Instituto Nóos

Diego Torres, al fiscal: “¿Cree que nos íbamos a saltar la legalidad para no ganar ni un euro?”

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"¿Cree que nos íbamos a saltar la legalidad para no ganar ni un euro? Esto es de locos". El exvicepresidente del Instituto Nóos Diego Torres ha respondido de esta forma ante las incisivas preguntas formuladas por el fiscal Pedro Horrach respecto a los proyectos para cuya organización fue contratado el Instituto por las Administraciones de Baleares y Comunidad Valenciana, y más en concreto en relación al pago de 54.520 euros, por parte del Govern balear, a la mercantil TNS Inteligente-Sofres por la adjudicación del servicio para el seguimiento del equipo ciclista Illes Balears-Banesto, y de otros 174.000 a Nóos Consultoría Estratégica en tres facturas por la oficina del proyecto.

El acusado ha llegado incluso a afirmar que no es abogado y que, por tanto, no entiende "de estos temas" al ser inquirido sobre cómo funcionaba la escuadra entonces liderada por José Manuel Echavarri y Eusebio Unzue. "No he visto una carrera ciclista en mi vida", ha incidido.

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El Instituto Balear de Turismo (Ibatur), también dependiente del Ejecutivo balear, abonó 116.566 euros a Nóos Consultoría -una de las mercantiles que integraban el entramado por el que Torres e Iñaki Urdangarin se habrían apoderado de hasta 6,2 millones de euros públicos- por la elaboración del material promocional del Illes Balears-Banesto y la creación de la página web del equipo ciclista.

Sobre estos proyectos, los exaltos cargos de Baleares acusados coincidieron en señalar que los contratos con Urdangarin, por el importe y la materia, eran decididos de antemano por el expresidente del Govern Jaume Matas, también inculpado. "No entrábamos a valorar nada, todo nos venía acordado", señaló en su caso el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal.

Todos los subordinados de Matas le responsabilizaron así de las decisiones adoptadas a la hora de contratar con las entidades de Urdangarin y Torres a cambio de la puesta en marcha de diversos proyectos cuyo presupuesto -2,6 millones de euros en total procedentes de las arcas del Govern- nada tuvo que ver con el coste real -notablemente inferior- que supusieron.

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