Sanidad

El exconseller de Salud de Artur Mas ficha por la empresa pionera de la sanidad privatizada

Boi Ruiz, en una fotografía de archivo.

El que fuera conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña entre diciembre de 2010 y enero de 2016, Boi Ruiz, acaba de sumarse a la lista de políticos que tras tener responsabilidades de gestión en la sanidad pública pasan a estar en nómina de empresas privadas del mismo sector. Este jueves, Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, anunció su nombramiento como nuevo miembro del consejo de administración. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ribera Salud señala que su fichaje no supone en ningún caso un quebrantamiento de la legislación vigente sobre conflicto de intereses porque han pasado más de dos años entre su cese como conseller de la Generalitat y su nombramiento como miembro del órgano de dirección de Ribera Salud, tal y como recoge la ley catalana sobre incompatibilidades. En cualquier caso, esa norma también permite a los ex altos cargos hacer ese tránsito sin tener que esperar dos años siempre que prueben que en el desempeño público no tuvieron ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que pretenden emprender. 

El caso de Ruiz, además, es el ejemplo perfecto de puerta giratoria, el término de origen anglosajón que define la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan o regresan a trabajar a empresas privadas. En 2010, cuando fue elegido por Artur Mas para formar parte del que definió como Govern de los mejores –por su importante componente tecnócrata–, Ruiz ocupaba la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada de esa comunidad. Es decir, venía del sector privado cuando recaló en la Administración. 

Ruiz entró en el Govern recomendando a los catalanes hacerse un seguro sanitario privado y advirtiendo de que el sistema, tal y como se conocía, era insostenible. Aunque no privatizó ningún hospital, las empresas privadas sí lograron durante su mandato más presencia que nunca en el sector público a través de externalizaciones de servicios y derivaciones masivas a centros de la red pública pero gestionados por empresas privadas, especialmente del holding IDCSalud (antes denominada Capio y ahora QuirónSalud). 

El citado portavoz de Ribera Salud asegura que la incorporación de Ruiz –y también la del exsecretario de Estado para la Salud del Reino Unido Alan Milburn– coincide con la consolidación del plan de expansión internacional de la compañía, que este 2017 supuso la compra de una participación de la empresa eslovaca de radiología y medicina nuclear Pro Diagnostic Group (PDG). Lo cierto es que en España la empresa se enfrenta al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y de Madrid.

La Generalitat Valenciana, ahora en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. El próximo 31 de marzo expira la concesión del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (València), el primero que adoptó este sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo, y ha decidido que no la prorrogará. La compañía facturó 348,6 millones en 2015, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, y declaró unos beneficios de 13 millones

Otros casos  

El de Boi Ruiz no es el único caso reciente de puerta giratoria en el sector sanitario. Esta misma semana la Cadena Ser desveló que el bufete de Manuel Lamela, el que fuera consejero de Sanidad madrileño entre 2003 y 2007, ha sido contratado para asesorar a Ambulancias Alerta, empresa a la que adjudicó un contrato para la prestación del transporte no urgente en el área atendida por los hospitales madrileños Gregorio Marañón y la Princesa. Al término del periodo contemplado, la consejería lo prorrogó aplicando además una corrección del precio al alza. En total, el contrato ascendió a 16,8 millones de euros.

Pero lo más relevante, si cabe, es que Ambulancias Alerta ha contratado al despacho de Lamela para que le asesore en los pleitos que mantiene con el actual Gobierno de Cristina Cifuentes. En concreto, la compañía de transporte sanitario pretende impugnar el contrato del servicio de transporte programado, que es el que utilizan enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, y que el Ejecutivo regional adjudicó a cuatro empresas recientemente. 

Pero esta no es, ni mucho menos, la única vinculación de Lamela con la sanidad privada. En 2010, dos años después de abandonar la consejería creó la empresa Madrid Medical Destination, S. L., encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según informó El País, presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como la antigua Capio o MD Anderson. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

Además, ese mismo año Lamela entró a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, precisamente uno de los hospitales semipúblicos que él adjudicó en su etapa como consejero. Y, en 2013, el Ministerio de Sanidad encargó a la consultora BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL), de la que Lamela era miembro, un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" en los hospitales de Ceuta y Melilla, los dos únicos de gestión estatal. 

También fueron polémicos los vínculos con la sanidad privada de su sucesor en la Consejería de Sanidad madrileña, Juan José Güemes, que estuvo en el cargo hasta marzo de 2010. Acabó dejando el puesto de consejero que tenía en la empresa Unilabs después de que se desvelara en enero de 2013 que esa compañía había comprado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) a la que el Ejecutivo madrileño había adjudicado en 2009, precisamente cuando él era consejero, la realización de los análisis clínicos de seis hospitales de la red pública. Ahora Güemes trabaja en el IE Business School (antiguo Instituto de Empresa). 

El camino inverso al de Lamela y Güemes fue el que recorrió Antonio Burgueño, que fue director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y febrero de 2014. Médico de profesión, recaló en ese puesto directamente desde un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, donde había impulsado el modelo de sanidad privatizada a través del llamado modelo Alzira.

De hecho, su gran proyecto en el ámbito público fue impulsar la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños, lo que suponía cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Ese plan fracasó por la ofensiva que profesionales sanitarios, pacientes, sindicatos y partidos de la oposición mantuvieron durante quince meses en los tribunales, la calle y los centros de trabajo. Y acabó llevándose por delante al entonces consejero Javier Fernández Lasquetty y a otros altos cargos. Entre ellos, a él mismo. 

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