Las comunidades sólo han contratado dos profesores extra por centro y un 57% no ha reducido los alumnos por clase

Sólo dos profesores más. Esa es la pequeña cifra de contrataciones que, de media, han realizado las comunidades autónomas en cada uno de sus centros para garantizar la seguridad en las aulas. Y eso a pesar de que la contratación de personal docente ha sido la partida en la que más han invertido las distintas regiones españolas los 2.000 millones de euros que recibieron de los fondos covid aprobados por el Gobierno. Hay diferencias, no obstante, si acercamos la lupa al mapa y analizamos comunidad a comunidad. Melilla, Ceuta, Murcia, Madrid, Cantabria y La Rioja se encuentran por encima de esa media y Aragón, Euskadi y Cataluña no llegaron a contratar ni a un sólo docente de media en cada uno de sus centros educativos. Esa escasez ha provocado que el 57% de las ecuelas no haya reducido el número de estudiantes por grupo con respecto al curso pasado, el 2019-2020. Una reducción de ratios, dijeron los expertos, fundamental para garantizar la distancia de seguridad y, por tanto, la presencialidad segura en las aulas. 

Los datos se desprenden del informe Cole Seguro: La seguridad de la educación en el primer trimestre del curso 2020/2021 [disponible aquí] realizado por la Plataforma de Infancia y Political Watch tras haber analizado más de 10.000 contratos públicos y haber entrevistado a 2.500 personas relacionadas con el ámbito educativo. El documento, explicó Carles López, presidente de la Plataforma de Infancia, durante la presentación online de sus resultados, tiene por objetivo "encender las luces que se apagaron cuando en marzo cerraron las aulas arrojando datos públicos y analizando cómo ha afectado la pandemia al conjunto del sistema educativo". 

La conclusión principal de ambas organizaciones es clara: los 2.000 millones de fondos covid que el Gobierno central acordó destinar al ámbito educativo han conseguido garantizar la presencialidad. Pero no del mismo modo en todas las comunidades ni en todos los centros escolares. Las autonomías han destinado la mayor parte de sus fondos a la contratación de personal docente, que ha supuesto un 55% de media de su inversión, según destacó Javier Pérez, director de Political Watch, durante la rueda de prensa. Pero no en todas las comunidades ha habido el mismo desembolso ni se ha traducido en el mismo número de profesores contratados. Por ejemplo, en La Rioja se ha invertido el 91,64% de los fondos en contratar profesores, mientras que otras regiones, como Galicia, han invertido menos del 30%.

En Melilla, de media en sus centros, se contrataron 5,3 docentes; en Ceuta, 4,7; en Murcia, 3,3; en Madrid, 3,1; en Cantabria, 3; y en La Rioja, 2,3. Al otro lado de la lista se encuentran Aragón, que apenas contrató a 0,4; Euskadi, 0,8; y Cataluña, 0,9. 

Según el informe realizado por las dos entidades, la mayoría de las autonomías optó por prolongar estas contrataciones extraordinarias para garantizar una vuelta al cole segura durante todo el curso 2020-2021, es decir, de septiembre a septiembre. Sin embargo, algunas sólo lo harán hasta finales de curso, es decir, hasta junio. Otras, por su parte, "han ido modificando el criterio a medida que avanzaba el primer trimestre e iba quedando claro que las medidas y planes de contingencia se iban a prolongar más de lo inicialmente previsto", señala el documento.

Especialmente polémica fue esta cuestión en la Comunidad de Madrid, la única que decidió dejar de contar con los docentes de refuerzo que había contratado cuando estos finalizaron su contrato el pasado 22 de diciembre. Desde entonces, advirtieron los sindicatos, 20.000 alumnos de la región, los más vulnerables, han visto aumentada la brecha con sus compañeros pertenecientes a familias más adineradas. 

La principal consecuencia de la falta de profesores suficientes está clara, según el informe: no se pueden hacer más grupos de alumnos que ayuden a reducir el número de personas por aula, lo que implicaría un aumento de la distancia de seguridad que ayudaría a prevenir posibles contagios de coronavirus. Según el estudio, un "preocupante" 57% de los centros no han podido hacerlo. Aun así, y en lo referente a medidas, un 54% de los centros ha podido habilitar nuevos espacios para impartir clases, un 88% ha aplicado medidas adicionales de ventilación, un 90% ha proporcionado gel hidroalcohólico y un 71% ha establecido grupos estables de convivencia, lo que ha demostrado que "el profesorado se ha tomado en serio la seguridad y que los estudiantes se han implicado en mantenerla", según celebró durante la rueda de prensa María Rodríguez, especialista en Educación de la Plataforma de Infancia. Por otro lado, un 40% de los centros proporciona mascarillas para todo el personal "siempre o la mayoría de las veces".

La desigualdad de la educación online

La vuelta al cole que tuvo lugar en septiembre ha sido la más difícil que se recuerda. A todos los niveles. Uno de los objetivos principales de la recuperación de la presencialidad era garantizar que las desigualdades que se habían generado durante la obligada educación online desaparecieran. Una encuesta realizada por Save the Children entre 2.290 familias españolas reveló que el 32% no cuenta con ningún equipo en funcionamiento —ni ordenador, ni portátil, ni tablet— y un 23% reconoció no disponer de los medios de conectividad adecuados para poder facilitar el acceso de los alumnos a los recursos ofrecidos por parte de las escuelas. Además, según CCOO, el 40,3% de los centros no tiene servicios en la nube a los que pueda acceder el alumnado, mientras que sólo un 12% de los centros educativos no universitarios cuentan con un entorno virtual para el aprendizaje del alumnado.

Los fondos covid no han podido acabar con ello. Según el informe, las comunidades hicieron un anuncio de inversión media de 22,25 euros por alumno en educación digital proveniente de esta partida, pero la mitad de las personas encuestadas considera que las metodologías de enseñanza no se han adaptado lo suficiente a las necesidades de la enseñanza a distancia. Especialmente en lo que respecta al alumnado vulnerable o con dificultades para al acceso a la información. Así, el 52% de la población encuestada considera que la educación digital en su centro es "regular o deficiente", un sentimiento que aumenta conforme la renta disminuye: mientras que las respuestas de la población con renta más baja considera que ésta es deficiente o muy deficiente en un 33%, la población con rentas más altas solo lo considera en el 12% de los casos.

Esa diferencia también queda patente si analizan los diferentes tipos de centro: en los públicos, sólo un 26% considera que la educación digital es "excelente o buena". En los concertados y privados este porcentaje asciende al 56% y al 61%, respectivamente. 

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Por otro lado, y según la encuesta realizada a la comunidad educativa, un 42% de los participantes manifiesta que se han facilitado equipos informáticos al alumnado para la educación digital, aunque en un 20% de los casos ha sido insuficiente, y solo un 29% de los profesores asegura que se le ha facilitado equipos informáticos, aunque un 9% de estos lo considera insuficiente.

Otra de las conclusiones a las que ha llegado el informe es que las familias, este año, han tenido que desembolsar más dinero de cara a la vuelta al cole. El 82% lo afirma así. De ellas, más del 50% afirma que este gasto ha sido sustancial.

Por último, precisamente ese mismo porcentaje, el 82%, asegura que las medidas adoptadas para frenar la expansión del covid-19 "están teniendo y tendrán a medio y largo plazo un impacto negativo sobre la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas y adolescentes". Por ahora, señala también el estudio, "no ha habido ningún anuncio de fondos destinados a ampliar los servicos de atención psicológica en los centros educativos".