Educación

El curso arranca con una ley educativa a dos velocidades y en fase de revisión en el Congreso

Alumnos se dirigen a un colegio en Valencia, este lunes.

La polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo parlamentario del PP en 2013 seguirá marcando la pauta en las aulas en este nuevo curso que acaba de comenzar. No obstante, aunque su esqueleto sigue en pie, el Gobierno sí ha reconsiderado algunos de sus puntos más polémicos (reválidas, itinerarios...), como consecuencia de la pérdida de hegemonía política del partido que lo sustenta.

Estas concesiones –reiteradamente reclamadas por parte de la comunidad educativa– también se han interpretado como un intento del Ejecutivo por allanar el camino hacia un pacto educativo inédito en España y que debaten en el Congreso los grupos parlamentarios y los expertos. El objetivo de ese acuerdo, que tiene entre sus principales escollos el papel de la concertada o la enseñanza de religión en las aulas, es que ponga los cimientos de una nueva ley. 

Pero hasta que esa nueva norma llegue, las comunidades que no están en manos del PP intentan minimizar su impacto en el ámbito de sus competencias. Aunque se trata de una ley de ámbito estatal, las autonomías tienen cierto margen de maniobra en cuanto a la aplicación curricular: pueden definir los horarios lectivos máximos, complementar los contenidos de algunas materias o determinar cuáles serán las asignaturas de libre configuración autonómica. 

Escenario desigual

De hecho, a estos márgenes de autonomía se agarran las comunidades no presididas por los conservadores para minimizar el impacto de la reforma. Andalucía (PSOE), por ejemplo, ha mantenido la asignatura de Educación para la Ciudadanía en Primaria en el bloque de libre configuración autonómica, que incluye a la Lengua Cooficial (en el caso de que se tenga) y otras a determinar por la autonomía. La Junta tampoco ha adaptado el proceso selectivo de los directores de colegios e institutos a la Lomce, que prevé dar más poder a la administración en su designación porque recorta el número de representantes de la comunidad educativa en las comisiones de selección. 

En relación a materias concretas, Cataluña (Junts pel Sí) y Andalucía, Extremadura y Asturias (PSOE) han blindado Historia de la Filosofía en 2º de Bachillerato en contra del espíritu de la Lomce, con la que perdió su carácter obligatorio. Por otro lado, Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura, todas ellos en manos de los socialistas, han intentado limitar el impacto de la asignatura de Religión –que con la reforma de 2013 pasó a contar para la media y para acceder a becas– reduciendo su horario, si bien se han encontrado con la oposición de los tribunales tras los recursos presentados por los obispos y los profesores de esta materia confesional. 

La Justicia también está poniendo límites a la pretensión de los gobiernos autonómicos de la Comunitat Valenciana (PSPV-Compromís) y Aragón de reducir progresivamente la red educativa concertada, privada subvencionada con fondos públicos y mayoritariamente religiosa. Ambas comunidades defienden una agenda con puntos en común que tiene, entre sus objetivos, poner fin al "desmantelamiento de la educación pública" puesto en marcha por el PP en anteriores legislaturas.

La Lomce rebajó la preeminencia legal de la escuela pública sobre la concertada e incluye conceptos como el de la "demanda social" a la hora de planificar la oferta de plazas. Es decir, que si hay familias que prefieren llevar a sus hijos a la concertada en vez de la pública, la Administración tiene que ofrecer más plazas de concertada. También estableció para las administraciones educativas la obligación de garantizar "la existencia de plazas suficientes", sin especificar –como se había hecho desde 1985– que debería utilizarse para ello de forma preferente la red pública.

Este escenario desigual, unido a las declaraciones políticas manifestadas desde el Ministerio de Educación (que defiende que hay que cumplir lo que marca la ley) y desde las autonomías opositoras (que no han dejado de intentar minimizar su impacto) han contribuido a generar una cierta sensación de caos en el sector educativo. De ahí que los expertos insistan en la necesidad de abordar un pacto educativo basado en el consenso para intentar mantener el sistema educativo a salvo de los vaivenes políticos

Las cesiones del Gobierno

En todo caso, es importante reseñar que la presión de la comunidad educativa y el menor peso político del PP en las comunidades autónomas tras elecciones de mayo de 2015 han forzado al Ministerio de Educación a modificar parcialmente el espíritu de la Lomce a través de sus desarrollos legislativos. Sin duda la rectificación más relevante fue la suspensión del carácter académico de las pruebas externas de ESO y Bachillerato hasta que se pueda acordar un nuevo pacto educativo, tal y como Rajoy anunció en octubre de 2016.

Las polémica reválida prevista al finalizar 4º de ESO se hizo, pero con carácter muestral, no obligatoria para todos los alumnos; y sin ser necesaria para obtener el título y poder seguir estudiando. En el caso de la de Bachillerato, la prueba fue muy similar a la antigua selectividad porque no sirvió para titularse, pero sí para acceder a la Universidad. El Gobierno también accedió a reducir el impacto de las pruebas de diagnóstico previstas en Primaria, permitiendo a las comunidades escoger si las hacen todos los alumnos o sólo una selección de ellos. 

Por otro lado, el Ejecutivo también accedió el pasado otoño a eliminar los itinerarios previstos ya en 4º de ESO y que suponían distintas vías de salida en función de si los alumnos pretendían estudiar el Bachillerato de Letras, el de Ciencias o Formación Profesional. Asimismo, el Gobierno ha aceptado que los alumnos puedan obtener el título de la ESO con menos de un 5 de nota media y con dos asignaturas suspensas que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, tal y como ocurría antes de la Lomce. 

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