Vivienda

Colau marca el paso contra el acoso inmobiliario: primera multa a un propietario por hostigar a su inquilino

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto celebrado el pasado domingo.

Fran Ortega y Alpha Mikeliunas se instalaron en el año 2010 en un piso de la calle Floridablanca de Barcelona, en el barrio de Sant Antoni. La vivienda no estaba lista para entrar a vivir, pero si ellos se encargaban de habilitarlo pagarían menos de alquiler durante los primeros meses. Así lo acordaron con la familia Mas-Beya Fradera, propietaria del edificio, y así lo hicieron. "Luego nos enteramos de que eso no se puede hacer así, que el piso nos lo tenían que haber dado ya en las condiciones adecuadas", cuenta Ortega en conversación con infoLibre. Pero eso fue solo el principio. Desde entonces han sufrido todo tipo de prácticas de acoso inmobiliario. Unas prácticas que han sido notificadas a la Fiscalía por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha impuesto, por primera vez, una multa de 90.000 euros a los dueños de la vivienda. Lo hace después de que el Sindicat de Llogaters de Barcelona presentara, el pasado mes de julio, un modelo de denuncia administrativa que permitía a los ciudadanos defenderse ante este tipo de prácticas. Alpha y Fran fueron algunos de los que iniciaron este proceso. "El ayuntamiento la estudió y consideró q en efecto había acoso tipificado como ‘infracción muy grave’, por lo que abrió un expediente sancionador", explica Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters.

"Cuando llevábamos dos o tres años nos empezamos a dar cuenta de que la actitud de los propietarios era tirar balones fuera e ignorarnos cada vez que nos quejábamos de algún problema o les hacíamos ver que algo no funcionaba bien. Al principio pensamos que era por simple dejadez, pero luego ya vimos que era una estrategia", recuerda Ortega. La táctica que utilizaban era siempre la misma: algo se estropea, los vecinos lo comunican, pero la solución nunca llega. Así hasta que tuvieron que enfrentarse a los grandes problemas. "Lo más preocupante que nos ocurrió fue con las bajantes de aguas fecales", critica. "Están hechas de amianto, un material cancerígeno, y en muy mal estado. Tanto, que salpica a las ventanas del patio de luces", lamenta. Pero eso no es todo. Las cañerías tienen entre ocho y diez veces más plomo de lo adecuado. "Sanidad llegó a certificar que el agua que salía de las viviendas no era apta para el consumo humano", continúa. La propiedad lo arregló, pero solo parcialmente: hasta la entrada de las casas. El agua sigue sin ser potable

"Para colmo, hace casi un año nos dijeron que no nos renovaban el contrato", dice Ortega. Pero no se han ido. Están convencidos de que lo que están haciendo los propietarios es llevar a cabo una estrategia para que los inquilinos se marchen de sus casas. El barrio se ha revalorizado y podrían cobrar más por los alquileres. "A algunos vecinos les han ofrecido quedarse con subidas, pero a los que nos hemos quejado de algo nos han dicho directamente que nos vayamos", cuenta. 

La situación ahora ha llegado a la Fiscalía. El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido denunciar ante la institución el supuesto caso de acoso inmobiliario que la familia propietaria del edificio ha llevado a cabo para que los inquilinos se marchen. También les han impuesto una multa de 90.000 euros. La decisión de la institución viene amparada por la Ley del Derecho a la Vivienda que aprobó la Generalitat en el año 2007 y que permite a los ayuntamientos instruir procedimientos por acoso y discriminación inmobiliaria desde la vía administrativa antes de ir a la vía judicial. Es la primera vez que lo hacen, aunque la normativa tenga ya 12 años. "La ley catalana de 2007 abre una vía que las organizaciones ciudadanas empezamos a explorar hace un año: la administrativa", explica Palomera. "La ciudadanía puede poner una denuncia y exigir a los ayuntamientos, e incluso a la Generalitat, que inspeccionen la finca y abran expedientes y multen. Es la primera vez que conseguimos que se haga", celebra. 

Por eso, Palomera cree que la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona podría sentar un precedente. "En los últimos meses hemos presentado 22 denuncias y ya se están tramitando seis expedientes", informa. Y es que este tipo de acoso es muy habitual, según explica Palomera. Por eso, indica que "lo interesante" sería que todas las comunidades autónomas aprobaran "leyes garantistas" que fueran en el mismo sentido que la catalana. 

