La corrupción y otros ocho asuntos de los que el PP no quiere hablar en la campaña de Castilla y León

El presidente de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea .

Este viernes arranca oficialmente la campaña en Castilla y León. Se trata de unas elecciones adelantadas por el presidente castellano y leonés, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 20 de diciembre y con las que busca que el Partido Popular gobierne en solitario, tras dos años y medio de coalición con Ciudadanos. Pese a que los populares llevan 35 años presidiendo la región, sostienen que algunos de los problemas endémicos que afectan a Castilla y León son responsabilidad del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez.

Mañueco, arropado por toda la dirección del PP, defiende que es el candidato "del campo" y ha puesto en el centro de su discurso las macrogranjas, tras tergiversar unas declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la mala calidad de la carne que produce la ganadería intensiva. El candidato del PP también minimiza los problemas de despoblación y de fuga de talento que afectan a su comunidad autónoma desde hace años y acusa a la oposición de alentar una suerte de "catastrofismo demográfico".

El de la despoblación es uno de los temas que se le atraganta a Mañueco. Pero no es el único: la corrupción del PP de Salamanca, que le involucra directamente, es otro de ellos y a pocos se les escapa que el adelanto electoral llegó apenas unos días después de la imputación del partido en un caso de presunta financiación ilegal relacionado con las primarias del año 2017, que dieron la victoria precisamente al actual barón popular. infoLibre recopila los detalles de este y otros debates que el PP ha tratado de esconder durante el transcurso de la precampaña. 

1. Las primarias de Mañueco, bajo sospecha de fraude

En la investigación abierta en Salamanca, todo gira en torno a lo sucedido en las elecciones primarias que en marzo 2017 ganó Fernández Mañueco, entonces alcalde de la capital salmantina. Los agujeros negros contables del sistema utilizado para poner al día las cuotas de parte de los afiliados morosos –había 4.913– y que así pudieran votar condujeron a la justicia a imputar al PP como persona jurídica –algo que no era posible antes de 2013- así como al presidente del partido en Salamanca, Javier Iglesias, y a la gerente provincial, Isabel Sánchez. Estos afiliados podrían haber decantado la balanza en favor de Mañueco para evitar que este perdiera frente a Antonio Silván, entonces alcalde de León. El dinero, según el relato oficial, provino de "donaciones altruistas de altos cargos del partido".

La comparecencia se celebró de manera telemática el pasado 17 de enero y ambos, tanto el presidente del partido en Salamanca como la representante popular, se negaron a declarar. Esa negativa contrasta con la promesa del PP de mantener una "total colaboración con la justicia", pese a que han recurrido la mayoría de autos del juzgado. Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos han tratado de situar este hecho en el foco mediático y el exvicepresidente Franciso Igea ha llegado a afirmar que Javier Iglesias le admitió la ilegalidad cometida, mientras que Fernández Mañueco se ha limitado a afirmar que él está "tranquilo".

2. La ruptura interesada del gobierno de coalición

Tras la moción frustrada de Ciudadanos en la Región de Murcia y la convocatoria electoral anticipada en la Comunidad de Madrid, la posibilidad de emular ese movimiento en Castilla y León y también en Andalucía se convirtió en una hipótesis recurrente. Fernández Mañueco siempre lo negó. También Igea, que votó en contra de la moción de censura presentada por el candidato del PSOE, Luis Tudanca, en marzo del pasado año. El barón popular llegó a decir, escasos días antes de que adelantar los comicios, que se trataba de "invenciones" de los periodistas.

Pero el 20 de diciembre, finalmente, realizó el anuncio tras expulsar a los miembros de Cs del Ejecutivo. El presidente popular lo justificó alegando una supuesta “traición” de sus socios. Les culpó de "pactar los presupuestos" autonómicos con los socialistas "a espaldas del presidente" y de tratar de "chantajearle". Nunca ha puesto sobre la mesa ninguna prueba de que semejante moción sea algo más que un temor, pero ha servido para crear el relato, replicado por miembros de la dirección, de que su Gobierno estaba amenazado por una operación de la izquierda con el apoyo de los naranjas.

