Xenofobia

La denuncia contra Abascal por llamar violadores a los extranjeros amenaza con dejar al líder de Vox en manos del Supremo

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante su participación en un acto publico de en Sevilla.

Año y medio después de que una asociación de inmigrantes con sede en Reus (Tarragona) denunciase a Santiago Abascal por delito de odio, el caso amenaza con poner al líder de Vox en manos del Supremo. El  alto tribunal, el único que puede investigar penalmente a los diputados al Congreso, ha devuelto la denuncia a la jueza de Madrid que se la había remitido. Y lo ha hecho, aseguran las fuentes consultadas en el TSJ madrileño, para que realice las averiguaciones necesarias y si encuentra indicios de delito de odio eleve una exposición razonada. Es decir, el escrito con que los jueces de instrucción piden la imputación de un político al  tribunal ante el que este goza de aforamiento. El origen del caso se sitúa en un debate electoral de noviembre de 2019. Fue ahí, en el plató de TVE, donde Abascal afirmó que tras el caso de La Manada de los sanfermines de 2016 "ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros". Aquella afirmación se demostró muy pronto falsa. Pero Abascal insistió en ella meses más tarde.

Es el juzgado de instrucción 44 de Madrid el que mantiene abiertas diligencias sobre esta denuncia. En noviembre de 2019,  fue presentada en Reus por el presidente de la asociación de inmigrantes Watani, el abogado Hilal Tarkou. La denuncia tiene su origen en una de las frases que durante el debate electoral organizado por TVE soltó el líder de Vox el 4 de noviembre de 2019. Lo que dijo Abascal entonces fue que, tras el caso de La Manada de los sanfermines de 2016 "ha habido más de 100 manadas y el 70% de quienes están imputados son extranjeros". Aquella afirmación se demostró muy pronto falsa. Pero el jefe de la ultraderecha parlamentaria insistió en ella meses más tarde.

La titular del juzgado madrileño ya ha ofrecido a los denunciantes que se personen como acusación particular. Y les ha requerido la "grabación del programa de TVE1 en el que Santiago Abascal profirió las manifestaciones y expresiones a las que se refiere su denuncia, o bien aporten los datos que permitan solicitar a TVE1 dicha grabación"

El escrito remitido a Watani  lleva fecha de 12 de mayo de 2021. Y la denuncia se había presentado en Reus el 6 de noviembre de 2019. En medio, sucedió algo que alargó los tiempos. Lo primero, que la denuncia se dirigía también contra Iván Espinosa de los Monteros. ¿Por qué? Porque al hilo de lo proclamado por Abascal en el debate de TVE, el portavoz parlamentario de Vox lanzó días después en otra cadena, Antena 3,  una de las ideas que forman ya parte del acervo propagandístico de la extrema derecha contra los inmigrantes: que "un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español".

Aquella denuncia viajó desde un juzgado de Reus hasta otro de Alcobendas, a pocos kilómetros de Madrid, porque es allí donde tiene su cuartel general Antena 3. Pero la jueza de Alcobendas que se hizo con el caso en febrero de 2020 consideró, nueve meses más tarde y sin contactar con los denunciantes, que debía dar dos pasos: uno de carácter burocrático, que consistió en remitir a los juzgados de la capital la parte que afectaba a Abascal dado que allí se localiza la sede social de TVE; de forma simultánea, adoptó una segunda y más relevante decisión: archivar la parte que concernía a Espinosa de los Monteros. Su argumento se resume así: que aunque pudiera resultar "odiosa, ser errónea y absolutamente desafortunada", la frase que este había pronunciado en el programa Espejo Público no constituía delito. Y que, además, se enmarcaba en un "contexto" determinado: campaña electoral.

La bifurcación de la denuncia original ha tenido así consecuencias. Mientras que la jueza de Alcobendas, Rosa María Gascón, no practicó ninguna diligencia y así se desprende de su auto de archivo, la magistrada ya ha intentado dejar el caso bajo la jurisdicción del Supremo y ha ofrecido a los denunciantes que ejerzan la acusación particular. ¿Significa lo anterior que tiene ya decidido elevar al Supremo una exposición razonada contra Abascal? En absoluto. Pero sí que ha optado por no dar carpetazo automático a la denuncia.

El antecedente del cartel contra los menas

En línea con lo que luego adujo la jueza que archivó el hasta ahora más famoso caso de ataque discursivo a los inmigrantes, el cartel electoral de Vox contra los menores inmigrantes que están solos a España, los menas, la titular del juzgado 1 de Alcobendas expuso así su argumento: que para hablar de delito de odio "no basta con expresar ideas u opiniones 'odiosas', sino que será necesario que se inste o se anime a la ulterior comisión de hechos discriminatorios, de forma que exista el riesgo real, aunque sea potencial, de que se lleven a cabo".

Con esos hilos, y al igual que hizo luego la titular del juzgado de instrucción 53 de Madrid, la de Alcobendas sostuvo que, aunque busca un "efecto sensacionalista" para captar voto "del electorado más radical", con la frase de Espinosa "no se fomenta, promueve o incita a la discriminación, el odio o la violencia". Dictado el 29 de abril, con las elecciones de Madrid a la vuelta de semana, el auto de Aguirre volvió así a salvar a Vox. Porque hasta ahora ningún juez ha creído que cada uno de los datos falsos o de las increpaciones que los distintos dirigentes de Vox difunden en relación a los migrantes, especialmente los magrebíes, entrañe un peligro para nadie. Esos ataques verbales son –y así se desprende de sucesivos autos judiciales– gotas aisladas protegidas por el paraguas de la libertad de expresión y que no implican peligro para nadie. 

Penado con cárcel, se trata del delito tipificado en el artículo 510 del Código Penal. De redacción larga, el primer párrafo de ese artículo considera culpables de un delito de odio a quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo". Y que ese odio se fomente contra un grupo o una persona "por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias".

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