La derecha desempolva un discurso centralista y de mano dura al calor del conflicto catalán

No fue un militante raso, ni un dirigente local o provincial, ni siquiera un destacado cargo del partido. Era algo más: un representante del Ejecutivo central en una comunidad autónoma. Toda una autoridad del Estado. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio (PP), defendió el pasado 18 de octubre la intervención externa de la autonomía que preside el socialista Emiliano García-Page. "Está pidiendo a gritos el artículo 155 de la Constitución" para que sea el Estado el que "corrija" los problemas de la comunidad, afirmó Gregorio, criticando a un Gobierno regional "supeditado a las directrices de los separatistas de Podemos", con los que el PSOE gobierna en coalición. García-Page saltó de inmediato. Pidió el cese de Gregorio, primero públicamente y luego por escrito en una carta remitida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sin éxito.

La velada amenaza del 155 ha aparecido en más comunidades en el contexto de la crisis en Cataluña, donde dicho artículo sí se ha aplicado bajo las circunstancias excepcionales establecidas por la Constitución. Los presidentes del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, y Navarra, Ana Beltrán, también han realizado comparaciones entre dichas comunidades y Cataluña al hilo de la decisión de aplicar el 155 por parte del Gobierno de Rajoy. Tampoco han merecido el menor reproche por parte de la dirección nacional del PP o del Gobierno. ¿Son comentarios irrelevantes? No lo parece. El investigador del CSIC Joan Font, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universitat Autònoma de Barcelona, afirma que el PP ha encontrado, al hilo de la crisis catalana, un "marco discursivo favorable" que le permite introducir en el debate ideas que en otros contextos suscitarían mayor rechazo. El 155 para todos no es el único ejemplo. Al calor de la crisis catalana el debate público se ha trasladado a la posible prohibición de partidos políticos independentistas, a la idoneidad o no de un control externo de la educación pública en Cataluña –o de su televisión autonómica– o a la necesidad de incrementar las atribuciones del Estado para actuar contra la protesta en la calle.

"Que haya una aplicación del 155 seguramente no es políticamente saludable, pero existe la opción de aplicarlo en una situación extrema. Y ésta lo es. Esto podría no ser dramático ni llegar más allá de este caso. Pero el PP parece querer aprovechar este contexto favorable para hacer una transformación mucho más en profundidad del modelo territorial y del pacto constitucional", señala Font, a quien le parece "increíble" que el Gobierno no hiciera dimitir al delegado de Castilla-La Mancha tras sus declaraciones, una "bomba" soltada por un "representante institucional del Estado".

Font, exdirector del Instituto de Estudios Sociales Avanzados, dependiente del CSIC, cree que el mayor "riesgo" está en una posible involución democrática. Y ahí apunta a las declaraciones de dirigentes del PP abogando por poner límites al pluralismo político e ideológico. Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y uno de sus posibles líderes de futuro, alude con desenvoltura a la ilegalización de partidos independentistas, lo que podría abarcar entre otros al PDeCAT, ERC o la CUP, en Cataluña; a Bidlu, en el País Vasco, o al BNG, en Galicia. De igual forma podría limitar el espectro ideológico de partidos que se han movido entre el independentismo y el soberanismo, como el PNV. “Yo tipificaría la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia”, señaló "a título personal" Casado, poco después de haber advertido a Carles Puigdemont de que podía terminar en prisión como Lluis Companys tras los sucesos de 1934. El PP asegura que no es la posición del partido. Su presidente en Cataluña, el senador Xavier García Albiol, que como alcalde de Badalona (Barcelona) acumuló varios episodios de xenofobia, también se muestra favorable a la ilegalización, aunque ha puntualizado que sólo tras comprobar que el programa electoral defiende la "destrucción de España", es decir, la independencia.

"La ley de partidos ya jugaba con unos límites muy ambiguos. Ahora el tema vuelve. Y observo, en conversaciones privadas, cómo personas progresistas, o de izquierdas, simpatizantes del 15-M, se posicionan en el debate actual a favor de la mano dura. No sólo en este tema. También con el encarcelamiento de los Jordis, la actitud es de justificar cualquier represión ante cualquier tipo de daño o dificultad al trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", explica Font, que teme que finalmente se produzca una limitación de la "protesta pacífica". "Más que lo que diga García Albiol, o un artículo de Ok Diario o ABC, me preocupa ese otro sector social que se va apuntando a que cualquier medida represiva es justificable", concluye.

