascendió hasta el 8,21% de los sufragios, lo que le reportó 10 diputados: el 7,4% de la cámara.