Una forma de violencia: falta de conservación y acoso directo

Es la primera vez que el Ayuntamiento de Barcelona denuncia un supuesto caso de acoso inmobiliario. Puede hacerlo porque le ampara la ley catalana de vivienda que, concretamente, considera estas prácticas como un tipo de discriminación. Lo hace en su artículo 45, donde define el acoso inmobiliario "como toda actuación u omisión con abuso de derecho que tiene el objetivo de perturbar a la persona acosada en el uso pacífico de su vivienda y crearle un entorno hostil, ya sea en el aspecto material, personal o social, con la finalidad última de forzarla a adoptar una decisión no deseada sobre el derecho que la ampara para ocupar la vivienda. A efectos de la presente ley, el acoso inmobiliario constituye discriminación".

Pero Palomera va más allá. Para él no es solo discriminación, sino que es un tipo de violencia. Una que, además, tiene un objetivo claro. "El acoso inmobiliario, y a veces la violencia directa, es uno de los mecanismos que forman parte de los procesos de expulsión de los vecinos", asegura. "A veces se piensa que es amenazar verbalmente", dice. Pero nada más lejos de la realidad. Las técnicas son muchas y muy variadas. Y son siempre las mismas. Se trata, como en el caso de Alpha y Fran, de hacer la vida imposible al inquilino. Que la vivienda, por dentro y por fuera, se deteriore. Y que no se arreglen los desperfectos hasta que los inquilinos no puedan más y decidan marcharse. 

Abandono de las zonas comunes, un ascensor inútil durante meses, falta de luz en el portal y los descansillos, etc. "El objetivo es desgastar al inquilino para que acabe yéndose o pactando una salida temprana", explica Daniel Vega, del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid. Él mismo sufrió acoso inmobiliario cuando vivía en Barcelona. Un grupo de toxicómanos entró en el portal, lo destrozó y fueron los inquilinos los que tuvieron que hacerse cargo de las reparaciones. Es habitual. "A veces se permite la presencia de individuos intimidantes que merodean por las zonas comunes", explica Palomera.

Otras veces, los propietarios se niegan a cobrar el alquiler. "Buscan la forma de que no puedan pagar para después iniciar un proceso de expulsión de la vivienda por impago", añade el portavoz de la plataforma catalana. Y este tipo de acoso aparece especificado, de forma concreta, en la ley catalana: "La negativa injustificada de los propietarios de la vivienda a cobrar la renta arrenditicia es inidico de acoso inmobiliario", dice la normativa. En los casos más extremos, añade, se llega al acoso telefónico o, incluso, a la amenaza verbal o física.

El resto de comunidades no pueden iniciar procesos similares

El acoso no es único de Barcelona. Pero la vía administrativa que ha iniciado el Ayuntamiento de Ada Colau sí es único, pues que no hay leyes autonómicas que permitan hacerlo más allá de Cataluña. En Madrid se sufren situaciones similares, tal y como explica Vega, pero la solución es muy diferente. "Lo primero que llegaba al sindicato eran denuncias de inquilinos de viviendas de grandes propietarios como Blackstone. Compran un edificio entero y, para acelerar la expulsión, hacen este tipo de prácticas", explica. 

Después, continúa, comenzaron a llegar denuncias de arrendadores que tenían problemas con los intermediarios de los propietarios. Por ejemplo, con las gestoras. "Nos han llegado historias de personas a las que los técnicos del seguro nunca les daban una solución a los problemas que presentaba la vivienda. Había humedades o plagas de cucarachas sin atender", cuenta. 

Y ante esta situación, la solución solo puede llegar por la vía judicial. "Hay que demostrar en el juzgado que la solución de los problemas es competencia de los propietarios y no de los inquilinos, y eso es un proceso que puede durar hasta dos años", asegura Vega. Por eso, los procesos que han solucionado han sido mediante algún tipo de acuerdo. Y es que resolver este tipo de conflictos a través de los juzgados es muy complicado.

"Históricamente, la ciudadanía y los movimientos vecinales han tratado de ir por la vía penal para denunciar el acoso inmobiliario, pero es extremadamente complicado", explica Palomera. Según explica, es complicado que un juez reconozca como delito penal el acoso inmobiliario, "aunque es una forma de violencia grave contra las personas". Por eso, no confía en que la denuncia ante la Fiscalía prospere y se concluya que la familia Mas-Beya Fradera sea acusada de un delito. Pero por lo menos, celebra, podrán ser multados. 

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