Extrema derecha

Dimisiones y malestar por el poder absoluto de la cúpula marcan la vida interna de Vox a los 18 meses de su entrada en el Congreso

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el secretario general y diputado nacional, Javier Ortega Smith.
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Con la "libertad individual" a modo de blasón ya sea para equiparar el confinamiento por la pandemia con un "arresto domiciliario" o para oponerse a la nueva ley de educación, Vox acaba de cumplir un año y medio como partido con presencia en el Congreso en medio de un goteo incesante de dimisiones y denuncias políticas o judiciales por la forma en que la cúpula de la formación ultraderechista ejerce el poder. Una forma que le llevó incluso a prohibir las reuniones de afiliados durante las primarias internas. O a expedientar a críticos en Valladolid por hablar con la prensa. O a expulsar a tres de los cuatro diputados autonómicos murcianos por negarse a que dirigentes estatales siguieran teniendo el control de la cuenta bancaria del grupo.

Desde mayo de 2019, cuando tomaron posesión los 22 diputados obtenidos por la formación ultraderechista en las elecciones de un mes antes –hoy suman 52 tras los comicios de noviembre–, al menos una decena de dirigentes locales y provinciales han dimitido del cargo o han abandonado directamente el partido. Y de forma simultánea, la ejecutiva que preside Abascal ha disuelto distintas ejecutivas provinciales, desde la de Barcelona a la de Las Palmas pasando por la de Alicante o la de Almería. En esa última provincia, el enfado de una parte de la militancia se duplicó cuando dos militantes acusaron al viceportavoz parlamentario andaluz, Rodrigo Alonso, de haberles "robado" la idea para crear un nuevo sindicato, Solidaridad.

"El mayor chiringuito es Vox"

Ya a final de septiembre, el portazo del concejal de Sanlúcar José Manuel Martínez Ayala mostró hasta qué punto había subido de tono el diapasón del malestar interno. "Íbamos en contra de los chiringuitos y el mayor de todos es Vox". "Hoy Vox –añadió– es una empresa muy rentable, es una estructura piramidal que busca simplemente sacar dinero. Y ahí están la fundación y el sindicato que se han sacado de la manga simplemente para trincar cuanto más dinero mejor. Su afán recaudatorio no tiene límites. Es una vergüenza".

Varios meses antes, en febrero, el hasta entonces coordinador insular de Vox Fuerteventura, Álvaro Sanz, ya había esbozado esa línea en la carta con que anunció a Abascal que se iba del partido. "No me reconozco en Vox –agregaba la misiva– porque no me gusta el ninguneo a personas que no lo merecen ni la promoción interna de mediocres".

Ese mismo mes, la presidenta de Vox en Sevilla, María José Piñero, comunico su "dimisión irrevocable" del cargo en un carta a los militantes donde denunciaba la existencia de una "estructura paralela al margen de la voluntad democrática de los afiliados, protagonizada por determinados personalismos y apoyada por Vox España". Piñero fue más lejos al escribir esto: que se ha "jugado irregularmente con los recursos económicos de los afiliados para lanzar la carrera política y las ambiciones de unos pocos, que fuera de todo talento, solo buscan su proyección personal".

Una "dictadura intramuros"

La carta de Álvaro Sanz, como la de María José Piñero, marcaron el rumbo. Porque el último episodio de la convulsa vida interna del partido que dirige Santiago Abascal acaba de producirse. Y también en el archipiélago canario: Carmelo González, líder del sector crítico y que al frente de la corriente Vox Habla intentó optar a la presidencia del partido en marzo, se ha marchado. Lo ha hecho tras enviar a Abascal una carta cuyo demoledor contenido adelantó este lunes el diario El País.  Deja de ser afiliado, escribe González al líder de Vox, por el malestar que le origina "la dictadura intramuros de Vox que, bajo tu presidencia, algunos han organizado". 

"Presidente –prosigue el texto–, con tu conocimiento o sin él, has construido uno de los monstruos más abominables de la libertad: una dictadura intramuros, una apariencia de democracia y libertad que, en realidad, es el tan patrio palo y tente tieso. Y eso ni es Vox ni creo que seas tú".

En septiembre, con primarias en marcha en las 19 provincias donde Vox cuenta con más de 500 afiliados aunque solo hubo votaciones en las siete donde más de una lista obtuvo el 10% de avales, Vox Habla dio la voz de alerta: en varias candidaturas –sostuvo la corriente crítica– había habido supuestos tratos de favor hacia ciertos miembros del partido, designaciones "a dedo" y ocultación de datos.

