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caso Avalmadrid

La Comunidad de Madrid pagó por 51 operaciones fallidas de Avalmadrid: la cuarta de mayor importe fue la empresa de los padres de Ayuso

Avalmadrid, como cualquier otra sociedad de garantía recíproca (SGR), tiene cubiertas sus provisiones y fallidos mediante un contrato de reafianzamiento con la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), una sociedad pública que otorga el respaldo del Estado a los riesgos asumidos por las 18 SGR que hay en España. Pero Cersa sólo ofrece una cobertura parcial. Para completarla, Avalmadrid firmó en octubre de 2011 un convenio de reafianzamiento con la Comunidad de Madrid que le permitió reavalar hasta un 75% de las operaciones firmadas ese año.

Así, Avalmadrid reavalaba tres de cada cuatro operaciones de aval que aprobaba. Su límite es de 625.000 euros por empresa. Y de 80 millones de euros en total. Según su último informe anual, la sociedad de garantía madrileña tenía reavalados a 31 de diciembre de 2018 un total de 163,5 millones de euros, de los cuales la Comunidad de Madrid asume 4,5 millones.

De ese conjunto de operaciones, la Comunidad ha tenido que abonar hasta el momento 2,46 millones de euros para cubrir un total de 51 fallidos, operaciones cuyo importe no fue devuelto por las empresas avaladas en 2011. Según la información facilitada a infoLibre por el propio Gobierno madrileño, el convenio firmado ese año se tradujo en el reaval de 464 operaciones que suman 87,26 millones de euros.

Una de esas operaciones reavaladas y no pagadas por las que la Comunidad de Madrid tuvo que poner el dinero fue la firmada con MC Infortécnica SL, la empresa propiedad de los padres de la presidenta, Isabel Díez Ayuso. Lo hizo el 3 de marzo de 2016, cuando el Gobierno regional estaba presidido por Cristina Cifuentes, y la cantidad que debió abonar a Avalmadrid ascendió a 102.030,55 euros, el 25% –más los intereses–del aval de 400.000 euros concedido a la empresa.

Ese importe fue el cuarto más voluminoso de todos los abonados por la Comunidad de Madrid en virtud del citado convenio de 2011. Los cuatro mayores desembolsos para cubrir impagos suman el 73,26% del dinero público destinado hasta ahora a este fin. El fallido que mayor desembolso supuso para las arcas madrileñas fue el de Tallelec SL, una empresa de instalaciones eléctricas a la que Avalmadrid concedió un aval de 1,6 millones de euros. El reaval de la Comunidad de Madrid era del 71% de esa cantidad, por lo que la administración autonómica tuvo que pagar 1,1 millones de euros para cubrir la deuda. El administrador único de Tallelec SL desde octubre de 2012 era Antonio Santos García, vicepresidente de Asuntos Económicos y Tesorero de la Real Federación de Fútbol de Madrid hasta el pasado día 7, cuando presentó su dimisión.

El pasado mes de junio Santos García y el presidente de la federación madrileña, Francisco J. Díez Ibáñez, fueron denunciados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por apropiación indebida, administración desleal y corrupción. Se les acusa de toda una serie de irregularidades, desde la venta sin autorización de la sede de la federación madrileña hasta la adjudicación de contratos a personas vinculadas a directivos e incluso el cobro inflado de dietas y sueldos. Este periódico ha intentado en varias ocasiones, sin éxito, ponerse en contacto con Antonio Santos para recabar información sobre Tallelec SL, que entró en concurso de acreedores en marzo de 2013.

Relojes de lujo

La segunda empresa por la que debió pagar más dinero la Comunidad de Madrid fue Valentín SA, dedicada a la venta de relojes de lujo. Avalmadrid también le otorgó un aval de cuantía muy elevada, un millón de euros, que fue reavalado por la Comunidad en un 44%. Al no poder devolver ese importe y declararse en concurso en septiembre de 2013, la Hacienda madrileña abonó 367.202,44 euros. Valentín SA ha tenido como apoderado a Valentín López Haba y como administrador único a su hermano Roberto, hasta que entró en concurso. Fue extinguida en noviembre de 2017.

Roberto López Haba declaró en el juicio del caso Tándem, la investigación sobre las actividades ilegales del excomisario José Manuel Villarejo. En concreto, lo hizo en defensa del excomisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca, amigo de Villarejo. Según publicó en su día Vozpopuli, López Haba aseguró que en las navidades de 2012 había tocado la lotería en su empresa y que había repartido el premio “con los trabajadores y con amigos”, entre ellos tanto el policía como un empresario imputado, por regalar a Salamanca un reloj Rolex a cambio de favores.

El tercer mayor pago de la Comunidad de Madrid para cubrir fallidos tuvo como beneficiario El Asador de Enrique SL, un restaurante y hotel situado en el barrio madrileño de Villaverde que entró en concurso en septiembre de 2013. Fue reavalado en un 64% de los 500.000 euros que recibió, por lo que la Comunidad debió pagar 228.205,85 euros a la sociedad de garantías cuando El Asador de Enrique SL no pudo devolver el importe del aval.

