De los estudiantes José Luis y Emilio a la activista Gladys: las víctimas de la Transición que no serán reparadas

El Gobierno mueve ficha con rapidez para cubrir el agujero que dejó al descubierto el caso de Manuel García Caparrós, el joven sindicalista malagueño asesinado por la Policía Militar durante una manifestación por la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977. Una semana después de que el Ejecutivo le denegase la condición de víctima de terrorismo de Estado, con la implicación –también económica– que eso tiene, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Ley de Memoria Democrática para recuperar y ampliar el derecho a una indemnización para las víctimas del franquismo. La modificación impulsada de urgencia extenderá el paraguas de la reparación a la familia del sindicalista. Pero dejará fuera del mismo a otras tantas víctimas de la sangrienta Transición.

Las indemnizaciones a las víctimas del franquismo estaban contempladas en la Ley de Memoria de 2007. Concretamente, en su artículo décimo. Sin embargo, no se incluyeron expresamente en la normativa memorialista de 2022. Ahora, con la aprobación de este real decreto-ley, el Ejecutivo recupera las ayudas. Y extiende el marco temporal de las mismas. Así, si en la norma aprobada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podían solicitarlas aquellas víctimas comprendidas entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1977, ahora la fecha límite se amplía un año más, hasta el 29 de diciembre de 1978, momento de la entrada en vigor de la Constitución.

La reforma aprobada incluye el derecho a indemnización "a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, así como de quienes hubiesen sufrido lesiones incapacitantes" –siempre y cuando no hubieran sido ya indemnizadas y no hubieran pertenecido a bandas o grupos armados terroristas–. En concreto, se recoge una indemnización de 250.000 euros por víctima fallecida, frente a los 135.000 que contemplaba la ley de 2007. Y de 180.000 euros y 500.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez, respectivamente.

La ampliación temporal de un año permitirá incluir bajo el paraguas de la reparación a todas aquellas víctimas de la Transición de las que se había olvidado la anterior normativa memorialista. Es el caso, por ejemplo, de Gustau Muñoz, joven muerto por disparos de la Policía durante la Diada de 1978. Sin embargo, deja fuera a otras tantas víctimas de ese periodo. Según los datos recopilados por Mariano Sánchez Soler en La Transición sangrienta, solo entre 1979 y 1983 se registraron 61 muertos y 316 heridos como consecuencia de la "violencia institucional": ataques procedentes de grupos de extrema derecha, guerra sucia contraterrorista, represión en la calle por parte de las Fuerzas de Orden Público o malos tratos y torturas bajo custodia policial.

Abatidos por la Policía en la Complutense

Fuera quedan ahora, por ejemplo, José Luis Montañés y Emilio Martínez Menéndez, dos jóvenes que murieron por disparos de la Policía el 13 de diciembre de 1979 y a los que la Universidad Complutense e infoLibre rindieron homenaje hace solo tres meses. Aquella tarde, el movimiento estudiantil protestaba contra la Ley de Autonomía Universitaria, que muchos percibían como un retroceso en derechos. La manifestación estaba legalmente convocada. Y transcurría con normalidad. Hasta que, en un momento dado, una ráfaga de disparos salió de un jeep policial. La versión oficial habló de tiros "al aire". Sin embargo, ambos fueron alcanzados a decenas de metros del furgón, lo que pone en cuestión lo de los disparos de disuasión.

Tampoco entran dentro del nuevo marco temporal fijado por el Ejecutivo para las indemnizaciones los casos de Ursino Gallego, un muchacho de solo catorce años que murió por el impacto de una bola de goma cuando asistía a una manifestación contra la escasez de agua en la localidad madrileña de Parla el 4 de marzo de 1979; o Gladys de Estal, que falleció un mes más tarde por un disparo de la Guardia Civil cuando participaba en una sentada organizada tras una primera carga de las Fuerzas de Seguridad durante el trascurso de la Jornada Internacional contra la Energía Nuclear en Tudela (Navarra).

El caso de la militante ecologista llegó a los tribunales, donde solo se condenó al guardia civil a año y medio de cárcel. La sentencia habló de "acción de omisión negligente no maliciosa", resaltando que el "arma se disparó" tras un movimiento brusco de la joven cuando estaba siendo empujada y golpeada con el subfusil, una versión que nadie ratificó. Se intentó que se aceptara la tesis del dolo y alevosía, pero el Alto Tribunal la rechazó: "Estos supuestos no permiten imputar la conducta del recurrente a título de dolo, tanto directo como eventual, y mucho menos engendran los elementos que la alevosía requiere para su apreciación". A pesar de estos hechos, el guardia civil fue posteriormente condecorado.

Pocas semanas después de la muerte de Estal, se registraba una huelga legal en el Mercado Central de Valencia, en la que perdió la vida por el impacto de una bala de goma a corta distancia Valentín González, un afiliado a la CNT. Por disparos de la Guardia Civil también murió el transportista Valeriano Martínez cuando participaba en un piquete. Y en marzo de 1981, la joven María Asensio Morales cuando protestaba en una manifestación en Almería contra la intención de una empresa de extraer agua de los pozos de la zona para regar unas fincas cercanas, lo que afectaba directamente a los agricultores locales.