Tentación "autoritaria" y "recentralizadora"

El catedrático de Ciencia Política Joan Subirats cree que es "obvia" la tentación "autoritaria y recentralizadora" del PP, que está utilizando el caso catalán para aplicar una "doctrina del shock", tomando el título del famoso ensayo de 2007 Naomi Klein sobre cómo el capitalismo autoritario ejerce el control social a través de un impacto continuado en la psicología de masas, a menudo a base de supuestos desastres.

Los sectores conservadores "están aprovechando una idea que está ahí, que comparten numerosos ciudadanos, que ya utilizaba UPyD y que ahora usan el PP y Ciudadanos: que igualdad es lo mismo que homogeneidad, que si todos los españoles han de ser iguales, han de ser homogéneos. Esto es contradictorio con un valor fundamental del siglo XXI, que es la diversidad", señala Subirats.

El catedrático afirma que el 155 ofrece a sus valedores la ventaja de ser "un significante vacío", que la Constitución no llenó, dejándolo abierto. El PP aprovecha ese vacío para introducir, según Subirats, "un mensaje autoritario". "A todo lo que se aparte de lo correcto, de lo normal, se le aplica la doctrina del shock", señala. Ahí entraría la idea de la posible ilegalización de partidos. "Es algo muy difícil de aplicar, pero se lanza como un globo sonda. Sería terrorífico, algo totalmente exagerado. El conflicto entraría en una fase de ulsterización [en referencia al Ulster, territorio reivindicado por el IRA frente a Reino Unido]. No tiene sentido querer resolver problemas resilientes de la sociedad catalana a golpe de medidas como el 155, la ilegalización o la independencia", añade.

Subirats inscribe en esa misma pretensión de llenar de autoritarismo el significante vacío del 155 las reiteradas alusiones del PP y Ciudadanos al papel de TV3. "Obviamente, con el recrudecimiento del conflicto identitario, el posicionamiento de los medios de la Generalitat se ha hecho más potente. Pero de ahí se ha ido a esa hipótesis de que los catalanes han sido abducidos, algo que no se sostiene. En realidad es parte de esa tendencia a actuar contra todo lo que no resulta correcto desde el punto de vista del Gobierno", añade.

El "adoctrinamiento" educativo

El PP y –más aún– Ciudadanos han puesto también en cuestión el sistema educativo en Cataluña, objeto de atención de numerosas informaciones y piezas de opinión por el supuesto "adoctrinamiento" nacionalista del que estarían siendo objeto los alumnos. El Ministerio de Educación ha remitido requerimientos a la Generalitat por las denuncias de supuesto sesgo político independentista en las aulas. "Hay adoctrinamiento en los colegios", ha asegurado reiteradamente el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. El líder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, se ha mostrado abiertamente partidario de dar al adoctrinamiento "una respuesta proporcional, pero también enérgica", incluyendo un posible cambio en las competencias educativas. Ciudadanos ha ido más lejos, al solicitar en el Congreso un reforzamiento de las competencias de la Alta Inspección Educativa, al que se han opuesto PP y PSOE.

A juicio de Jordi Pacheco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Cataluña, la batalla de la educación es parte del "conflicto ideológico" que late bajo la crisis identitaria y territorial abierta por el procés. El Gobierno, según Jordi Pacheco, encarna "una noción clásica del liberalismo", con raíces en Cánovas del Castillo, con vocación uniformadora; el Govern, explica el decano, defiende un "liberalismo político de última generación", inspirado en el filósofo estadounidense John Rawls, más partidario de arbitrar "mecanismos de diálogo social" para las distintas corrientes de opinión en su seno. Desde la óptica del Gobierno central, "con su visión homogénea del Estado-Nación", el sistema educativo catalán es visto "como una amenaza y un peligro" para la uniformidad, afirma Pacheco. "Lo que el Gobierno no considera es que el catalán es un sistema educativo desarrollado a partir de equilibrios internos, que pretende una sociedad cohesionada, en la que todos los alumnos tengan competencia lingüística en dos idiomas, y que se adapte a la diversidad de la sociedad. Si lo miras en detalle, no es un sistema con éxito al 100%, por supuesto. Pero tiene una gran aceptación social. Al cuestionarlo pones en cuestión todo el modelo de integración social en Cataluña", señala.

