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El futuro de Cataluña

ERC y la CUP limitan la mesa de negociación con el Gobierno a un plazo de dos años

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El preacuerdo alcanzado entre ERC y la CUP para investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat incluye limitar la mesa de negociación Gobierno-Generalitat a dos años  —el tiempo máximo que le queda a la legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez— y concluyen que ese espacio "solo puede consistir en la autodeterminación y la amnistía", según informa Europa Press.

"Desde la crítica y el escepticismo la CUP se compromete a dar un cierto margen de tiempo a la Mesa de Negociación y no basará su apoyo u oposición al Govern en función de su existencia", recoge el documento consultado por Europa Press que concreta que los cupaires se mantendrán en una posición de oposición al PSOE y al Gobierno central.

ERC apuesta por ese diálogo y la resolución política en ese espacio, pero se compromete a "no dilatar la mesa innecesariamente y propone que sus trabajos se sometan a una rendición de cuentas que permita su evaluación y desarrollo"; una rendición que consideran que tiene que tener una parte pública y otra más discreta, que y debe realizarse en los espacios que quieren componer para desplegar la estrategia independentista.

Además de la evaluación continuada de la mesa, el preacuerdo contempla que durante la primera mitad de 2023 la Mesa de Negociación valorará sus trabajos en caso de que sigan vigentes, analizará si ha dado sus frutos y decidirá "cuáles son los pasos siguientes a seguir, incluida la eventual finalización de esta negociación".

Subrayan que el objetivo de la misma es "implementar y hacer efectivo el consenso al que se llegue en el espacio de consenso estratégico del independentismo"; en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos.

La CUP y ERC estudian implementar una banca pública y una renta básica universal en este mandato

La CUP y ERC se han comprometido a implementar una banca pública catalana "a corto plazo" en esta legislatura a través del Institut Català de Finances (ICF) y una renta básica universal para las franjas de edad más vulnerables. Los compromisos figuran en el preacuerdo programático alcanzado por ambos partidos, según informa Europa Press.

En el marco del compromiso de crear una banca pública, ERC y la CUP trabajarán para situar el ICF como entidad de "referencia a la hora de facilitar al máximo el impacto económico, social y ambiental de los fondos europeos" de recuperación, que se han comprometido a estudiar conjuntamente una vez se constituya el nuevo Govern.

El documento incluye también el acuerdo de crear un "marco normativo que facilite la remunicipalización de los servicios públicos como el agua", además de la creación de una energética pública.

De esta forma, ERC y CUP trabajarán para situar bajo "control público" la energía, incidir en el sector eléctrico, recuperar las centrales hidroeléctricas con la concesión caducada y definir un modelo de transición energética.

Además, ambas formaciones estudian crear una nueva Conselleria de Acción por el Clima - una propuesta que los republicanos llevaban en su programa electoral -, que será la encargada de impulsar una ley de transición energética, otra de biodiversidad y un plan integral de protección del Delta de l'Ebre, entre otras iniciativas.

Renta básica universal

El plan piloto de renta básica universal se desplegará en tres fases, según el acuerdo: en una primera, en 2021, se llevará a cabo un estudio de las opciones de diseño de esta medida para "alguna o algunas franjas de edad" y de qué modificaciones se requieren para aplicarla.

En 2022, los partidos se comprometen a implementar las mejores y transformaciones acordadas en políticas de rentas sociales y del plan piloto de renta universal para las franjas de edad más vulnerables.

En 2023 arrancará la tercera parte del proyecto, con la evaluación del impacto y funcionamiento de la renta básica y el planteamiento de propuestas para ampliarla, "si es el caso".

El acuerdo de la CUP y ERC incluye la creación de un comité permanente de seguimiento para evaluar una vez al mes "el cumplimiento de los acuerdos firmados", además de una comisión de coordinación entre el Parlament y el Govern que hará un control de carácter técnico-político con una periodicidad semanal.

ERC y la CUP pactan retirar las acusaciones a manifestantes salvo lesiones "acreditadas" a agentes

ERC y la CUP han pactado retirar las acusaciones particulares contra participantes en movilizaciones sociales y políticas, salvo en aquellos casos en los que los agentes de policía hayan resultado heridos y tengan lesiones "acreditadas con certificado médico".

"En las actuaciones actuales y futuras, la personación de la Generalitat se limitará a los casos de lesiones acreditadas, si corresponde, y se centrará en el resarcimiento de la responsabilidad civil en casos de lesiones no leves", añaden.

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El documento recoge también el compromiso de suspender el uso de los proyectiles de foam "hasta que no sea público" su protocolo, tal y como trascendió cuando ambas formaciones explicaron que ultimaban un preacuerdo de investidura.

En cuanto el protocolo de uso del foam sea público —según el documento— ambos partidos exigirán que se cumpla "de forma estricta", sin vulneración de derechos fundamentales.

Orden público

La CUP y ERC han pactado desplegar una nueva instrucción interna para marcar unos "baremos proporcionales y homogéneos" en todas las actuaciones de orden público, y priorizar la mediación a través de la Conselleria de Justicia desde el momento en el que se presenten diligencias ante un juzgado.

También han acordado poner en marcha mecanismos para eludir la aplicación de la llamada Ley MordazaLey Mordaza —Ley orgánica de Seguridad Ciudadana— cuando vulnere el derecho de manifestación, y garantizar que ninguna actuación policial se basa en la "discriminación". En ese sentido, promoverán la aplicación de la jurisprudencia europea para evitar persecuciones a personas racializadas, expone el escrito.

Además, se comprometen a desplegar un Programa para la Identificación Policial Eficaz para "luchar contra las identificaciones por perfil étnico y que aporte garantías a la población criminalizada por racismo, antigitanismo, homofobia, machismo, islamofobia y xenofobia".

Comisión parlamentaria sobre el modelo policial catalán

Para abordar estos cambios en el orden público, CUP y ERC plantean crear una comisión parlamentaria sobre el modelo policial catalán "fundamentada en los principios de transparencia, democratización, detención de cualquier tipo de abuso policial así como control público, independiente y democrático de los cuerpos policiales".

Estos acuerdos se recogen en un documento que tanto ERC y la CUP someterán a sus órganos internos y que los republicanos trasladarán a Junts con quien quieren llegar a un acuerdo que sea acorde con lo pactado con los cupaires.

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