Corrupción

La decisión sobre si la mujer de Bárcenas debe ser ya encarcelada divide al tribunal

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, ha llegado en torno las 10.20 horas a la Audiencia Nacional.

La decisión sobre si la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias, y otros siete condenados del caso Gürtel deben ingresar ya en prisión como pide la Fiscalía ha dividido al tribunal. A diferencia de lo ocurrido con el extesorero del PP y otros dos sentenciados a largas penas para los que la sala decretó por unanimidad el inmediato encarcelamiento, la resolución relativa a los demás quedó aplazada y no se conocerá antes del miércoles.

El futuro de Rosalía Iglesias, condenada a 15 años y en quien Anticorrupción aprecia riesgo de fuga, genera máxima expectación ante la sospecha de que su marido podría reactivar la entrega de datos hasta ahora ocultos y perjudiciales para el PP si finalmente es enviada a la cárcel antes de que el Supremo revise el fallo. En defensa de su permanencia en libertad, Iglesias recalcó ayer ante el tribunal que no piensa viajar a ningún sitio hasta que pueda hacerlo con su marido.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre sostienen que, dado cómo se desarrollaron este lunes las llamadas vistillas –comparecencias de los acusados ante el tribunal que ha de decidir sobre las medidas cautelares– y toda vez que uno de los tres magistrados del tribunal original, el progresista José Ricardo de Prada, ha sido excluido, lo previsible es que la sala adopte una resolución muy benévola para Iglesias. Y que ese criterio beneficie a los otros condenados que han quedado en espera.

Si realmente se materializa esa hipótesis –porque, de momento, es solo eso–, algunos observadores de primera línea ya aventuran que el principal efecto sería el de una especie de devaluación de una sentencia cuyas conclusiones sobre la caja B del PP, la escasa credibilidad del presidente y el "sistema de corrupción institucional" han provocado un auténtico terremoto político. 

La exclusión del juez progresista, otro elemento de duda

Valiéndose del voto de calidad de su presidente, el conservador Carlos Lesmes, para deshacer el empate –cuatro a cuatro– suscitado por la cuestión, la comisión permanente del Poder Judicial (CGPJ) había excluido del tribunal a primera hora de la mañana a uno de los dos jueces cuyo voto resultó clave para condenar al PP como beneficiario económico de la trama: el progresista José Ricardo de Prada, ahora en servicios especiales en La Haya. 

El CGPJ deniega a Prada su solicitud para intervenir en las llamadas vistillas de medidas cautelares basándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Pero, como subrayan fuentes jurídicas que representan posiciones muy distintas, el hecho de que cuatro vocales de la comisión permanente se pronunciaran a favor de la permanencia de De Prada pone en solfa ese argumento. De esos cuatro vocales, tres pertenecen al ala progresista y minoritaria de la judicatura. Pero el cuarto es Fernando Grande-Marlaska, designado a propuesta del PP y que antes presidió precisamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La salida de De Prada altera la correlación de fuerzas. Julio de Diego, el otro magistrado cuyo criterio ha resultado nocivo para el PP, y Ángel Hurtado, presidente del tribunal y el único de la tripleta original que se opuso a que la formación conservadora fuese declarada partícipe a título lucrativo, quedan así a expensas del criterio final de la magistrada que ha sustituido a De Prada: María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia y adscrita al sector conservador. 

Duplá fue quien formalmente impulsó en noviembre un cambio retroactivo en la composición de la sala que en su día juzgará la pieza específica sobre la caja B del PP, es decir, la conocida como la de los papeles de Bárcenas. Ese cambio implicó sacar a De Diego del tribunal y reemplazarlo por Juan Pablo González. Al final, y a requerimiento de las acusaciones, González fue apartado por su proximidad al PP.

De Prada no solo sale del tribunal de Gürtel a efectos de la decisión sobre medidas cautelares. También queda vetado para participar en el tribunal si alguna de las partes afectadas por la sentencia pide que se aclare o rectifique algún error material del texto.

En teoría, ninguna de esas aclaraciones o rectificaciones pueden afectar al fondo de la resolución. Pero juristas consultados por infoLibre subrayan que, dada la repercusión política de la sentencia, cualquier cambio que, por ejemplo, "aclarase" la parte relativa al papel del PP en cuanto a beneficiario económico alcanzaría relevancia. 

Regreso a Soto del Real

La resolución en la que el tribunal sí encontró este lunes una pronta unanimidad ha devuelto a Luis Bárcenas a la cárcel de Soto del Real, donde ya había pasado 19 meses durante la fase de instrucción. Condenado a 33 años y cuatro meses, el extesorero ingresó en la penitenciaría junto con Guillermo Ortega (38 años de condena), exalcalde de Majadahonda; y el exconsejero madrileño Alberto López Viejo, sentenciado a 31 años y nueve meses. 

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión para 11 condenados por riesgo de fuga y al tratarse de penas elevadas. Además de para Bárcenas –sobre quien el tribunal recalca en su auto de prisión que mantiene oculta parte de su fortuna– , Ortega y López Viejo, el ministerio público ha pedido cárcel para los siguientes: Ricardo Galeote (condenado a 7 años y 10 meses), la ya mencionada Rosalía Iglesias, (15 años y 1 mes ), el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años y 4 meses) el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (17 años y siete meses); la exjefa de gabinete de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (14 años y ocho meses); uno de los abogados de Correa, Antonio Villaverde (8 años y 2 meses); el exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno (15 años y dos meses); el exmiembro del Comité Ejecutivo, el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (5 años y nueve meses).

Las fiscales Concepción Sabadell y Concepción Nicolás han seguido el criterio de pedir prisión incondicional para todos aquellos que han sido condenados a más de cinco años, alegando para la mayoría de ellos el riesgo de fuga. De este modo, para el exdiputado del PP Jesús Merino (tres años y siete meses); el testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez; el asesor de López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás (tres años); y la mujer del exviceconsejero, Teresa Gabarra (cuatro años) se han interesado medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales, informa la agencia Europa Press.

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