3. Castilla y León será la región que más población pierda de aquí al 2035

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Castilla y León ha perdido casi medio millón de residentes (471.093 habitantes menos) desde los años 50, a diferencia de la expansión demográfica que se ha dado en el conjunto del país, que ha sumado casi 20 millones de habitantes. A partir del año 1988 –tan solo un año después de que el PP entrara en la Junta de Castilla y León–, la región registró menos nacimientos que defunciones. Desde ese año, la situación no se ha invertido, sino que la brecha con la media española se ha acentuado: 4,7 puntos de diferencia en 2019, frente a los 2,3 de 1985.

La situación ha ido a peor con la llegada de la pandemia. Según los datos del INE, en 2020 se registró el mínimo histórico del saldo vegetativo (–5,9 por 1.000 habitantes), producto de una alta tasa de mortalidad (11,9) en ascenso por el envejecimiento de la población y una baja tasa de natalidad (5,9). Las previsiones de cara al futuro tampoco son optimistas, ya que el INE prevé que sea la región que más población pierda de aquí al año 2035. Sin embargo, para el líder del PP, Pablo Casado, su formación es la "que ha representado la lucha contra la despoblación desde hace tiempo".

4. La fuga de jóvenes a otras comunidades

Castilla y León es también la comunidad autónoma con más jóvenes viviendo en otras partes del territorio. Esas fugas migratorias se han producido, históricamente, hacia la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Comunitat Valenciana, según datos del padrón municipal de 2020. La autonomía madrileña cobija a casi cuatro de cada diez personas nacidas en la región, con un total de 384.532 habitantes. A esto se le suma que es la segunda comunidad autónoma más envejecida de España, por detrás de Asturias, con un peso de la población de 65 años o más del 25,5%.

Pero para el presidente de Castilla y León esto no es necesariamente negativo. "No pasa nada por que los jóvenes tengan la oportunidad de salir porque se pueden dar cuenta de que lo que tenían en casa era muy importante", aseguró durante su participación en el "Debate Ciudadano" organizado por la Universidad de Valladolid para abordar las políticas europeas sobre el reto demográfico. Asimismo, en un intercambio en las Cortes de Castilla y León con el socialista Luis Tudanca le llegó censurar su "catastrofismo demográfico".

5. La plataforma de la España Vaciada

El adelanto electoral en Castilla y León ha complicado su esperado estreno autonómico a La España Vaciada, por la falta de tiempo para preparar sus candidaturas. No obstante, el nuevo movimiento político sí se presenta. A tenor de las encuestas publicadas, la que más probabilidades tiene de prosperar es la papeleta de Soria ¡Ya!, una histórica organización que dará al salto al ruedo electoral, a la que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) le otorga entre 2 y 3 procuradores.

Sin embargo, el PP insiste en que estas plataformas tienen un marcado perfil izquierdista y actúan como "marca blanca" del PSOE ya que su único propósito es arrebatar votos a Fernández Mañueco para dárselos a Luis Tudanca. Según Casado, "contra la despoblación no luchan los políticos" –aunque él mismo asegura que su partido es el que mejor representa esa reivindicación–, sino los agricultores, los ganaderos, los emprendedores que plantean negocios en las áreas rurales y los cazadores. Sin embargo, desde la propia plataforma desmienten este supuesto y aseguran que sus apoyos se decidirán en función de las contrapartidas que les ofrezcan.

