Los abusos de la banca

Las cuentas pendientes con la justicia de algunos banqueros que hundieron las cajas

Imagen del juicio en 2015 en la Audiencia Nacional a varios exdirectivos de Novacaixagalicia.

La reciente confirmación por parte del Tribunal Supremo de la condena a dos exdirectivos de Novacaixagalicia a devolver 10,4 millones de euros por sus prejubilaciones irregulares y el juicio que se inició esta semana en la Audiencia de Alicante contra el consejo de administración de la extinta Caja del Mediterráneo (CAM) por los 600.000 euros de dietas que admitió haber cobrado de forma ilegal el que fuera su presidente entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, han devuelto a la actualidad los abultados cobros en conceptos diversos recibidos por directivos de entidades de ahorro arruinadas y rescatadas por el Estado.

infoLibre detalla a continuación quiénes son los banqueros que ganaron miles de euros antes de la bancarrota y qué procesos judiciales encaran en el futuro o han enfrentado en los últimos años: 

  Novacaixagalicia

El Tribunal Supremo confirmó el pasado abril que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso y Gregorio Gorriarán Laza deberán pagar 10,43 millones de euros al FROB por el cobro de unas prejubilaciones millonarias que se adjudicaron "mediante engaño" en plena crisis bancaria. Pego Alonso deberá devolver 6,47 millones de euros y Gorriarán Laza, 3,96 millones. 

La sentencia corrobora cómo los exdirectivos de Novacaixagalicia maniobraron para multiplicar sus retribuciones mientras la entidad se hundía. En octubre de 2015, ambos habían sido condenados por estos hechos a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. Además, Fernández Gayoso y Ricardo Pradas fueron considerados cooperadores necesarios de esos mismos delitos. Y todos entraron en prisión. De hecho, fueron los primeros banqueros en hacerlo. El Estado aportó a esta entidad una suma importante: 12.279 millones de euros, mientras que fue vendida por poco más de mil millones de euros.

  Caja del Mediterráneo (CAM)

El caso de la CAM, que se ha integró en diciembre de 2011 en el Banco Sabadell, es el más sangrante de las cajas de ahorros, pues es la que más dinero ha necesitado para ser reflotada: 26.301 millones de euros de los cuales el Estado aportó 4.443 millones a través del FROB y la banca 21.858 millones por medio del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. El proceso de rescate no ha terminado por lo que se desconoce la factura definitiva.

El pasado lunes, el que fuera presidente de la CAM entre 2009 y 2011, Modesto Crespo, se declaró culpable del cobro indebido de 600.000 euros como presidente de Tinser Cartera, sociedad que pertenecía a la caja alicantina. Lo hizo ante los jueces de la Audiencia Provincial de Alicante, encargados de esclarecer si él, López Abad y los 19 componentes del consejo de administración maniobraron para que Crespo se beneficiara de una retribución que, según el fiscal, vulnera los estatutos de la caja.

Por otro lado, resultan llamativas las cuantías que se fijaron otros de sus directivos por diferentes conceptos retributivos (prejubilaciones, rentas vitalicias, pagas de beneficios, aportaciones a planes de pensiones...) en los años 2010 y 2011, justo antes de su bancarrota. No obstante, la Audiencia Nacional no pudo probar irregularidad alguna en el cobro de estas retribuciones, que ascendieron a unos 47 millones de euros. Por ejemplo, el que fuera director general entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, se embolsó 5,5 millones de euros brutos en junio de 2011 cuando ya había dejado ese puesto pero era consejero, apenas tres semanas antes de que el Banco de España interviniera la caja.

Peor suerte corrió la que fuera su predecesora en el cargo, María Dolores Amorós, que cuando tomó las riendas de la entidad en noviembre de 2010 se autofijó un sueldo de 600.000 euros y una pensión vitalicia de 369.467 euros. Tras ser despedida por el Banco de España apenas diez meses después por, entre otros motivos, falsear los balances de la extinta caja, reclamó una indemnización de diez millones de euros en concepto de lucro cesante que le fue denegada por sentencia judicial en marzo de 2012. La jueza también le negó el derecho a cobrar la citada pensión, cuya asignación consideró merecedora "del máximo reproche y sanción"

  Caja Madrid

En enero de 2015, la Fiscalía Anticorrupción denunció ante la justicia presuntas irregularidades en las retribuciones recibidas por la cúpula de Caja Madrid entre 2008 y 2010. En concreto, por el incremento irregular de sueldos, indemnizaciones y planes de pensiones supuestamente fraudulentos durante la época en la que el fallecido Miguel Blesa era presidente (1996-2010). El FROB, que llevó este tema a la Fiscalía, calculó el perjuicio provocado por estos sobresueldos en 14,8 millones.

Según el ministerio público, los miembros del comité de dirección de la entidad habrían percibido en esos años un total de 8,57 millones de euros de forma "irregular" mediante incrementos de sueldos fijos y variables anómalos, deducciones fiscales fraudulentas e indemnizaciones por despido. En enero del año pasado, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel tanto para Blesa, que falleció seis meses después, como para el que fuera director general Ildefonso Sanchez Barcoj por haber subido los sueldos de los directivos un 16% a pesar de la recomendación de Comisión de Retribuciones de aumentarlos en un 4,5%. El caso está a la espera de juicio. 