Joan Subirats también ve "una exageración total" el planteamiento sobre educación del PP y de Ciudadanos, partido este último que "nace de un posicionamiento contrario al proceso de normalización lingüística". "El proceso de normalización mejora la convivencia y el ascenso social sin restringir el uso del castellano, que es un idioma mucho más potente que el catalán y que, de hecho, sigue siendo dominante en el juego de los niños", añade. ¿Esconde el embate contra el sistema educativo público catalán una carga de profundidad contra la educación pública, teniendo en cuenta que tanto PP como Ciudadanos son partidos defensores de la concertada? Joan Font no detecta ese peligro. Más bien –opina– se trata de una manifestación más de la permanente lucha partidista en el campo de batalla de la educación, en la que los partidos adoptan una posición cuando están en la oposición y otra cuando están en el Gobierno. "Hablar así [atribuyendo adoctrinamiento a un sistema educativo en concreto] es de haber leído poco sobre sociología de la educación", señala. Se refiere a que el poder tiene siempre, no sólo en Cataluña, capacidad de adoctrinamiento a través de la educación.

Amparo Huertas, directora del Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, afirma que el discurso del supuesto adoctrinamiento en la escuela es "contradictorio" con otro, de la misma raíz ideológica, que defiende que la escuela está saturada de obligaciones que es incapaz de cumplir. Además, añade, "parece que se olvida que la Iglesia católica sí adoctrina claramente a través de la educación". "Adoctrinar no es sencillo en una sociedad como la actual. Hay una reacción inmediata de los padres cuando ocurre", señala Huertas, que sí ve relacionado este discurso con un "autoritarismo" de la derecha y un recelo hacia la "independencia política de las autonomías". El 155, a su juicio, es una manifestación de ese celo.

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Precedentes peligrosos

Huertas cree que el conflicto catalán ha incubado una normalización del uso perverso de palabras clave en una democracia. "La libertad de expresión se invoca una y otra vez para decir cosas inadmisibles", señala. Y alerta sobre el precedente del Gobierno catalán al situarse por encima de la ley con la aplicación de las leyes del referéndum y de transitoriedad. "Si puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacer cualquier cosa?", plantea. La crisis catalana sienta precedentes delicados. El uso de expresiones graves se ha generalizado. Los independentistas Carles Puigdemont y Carme Forcadell y los constitucionalistas Albert Rivera y Mario Vargas Llosa, por citar cuatro, han empleado la expresión "golpe de Estado" para referirse a las acciones o planes de sus adversarios. El adjetivo "fascista" se reparte sin descanso. Al mismo tiempo numerosos dirigentes del PP, así como autoridades públicas, se han apuntado a una ola de exaltación patriótica (réplica de la pro-independentista en Cataluña). El Ministerio de Defensa publicita significativamente sus juras de bandera. Ayuntamientos como los de Almería –que se gastó 4.500 euros en banderas para regalar el Día de la Hispanidad–, Jaén, Alcorcón, Majadahonda o Ávila, entre otros, aprovecharon el 12 de Octubre para llamar a ceremoniales de exaltación de simbología nacional. El PP en Madrid llegó a proponer juras de bandera multitudinarias para contrarrestar el referéndum del 1 de octubre.

A juicio de Jordi Pacheco, decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Cataluña, hay una evidente enervación de la derecha centralista. Los sectores conservadores, afirma, muestran una "preocupación evidente por la existencia de puntos de vista diversos" en Cataluña, asunto que va más allá de la respuesta a la ilegalidad de algunos de los hitos fundamentales del procés. Pacheco no cuestiona sólo la dudosa legitimidad del Gobierno para evaluar la ética o la calidad periodística de TV3, dado que la radio y la televisión públicas en España acumulan un largo historial de episodios de parcialidad y partidismo durante el periodo de gobierno de Rajoy. También lleva su crítica hasta la base de este cuestionamiento de TV3. "Parece que en Cataluña sólo se ve TV3 y que no están Televisión Española, Antena 3 o 13 TV, para quien le guste", afirma Pacheco, que inscribe los ataques a la radiotelevisión pública catalana en una "actitud de cerrazón que ignora todas las vías intermedias y de seducción". "Si el plan es amenazar la educación y la televisión pública y atribuir las posiciones de la gente a una operación maquiavélica diseñada en la Plaza de Sant Jaume, la reacción de la gente se les puede volver en contra", señala.