En total, ocho candidaturas a los Comités Ejecutivos Provinciales (CEP) de Vox fueron las que denunciaron "numerosas irregularidades" en las elecciones internas llevadas a cabo para la elección de los 19 miembros, informa VoxHabla, la plataforma crítica con la dirección del partido, en un comunicado. Sevilla, Barcelona, Asturias, Toledo, Granada, Murcia, Alicante y Valencia eran las ocho provincias donde las discrepancias rompieron las costuras.

El balón de oxígeno judicial

Pese a que la bronca  persiste y a que, según observadores que conocen de cerca la vida interna de Vox, ya ha abierto fisuras en el grupo parlamentario andaluz y en distintas provincias, la dirección del partido acaba de conseguir su primer balón de oxígeno en los tribunales.

Hace una semana, una jueza de Madrid absolvió a Vox de la demanda civil interpuesta por tres afiliados de Barcelona tras la disolución del comité ejecutivo provincial, impuesta desde Madrid. Abascal debía declarar en el juicio tal como ordenó la jueza. Pero ni apareció siquiera el día de la vista por el juzgado 44 de primera instancia de Madrid.

Aunque la magistrada escribe literalmente en su resolución que la suya fue una "incomparecencia injustificada" –es decir, en la que no medió ninguna causa de fuerza mayor–, ha evitado multarle. La sanción prevista en estos casos por la Ley de Enjuiciamiento Civil no pasa de los 600 euros en el peor de los casos. Pero de habérsela aplicado, el presidente de Vox habría entrado en el ranking de la desobediencia a la leyranking, auténtico pecado capital para la formación ultraderechista.

TÚPatria, la primera escisión...

Con una estructura orgánica provincial –"Abascal nunca quiso organizaciones regionales para evitar que surgieran barones", dice una de las fuentes consultadas, lo sucedido en este año y medio pone en duda para los disidentes la interpretación que Vox hace de la libertad individual.

Sus estatutos presentan esa "libertad individual" como un fin preeminente. Pero los críticos, una parte de los cuales formalizó en junio la primera escisión para poner en marcha otro partido ya registrado como TÚPatria –de "derecha moderada"–, creen que la militancia "está secuestrada por la cúpula".

Impulsado por la que fue secretaria provincial de Vox en Alicante, Carmen Gomis, y como publicó el diario Abc, TÚpatria agrupa ya en sus filas a los expresidentes de la formación de Abascal en León, Jaén, Canarias, Almería, Valladolid y Lérida.

...Que se cobra ya la imputación de la responsable jurídica del partido

Además, TÚPatria ha sumado al que fuera jefe de los servicios jurídicos de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Martínez, que ha conseguido la imputación de la abogada que desempeña el cargo de coordinadora jurídica, Marta Castro.

¿Cuál es la clave de esa imputación, que va en el mismo paquete que la del excoordinador del grupo parlamentario, Nicolás Gutiérrez? Que supuestamente ambos falsificaron un burofax para evitar el pago de los honorarios exigidos por Javier Martínez. Ahora, Martínez representa como abogado a un administrativo que reclama a Vox 50.000 euros porque asegura que trabajó para el partido dos años sin contrato y sin salario.  

Del "ninguneo" a las cuentas locales controladas desde Madrid

Cuando rompió con Vox a final de septiembre, el edil de Vox en Sanlúcar de Barrameda no dio detalles de a qué se refería al hablar de que el partido se había convertido en una empresa "muy rentable". Pero su alusión engarza con lo relatado en el primer párrafo de este texto sobre la negativa del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea de Murcia a que Madrid controlase su cuenta bancaria. Y lo que originó ese no tajante fue que la dirección nacional se había marcado como objetivo que al menos las cuentas oficiales de los grupos municipales –y de los parlamentarios autonómicos, enfatiza una fuente– quedasen bajo su dominio. Que esa orden existió lo atestigua una circular cursada a mediados de 2019, parte de la cual se reproduce bajo estas líneas.

Apartado de la circular de Vox sobre cuentas bancarias de los grupos municipales

En esa circular se ordenaba a los distintos concejales que abriesen un depósito en una determinada sucursal madrileña de Bankia. Y que nombrasen apoderados a cuatro miembros de la ejecutiva nacional: el secretario general, Javier Ortega Smith; el tesorero, Andrés Porta; el gerente nacional, Enrique Cabanas; y el entonces vicesecretario del área jurídica, el concejal en Madrid y diputado por Zaragoa Pedro Fernández. El texto de la circular sobre las potestades que habían de conferir tales apoderamientos resulta discutible según distintos expertos consultados por infoLibre. Pero no indican –precisan las fuentes– que se haya cometido ninguna ilegalidad por vulnerar lo que la legislación en vigor estipula sobre el destino de los fondos de origen público –las subvenciones y asignaciones municipales o autonómicas.

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