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El juicio del 'procés'

El Congreso rechaza por inconstitucional la ley de amnistía para los presos del 'procés'

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet y el vicepresidente de la mesa del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez.

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La Mesa del Congreso, con apoyo del PSOE, PP y Vox y el voto en contra de Unidas Podemos, ha rechazado admitir a trámite la ley de amnistía que registraron los partidos independentistas catalanes para beneficiar a todos los procesados y condenados por el proceso independentista del referéndum del 1 de octubre de 2017.

La Cámara sigue así el criterio de los letrados, que según el informe al que tuvo acceso Europa Press desaconsejó tramitar esa iniciativa en la medida que, al suponer un indulto generalizado, "entraría en una contradicción palmaria y evidente" con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales. La última amnistía se aprobó en 1977, precisamente como paso previo a las Cortes Constituyentes.

Eso sí, la decisión de la Mesa del Congreso no ha sido unánime: la tramitación de la iniciativa ha sido rechazada por el PSOE, el PP y Vox, mientras que los tres miembros de Unidas Podemos han apoyado dejarla pasar, confirmaron a Europa Press fuentes de la formación.

Promesa de ERC, CUP, Junts y PDeCAT

Esta ley de amnistía fue registrada la pasada semana por Esquerra (ERC), Junts , la CUP y el PDeCAT, que ya habían prometido presentarla antes de la disolución del Parlament.

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La iniciativa de los partidos independentistas pretende amnistiar "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado", desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.

Junto con los diputados de los partidos independentistas acudieron al Congreso representantes de Amnistía i Llibertat y de Òmnium Cultural. La ANC ya se ausentó en el acto de presentación de la iniciativa el pasado mes de diciembre, en la Modelo de Barcelona, al considerar que su aprobación en las Cortes no es viable.

Aunque tanto el PNV como Compromís estaban dispuestos a apoyar su tramitación, desde la parte socialista del Gobierno ya se había advertido de su inconstitucionalidad. La propia portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ya avanzó su voto en contra alegando que no tenía encaje en la constitución.

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