Podemos e IU piden explicaciones a Susana Díaz

Tanto IU como Podemos pedirán explicaciones a la Junta de Andalucía por pagar desde hace cuatro años y medio un plus de 1.300 euros mensuales al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) –el tribunal que se encarga de juzgar a los aforados–, Lorenzo del Río, como indemnización por alquiler de vivienda. Los hechos fueron tachados de "disparate" por parte del coordinador federal de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, mientras que el partido liderado por Teresa Rodríguez anunció que presentará una pregunta parlamentaria al respecto.

"Será legal, pero políticamente es un disparate inoportuno". Así de duro fue Maíllo al ser preguntado por este diario acerca de estos pagos, aprobados en 2010 por el Gabinete de José Antonio Griñán, antecesor de la actual presidenta Susana Díaz. El TSJA argumenta que Lorenzo del Río no percibe este complemento para vivienda “por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales” sino por “su cargo” como “representante del Poder Judicial en Andalucía”, algo que no convence a Maíllo, que reclama saber "por qué se da al presidente del TSJ el mismo trato que a los altos cargos" de la comunidad.

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En la mañana de este miércoles, además, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, José Luis Serrano, exigió a la Junta explicaciones ya que, a su juicio, se habría vulnerado la ley 15/2003. Esta norma regula las remuneraciones de jueces y fiscales, y estipula que los miembros de la carrera judicial "no percibirán más retribuciones por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales” que las fijadas en su articulado y que en este caso, al tratarse de un juez, corre a cargo del Ministerio de Justicia.

Un portavoz de la formación aseguró que Podemos preguntará por escrito al Gobierno de Susana Díaz sobre el tema, mientras que IU aún no ha decidido la forma en que interpelará al Ejecutivo regional.

El equipo de Díaz argumenta que no se incumple la ley estatal, ya que el plus que cobra Lorenzo del Río se trata de "una indemnización por razón del servicio y sustentada en el documento de traspaso de las competencias de Justicia, que data de 1997”.