6. Las cuatro provincias sin servicio de atención oncológica

Las provincias de Soria, Ávila, Segovia, Palencia y la región del Bierzo no tienen servicio de atención oncológica y sus habitantes están obligados a veces a hacer cientos de kilómetros si quieren recibir un tratamiento. El informe ‘Acceso al tratamiento de Radioterapia’, de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR), publicado en 2020, ya evidenciaba las desigualdades de las personas que residen en estos municipios y calculaba que los costes asociados al tratamiento lejos de casa –alojamiento, desplazamiento, comidas, fármacos para los efectos secundarios, los derivados de la pérdida de ingresos y los de contar con ayuda profesional– eran de unos 1.100 euros.

El presidente de la Junta de Castilla y León se ha comprometido a solucionar esta situación. En algunos casos recurriendo al a la privatización de los servicios. "Habrá más recursos humanos, más equipamientos, medios tecnológicos y mejor transporte sanitario de emergencias en todo el territorio de Castilla y León", aseguró recientemente. La misma promesa que había realizado en el año 2019, ya que las competencias sanitarias están transferidas desde hace dos décadas a la comunidad.

7. Los problemas del campo y las protestas por las macrogranjas

El PP presume de ser el partido "del campo" y prueba de ello son los escenarios en los que decide hacer campaña, en pequeñas –o grandes– explotaciones agrarias. Sin embargo, la situación del sector agrario está lejos de ser idílica. En 2018 se registraron 92.083 explotaciones agrícolas, casi la mitad que en 1999 (175.454). Este descenso está relacionado con los problemas estructurales del sector agrario derivados del reducido relevo generacional, el déficit de infraestructuras hidráulicas, las limitadas sinergias con la industria, la lentitud en la adaptación a los nuevos cambios o demandas del mercado, las insuficientes iniciativas de cooperativas y organización de productores y el débil desarrollo de la agricultura ecológica, según el diagnóstico del informe de CaixaBank Research correspondiente a la economía de Castilla y León.

Además, con las macrogranjas en el centro del debate, el PP también encuentra oposición desde su propia comunidad. En Soria hay un fuerte rechazo a la creación de una macroexplotación lechera del tamaño de 120 campos de fútbol en Noviercas, un pueblo de 155 habitantes. Las plataformas vecinales en contra de la ganadería industrial en esta comunidad van a exigir a los partidos que se mojen y la tolerancia que el PP ha mostrado a estos proyectos no va a pasar desapercibida.

8. En la zona baja de la tabla de competitividad de la UE

La región se posiciona en la zona media-baja del Índice de Competitividad Regional de la Unión Europea, ocupando la posición 205 de 268 (la número 11 entre las regiones españolas). Este resultado se debe principalmente a un peor posicionamiento en los pilares de eficiencia del mercado de trabajo, estabilidad macroeconómica y sofisticación de las empresas.

Su porcentaje de población empleada sobre el total de población también es levemente inferior a la media española, al igual que la productividad por trabajador de la región –medida como el cociente entre PIB y empleo– que también está por debajo de la media nacional.

9. La gestión de la pandemia y el polémico toque de queda a las 20 horas

El candidato del PP a la reelección como presidente de Castilla y León quiere replicar el éxito de la lideresa madrileña Isabel Díaz Ayuso. Y para conseguirlo ha construido una campaña en la que trata de parecerse a ella, hablar como ella, desafiar como ella. Ahora Mañueco pone a Ayuso como "modelo de éxito", ejemplo a imitar. “Sus políticas son las que quiero llevar a cabo en Castilla y León”, llegó a decir hace dos semanas en un acto en Madrid en el que se olvidó de sus propias políticas para gestionar la pandemia.

Castilla y León ha sido una de las comunidades con más medidas restrictivas durante la crisis sanitaria. El Ejecutivo de Fernández Mañueco abogó por cierres masivos, restricciones en la hostelería y polémicos toques de queda a las 20 horas de la tarde, lo que no se ajustaba a las directrices que se habían proporcionado desde el Gobierno central, que acabó recurriendo la medida ante los tribunales al considerar que no se ajustaba a derecho. El Tribunal Supremo acabó dando la razón a Pedro Sánchez.

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