Plaza Pública

El escándalo del 'corinnavirus'

El rey renunciaría, según la Casa Real, a la parte opaca de la herencia de su padre Juan Carlos I, la que supuestamente estaría oculta en paraísos fiscales según medios de comunicación de muy diferente color. Además, Felipe VI le retira la asignación de 194.000 euros que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa Real, que son dineros de todos.

Llama la atención en la nota oficial, dejando a un lado su alarmante contenido y las graves conclusiones que se pueden deducir, que se haya emitido en la noche de un domingo con toda España expectante ante la evolución de la tragedia del coronavirus y con los poderes económicos pendientes también del hundimiento del Ibex 35.

Cabe preguntarse si estamos ante otro cortafuegos urgente frente a la proliferación de informaciones cada vez más comprometedoras. Porque... ¿Y si fuera verdad que el Jefe del Estado cobró comisiones e incurrió en un delito de corrupción? Supondría un escándalo político que desacreditaría a la institución de la monarquía y a quienes siempre justificaron todo, siendo el Tribunal Supremo el competente, en su caso, para juzgar.

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional podrán profundizar en investigaciones que alcanzan a las personas de Juan Carlos I, Corinna Larsen y el ex comisario Villarejo. Y conocer la trazabilidad de cuentas en paraísos fiscales y de los movimientos de fundaciones al parecer vinculadas al rey emérito. Cuestiones sobre las que el rey Felipe VI manifiesta su desconocimiento, tanto de lo realizado por su padre como de su designación como beneficiario de dos polémicas fundaciones.

La inviolabilidad del rey –cuando ejerce unas funciones que vienen refrendadas por titulares de ministerios– no debiera confundirse con IMPUNIDAD para el supuesto de que hubiera cometido delitos, como el cobro de comisiones. La regeneración democrática tendrá que corregir esta “regulación” constitucional confusa e impropia de un Estado de Derecho en el siglo XXI.

En todo caso, la transparencia y ejemplaridad que aduce el rey Felipe VI exigen, en coherencia, que los miembros de la Casa Real cumplan con la transparencia fiscal y hagan declaración pública anual de todos sus bienes. Como cualquier cargo institucional. Como una alcaldesa, el presidente del país o una diputada.

Cuando se formalizó la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo, el 11 de junio de 2014 en el Congreso, no voté a favor y fui sancionado. Me abstuve con dolor, sin seguir la disciplina del Grupo Socialista, tras intentar sin éxito que se permitiera votar en conciencia.

En mi entrada de blog del 6 de junio de 2014, argumentaba mis razones. Y lo hacía en estos términos: “No comparto que con ocasión del debate sobre la ley orgánica (la de abdicación) haya que evitar, por razones de responsabilidad de Estado y del consenso de 1978, una valoración de la labor del rey ya que no rinde cuentas. No podemos los socialistas situarnos en la posición de aplauso a toda una serie de alabanzas y frases huecas sobre su reinado. Esa es la estrategia del PP que protege el continuismo del sistema y congela una Constitución devaluada por su culpa y unas reglas del juego democrático que precisan una profunda revisión. Pero no debería ser la actitud del PSOE”.

Al final, expresaba: “Cabe preguntarse qué ha hecho y dicho el rey para tratar de evitarlo (los recortes durante la crisis y el sufrimiento de millones de familias); por ejemplo, si ha llamado la atención -en privado siquiera- a un gobierno que acuerda recortes y elimina derechos. O si ha tenido la Casa Real un comportamiento ejemplar, diferente al de partidos e instituciones, a la hora de aplicar la transparencia a sus actividades, a sus gastos y a su patrimonio. Por cierto: ¿Llegó a denunciar el rey a los patriotas que se llevan el dinero a paraísos fiscales? Dejo a un lado el caso de Urdangarin y la infanta”.

No comparto la oportunidad de una Comisión de Investigación política en estos momentos en el Congreso. Prefiero que se investiguen conforme a la ley y con rigor las cuentas opacas y las finanzas del rey emérito y familia. Porque sé muy bien que, además del informe contrario de los letrados del Congreso, unas comparecencias estilo show que incluyan a Villarejo –las personas claves no acudirían– no servirían hoy para investigar con rigor y de modo operativo.

Tras las informaciones y la propia nota de Zarzuela, lo exigible por cualquier demócrata es que se investiguen los hechos para delimitar las responsabilidades que correspondan. Para ello, confío en el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que tiene, no solo en Suiza, indicios para tirar del hilo. No se entenderían más cortafuegos para tapar actos inmorales.

_________Odón Elorza es diputado del PSE-PSOE por Gipuzkoa

Un Parlamento con máscaras y mascarillas

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