Los siguientes de la lista fueron cubiertos con importes mucho menores. Fernández Ciudad SL, una empresa del expresidente de la Federación Empresarial de Industrias Gráficas de España, Eladio Muñoz Ramírez, recibió 75.279 euros, a O-Kyaku Europe Consulting SL se le pagó 72.296 euros y a Grupo Trimagen SL le fueron abonados 67.094 euros. Por debajo de esos tres nombres, los desembolsos por avales impagados no superan los 39.000 euros.

Un aval concedido sólo porque contaba con el reaval de la Comunidad

Pero de todos los avales reafianzados por la Administración madrileña el de mayor volumen fue el aprobado para el Club Social Santo Domingo SL, una operación que ascendió a 4,2 millones de euros. La Comunidad de Madrid la reavaló en un importe muy elevado, el 65%, y Cersa cubrió otro 10%. Este aval fue uno de los señalados por el Banco de España en el informe que tuvo como resultado una sanción de 95.000 euros a Avalmadrid y que aún debe resolverse en lo que a las sanciones propuestas para una quincena de sus consejeros y directivos se refiere. El organismo supervisor encontró irregularidades en un total de 167 operaciones. En concreto, en la del Club Social Santo Domingo descubrió que Avalmadrid no revisó sus riesgos con la periodicidad exigida por sus propias normas: semestralmente para riesgos superiores a un millón de euros y para riesgos en seguimiento especial. Además, los informes de seguimiento que hizo eran deficientes.

Posteriormente, en el informe que la propia Avalmadrid encargó a la consultora Forensic Partners para reevaluar esos 167 avales sospechosos, los analistas concluyen que la cuantía del aval para el Club Social Santo Domingo era “muy elevada en comparación con el importe medio” de las operaciones y que “no había razones económicas” para concederlo, ya que el expediente carecía de plan de negocio. Sólo se había presentado una cuenta de pérdidas y ganancias a tres años, lo que el informe considera “insuficiente”. Es más, asegura que esa carencia es “síntoma” de que el aval fue aprobado únicamente “por la garantía hipotecaria [un inmueble cuya tasación se redujo de 9,3 millones de euros a 2,3 millones] y por el reaval de la Comunidad de Madrid por un 65%”, un porcentaje que califica de “excepcional”.

El club social sólo presentó cuentas de 2010 y 2011, con pérdidas de 2,03 millones de euros y unos ingresos de únicamente 45.000 euros. Entró en concurso de acreedores en junio de 2013. A fecha de febrero de 2019, el aval tenía aún la calificación de moroso, con una deuda que suma a los 4,5 millones del aval otros 566.000 de intereses. Pero aún no había sido declarado fallido, por lo que ni la Comunidad de Madrid ni Cersa han tenido que cubrir todavía el impago.

Entre las operaciones con reaval de la Comunidad de Madrid y, además, con un porcentaje muy elevado de reafianzamiento, destacan las cinco concedidas a Construcciones Ruesma. Suman 1,46 millones de euros y cuatro de ellas fueron reavaladas por la Comunidad de Madrid en más de un 72%; la quinta, también en una cuantía elevado, un 64%. Eso sí, ninguno de estos avales ha sido declarado fallido.

Una política de reaval cuestionada por el Banco de España

La gestión del reafianzamiento realizada por Avalmadrid fue uno de los objetos de reproche del Banco de España en su informe. De hecho, el supervisor bancario envió un requerimiento a la sociedad de garantías para que cambiara su política de reavales: en las inspecciones que había llevado a cabo encontró 78,4 millones de euros en operaciones que carecían de reafianzamiento.

Avalmadrid se comprometió entonces con el Banco de España a implantar a partir del 1 de enero de 2013 un límite de reaval por operación financiera de un millón de euros. Pero tardó 19 meses en aplicarlo. Mientras tanto, continuó autorizando operaciones que superaban ese máximo. Su consejo de administración incluso aprobó un acuerdo para elevar el límite en un 75% y que pudiera también superarse en caso de novaciones, reafianzamientos y restructuraciones de avales en vigor, según destaca el informe del Banco de España. De esta forma, continúa el documento, mientras el reaval de algunas operaciones excedía el tope de riesgo recomendado por el supervisor bancario, otras se quedaban sin él porque Avalmadrid había agotado a mitad de ejercicio el importe anual concedido para ello por Cersa y la Comunidad de Madrid.

Ése es uno de los motivos tras el expediente y la sanción que el Banco de España le ha impuesto: ni aplicó en tiempo y forma un mandato para reducir la elevada concentración de riesgo que había detectado el supervisor ni mejoró sus mecanismos de seguimiento del riesgo como se le exigió.

La política de reafianzamiento de Avalmadrid cambió a partir de julio de 2014, cuando implantó un límite por operación financiera que debía ser equivalente a las cantidades máximas de reaval estatal y autonómico en cada momento y que Cersa fijó en un millón de euros. En 2018, el 90,5% de los avales –76,6 millones de euros– que concedió Avalmadrid contaban con refianzamiento, según consta en su informe anual.

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