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Caso Gürtel

El exmarido de Ana Mato se defiende de la acusación del juez Ruz culpando a sus concejales de Pozuelo

La Audiencia Nacional investigará los regalos de la 'Gürtel' a Sepúlveda y Mato

El exalcalde del municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (PP), exmarido de la exministra de Sanidad Ana MatoAna Mato, ya ha trazado su línea de defensa ante las acusaciones del magistrado que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.

La culpa fue de sus concejales, que en realidad eran los auténticos responsables de las áreas municipales que se encargaban de las adjudicaciones a la red corrupta liderada por Francisco Correa. Esta es la principal conclusión del recurso de apelación enviado por el representante legal del dirigente del PP al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso infoLibre.

El magistrado acusa a Sepúlveda de cobrar mordidas a cambio de adjudicar obras y servicios a Correa. De estas sumas también se habría beneficiado el Partido Popular, por lo que esta formación política ha sido considerada por Ruz "partícipe a título lucrativo", a semejanza de la exministra de Sanidad Ana Mato.

Delegó las competencias

Para el abogado que firma el escrito en nombre de Sepúlveda es "fundamental" recordar que el entonces regidor "delegó la totalidad de competencias" que le fueron atribuidas como alcalde en los miembros de la comisión de gobierno, "como se refleja en el decreto de alcaldía-presidencia de 16 de junio de 2003".

Además, el letrado acusa al juez de ignorar el archivo de la causa "respecto de personas en quien tenía delegadas la totalidad de funciones inicialmente atribuidas a sí mismo", en referencia a la exconcejal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Yolanda Estrada.

Según esta versión Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo de Alarcón, cedió sus competencias en las áreas que coincidían con las de "mayor relevancia institucional y operacional del municipio": que eran las de Coordinación General, Cultura y Festejos; Economía, Hacienda y Régimen Interior; Urbanismo, Medio Ambiente, Vivienda y Obras; Familia y Bienestar Social; y Seguridad y Transporte.

No obstante, el exconcejal de Deportes de Pozuelo Ignacio José de Costa admitió ante el juez que la orden de adjudicar contratos del Consistorio a empresas de la trama Gürtel partía de Sepúlveda.

Decreto municipal

Así, Sepúlveda se aferra al mencionado decreto, que según el letrado acredita que el exalcalde de Pozuelo no tenía "competencias en la contratación. Conforme reconocieron los propios concejales en los actos de su declaración".

En descargo del exmarido de Ana Mato, el letrado defensor argumenta también que su representado, "al igual que otros muchos alcaldes, no puede ser perfecto conocedor de la totalidad de las competencias que le han sido, en esta causa, atribuidas a su cargo", y que por eso delegó en sus concejales.

Además, el recurso destaca que todas las contrataciones públicas efectuadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón entre 2003 y 2005 "cumplieron con una serie de condiciones que no hacen más que probar la legalidad de los procedimientos".

Así, el documento especifica: "Los órganos de contratación lo fueron por delegación de Sepúlveda y existió una participación de la mesa de contratación, debidamente constituida, que contó con la intervención de concejales, funcionarios públicos e incluso las figuras del interventor municipal e ingeniero técnico municipal, Leopoldo Gómez Gutiérrez".

Amistad con Correa

No obstante, en el documento, que tiene como fecha el 4 de diciembre, se reconoce la vinculación entre Correa y Sepúlveda, aunque “dicha amistad no ha devenido en la adjudicación irregular de contratos, obras o cualquier otra prebenda pública a Correa o a sus empresas en ninguna de las etapas de Sepúlveda”.

El exmarido de Ana Mato también defiende la legalidad de su actuación como senador del PP por la Región de Murcia y como secretario electoral de este partido: “En estos dos casos es obvio, ya que dichos cargos no tenían aparejada función alguna en materia de contratación”, completa el escrito enviado a Pablo Ruz.

En este sentido el escrito resalta: "El auto [de Pablo Ruz] es erróneo. ya que en ningún caso puede imputarse a mi mandante un delito de cohecho propio. Sepúlveda no ejercía ninguna de las facultades en materia de contratación", completa el escrito, que pretende que el juez archive la acusación contra el exmarido de Ana Mato.

"Ignora y omite"

Para Sepúlveda, el instructor "ignora y omite referirse a indicios de descargo" como la existencia de unanimidad en las mesas de contratación, los informes favorables del interventor del Ayuntamiento "que demuestran la absoluta legalidad que se siguió en la adjudicación de todos y cada uno de los contratos públicos objeto de instrucción; y el hecho de que no hubo jamás reparo alguno por parte del secretario o la tesorera del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón".

Pero además de Sepúlveda, también interpuesto sus recursos los representantes legales de los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, así como el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa e Iván Yáñez, el presunto testaferro de Bárcenas.

Así, Bárcenas se apunta a la estrategia de Sepúlveda, asegurando que como cargo del PP y como senador de este partido en Cantabria, no tenía capacidad de adjudicar contratos a Correa. Pero además, considera que todas las pruebas contra él generadas en Suiza no pueden ser utilizadas en el caso Gürtel. En similares términos se expresa el presunto testaferro de Bárcenas, Iván Yáñez, que fue quién presuntamente ayudó a sacar el dinero de la confederación Helvética.

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La demencia de Lapuerta

Por su parte, Álvaro Lapuerta ha pedido al juez el archivo de su acusación al sufrir "un proceso de demencia". Además, el escrito en nombre del que fuera jefe de Bárcenas en la tesorería del PP, hace referencia a la acusación concreta que le imputa el juez Ruz, que califica de "pequeñísima parcela fáctica y jurídica", asegurando que se trata de solo "tres movimientos".

"Insistimos, no se trata [...] de conjeturar y elucubrar si el Partido Popular tuvo o no un sistema de gestión de ingresosPartido Popular y gastos al margen de las cuentas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas; no se trata ahora de conjeturar o elucubrar si esos ingresos de lo que el auto llama la contabilidad B, tuvieron proyección o vinculación con concretos actos administrativos", resalta el recurso presentado por Lapuerta en la Audiencia Nacional.

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