​​​​​ Catalunya Caixa

También se encuentran pendientes de juicio el expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y el que fuera director general Adolf Todó por los sobresueldos que cobraron en plena crisis, antes de la intervención del FROB. La Fiscalía, que los acusa de un delito continuado de administración desleal y que reclama para ellos cuatro años de prisión, mantiene que causaron "un perjuicio claro y directo" y que buscaron "únicamente el beneficio propio". Hay otros 39 acusados, en su mayoría miembros del consejo de administración, para los que el ministerio público pide una pena de tres años de privación de libertad por el mismo delito. Además, tras considerar el Supremo que tanto Todó como el exconsejero delegado Jaume Masana fueron despedidos de forma improcedente, fueron indemnizados con 600.000 euros cada uno. 

El predecesor de Todó, Josep Maria Loza, se marchó de la entidad en 2008 con una compensación de 10,7 millones de euros. Según el acta de 19 de febrero de ese año, esa partida, que se consideró "habitual en el mercado", se aprobó por unanimidad, informó El País. Loza insinuó en 2013 en una comisión de investigación en el Parlament de Catalunya "la posibilidad" de devolver esa indemnización, aunque no ha trascendido si llegó a hacerlo. Además, el diario El Mundo publicó en 2015 que la Fiscalía estaba investigando si 5,2 de esos 10,7 millones de euros habían sido cobrados en fraude de ley. Catalunya Caixa, entidad que surgió tras la fusión de Caixa Catalunya, Caixa Manresa y Caixa Tarragona, recibió un total de 13.221 millones de euros en ayudas públicas y fue comprada por el BBVA en 2014 por 1.165 millones.  

  Caja Segovia

Asimismo, se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Segovia tres exconsejeros y ocho exdirectivos de la desaparecida Caja de Ahorros de Segovia por la aprobación de prejubilaciones millonarias, que se estima que causaron un perjuicio de más de 24 millones de euros.

El pasado 3 de mayo, el que fuera director general de Caja Segovia durante once meses, hasta finales de 2011, Miguel Ángel Sánchez Plaza, reconoció en la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León en la que se está analizando la gestión de las cajas de ahorros, que al abandonar la entidad percibió en compensación un total de 6,96 millones de euros en concepto de prejubilación y el resto en compromisos por pensiones, pero se quejó de que resultó perjudicado respecto de otros directivos que luego salieron y que no contaban con "requisitos tan gravosos". 

  Penedés Caixa

Los primeros banqueros condenados, pero que no entraron en la cárcel, fueron, en 2014, los integrantes de la cúpula de Caixa Penedès por un delito continuado de administración desleal. El magistrado José María Vázquez Honrubia impuso una pena de dos años de prisión al exdirector general de Caixa Penedès Ricard Pagés y a los exdirectivos Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas por autoconcederse 31,6 millones de euros en planes de pensiones y pólizas. Los procesados evitaron su ingreso en prisión porque devolvieron 28,6 millones de euros, y reconocieron su culpabilidad ante el tribunal. 

La entidad producto de la fusión entre Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra, que se denomina Banco Mare Nostrum (BMN), necesitó una ayuda pública en febrero de 2013 de 1.646 millones de euros para evitar la quiebra. Tras la venta de BMN a Bankia, confirmada el pasado enero, el Estado apenas ha recuperado un tercio de esa inversión. No obstante, según el FROB, de no haberse producido la fusión las pérdidas públicas podían haber sido mayores porque BMN tenía muy comprometida su viabilidad.

  Bancaja

También los directivos que llevaron a la bancarrota a la caja valenciana y su entidad filial, Banco de Valencia, intentaron blindar sus remuneraciones antes del hundimiento. En la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011, BFA, que ya estaba en proceso de nacionalización, se recogía que Bancaja tenía asumidos con su exdirector Aurelio Izquierdo el compromiso de abonarle 13,9 millones de euros en pensiones y compromisos de prejubilacion. Él, sin embargo, asegura no haberlos cobrado y mantiene que sólo recibió 153.272,64 euros cuando fue despedido de la Fundación Bancaja en marzo de 2015. 

Asimismo, el que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cuatro años de cárcel por la compra por parte de la entidad de una piscifactoría del exministro socialista Antonio Asunción, pactó una indemnización de 7,1 millones de euros que asegura no haber cobrado. Parra era el número dos de José Luis Olivas, que presidió entre 2004 y 2010 tanto Bancaja como su filial Banco de Valencia. De ahí pasó en diciembre de 2010 a ser vicepresidente de Bankia, de donde dimitió en noviembre de 2011, tras la intervención de Banco de Valencia, del que se supo después que tenía un agujero de 17.000 millones. Olivas no cobró indemnización, pero sí mantuvo los derechos de pensión adquiridos. También se embolsó 1,7 millones por los apenas diez meses que estuvo en Bankia. 

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