4M | Elecciones en la Comunidad de Madrid

Las elecciones en Madrid amenazan con posponer hasta septiembre cualquier pacto para renovar órganos institucionales

Pablo Casado y Pedro Sánchez durante la reunión que mantuvieron en La Moncloa el 2 de septiembre de 2020.

Fernando Varela

En el Gobierno dan por perdidos los meses que restan de aquí al verano. Las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid ya se han apoderado de la agenda política española y, según todas las fuentes consultadas por infoLibre, del lado del Gobierno pero también del PP y de las fuerzas soberanistas, van a condicionarlo todo durante semanas. No sabremos el resultado hasta el 4 de mayo pero no es seguro que esa noche se despejen todas las incertidumbres. Puede ocurrir que no haya una mayoría clara y las negociaciones entre partidos se prolonguen hasta el verano. O puede suceder que el resultado sea claro pero condicione a su vez la estrategia de los partidos a escala estatal. De manera que la mayoría da por perdido el primer semestre del año en lo que a grandes acuerdos pendientes se refiere, porque el limbo desatado por la convocatoria anticipada de elecciones en Madrid no hace sino prolongar el compás de espera con el que comenzó el año por culpa de las elecciones catalanas.

La primera víctima de esta situación será la renovación de las instituciones pendientes. Sólo se ha salvado, en el breve plazo de tiempo que ha mediado entre la celebración de las elecciones catalanas y la convocatoria de las madrileñas, el consejo de RTVE, renovado el pasado 25 de febrero en virtud de un pacto suscrito por PSOE, PP, Unidas Podemos y el PNV (233 de los 350 votos del Congreso). De hecho, la semana próxima está previsto que la Cámara Baja, con el apoyo de los mismos partidos y la oposición del resto, en especial de Vox y de Ciudadanos, elija al sucesor de Rosa María Mateo al frente de la televisión y la radio públicas españolas, puesto que asumirá José Manuel Pérez Tornero, periodista y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se pondrá así fin a más de 30 meses de excepcionalidad desde que Mateo fue designada administradora única por el Gobierno.

Sin solución se han quedado por el camino el resto de las instituciones en situación de interinidad. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue batiendo récords desde que el 4 de diciembre de 2018 entró en funciones. Sus 20 vocales fueron elegidos cuando todavía el PP tenía mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, hace siete años y medio.

El acuerdo entre PP y PSOE ha estado a punto de cerrarse hasta en tres ocasiones, pero los de Pablo Casado se han echado atrás en el último instante otras tantas veces. En estos momentos el Congreso ya tramita una reforma de la ley reguladora del Consejo para impedir que sus vocales en funciones puedan seguir tomando decisiones —de ellos depende decidir qué jueces van a ocupar puestos relevantes en los principales tribunales del país, que son además los que juzgan los asuntos más trascendentes y sobre todo los que afectan a los políticos aforados—. Una reforma con la que el Gobierno trata de presionar al PP para que se avenga a cumplir la Constitución y la ley vigente y pacte una nueva composición del Consejo pero que puede acabar afectando al funcionamiento de la justicia si, por poner un ejemplo, se acumulan las plazas judiciales pendientes de renovación.

En el limbo seguirán, además del CGPJ, el nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo, cargo para el que el PSOE quería a Ángel Gabilondo —que acaba de ser ratificado como candidato en las elecciones madrileñas— y la cobertura de dos vacantes en el Tribunal Constitucional.

Otra víctima de las elecciones en Madrid serán las negociaciones sobre el conflicto catalán en el seno de la Mesa de Diálogo sobre Cataluña creada por el Gobierno de España y la Generalitat. Este espacio de diálogo, nacido de un pacto suscrito por el PSOE y Esquerra al inicio de la legislatura con el objetivo de reconducir al ámbito político la búsqueda de una solución aceptable para los partidos soberanistas y los contrarios a la celebración de un referéndum de autodeterminación, no se reúne desde antes de la pandemia. Primero por las restricciones a la movilidad. Después por la incertidumbre creada tras la inhabilitación de Quim Torra, que todavía está pendiente de resolver, porque los partidos independentistas aún no se han puesto de acuerdo en un programa común que les permita investir a un presidente y formar un gobierno.

Y ahora por las elecciones en Madrid, en las que el PP y Vox introducirán, como llevan haciendo desde hace dos años, la cuestión catalana como un elemento más de debate. De hecho, fuentes de Esquerra, pero también de otros partidos interesados en devolver al primer plano el problema identitario, como EH Bildu, admiten que la batalla de Madrid aplazará inevitablemente la reanudación de las conversaciones.

Y no solo de ellas. En Esquerra saben que la solución para los presos, en forma de indultos, no llegará mientras haya una contienda electoral por medio. Y mucho menos cuando los adversarios del PSOE en esas elecciones son el PP y Vox, dos formaciones radicalmente contrarias a cualquier medida que facilite la salida de prisión de los condenados por el procés.

La financiación autonómica pendiente

La legislatura avanza y la sucesión de convocatorias electorales dificulta también el inicio de las negociaciones que deben conducir a uno de los acuerdos más complejos que el Gobierno tiene pendientes: la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Sánchez y su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, evitaron abrir esa caja de Pandora en el año de gobierno que siguió a la moción de censura con la promesa de que abordarían el nuevo modelo en la legislatura siguiente. Pero han pasado un año de inestabilidad, otro de pandemia y no hay señales que apunten a un inicio de una difícil negociación en la que deben participar todas las Comunidades Autónomas del régimen común y que, para ser estable, necesita no sólo del voto favorable de PSOE, PP y Unidas Podemos sino también de los soberanistas catalanes.

El pacto firmado por los socios del Gobierno de coalición promete desarrollar “las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de financiación que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del actual”.

El objetivo, añade el acuerdo PSOE-Unidas Podemos, “es implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia”.

Para poner en marcha la negociación, Hacienda necesita un período de estabilidad sin elecciones lo suficientemente prolongado como para hacer posible un acuerdo que es urgente para varios territorios. Pero los márgenes se estrechan. En el mejor de los casos, el Gobierno sólo dispondrá de un periodo libre de elecciones entre el inicio del próximo verano y finales de 2022, siempre y cuando no se adelanten las andaluzas de ese año o incluso las generales de 2023.

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