Catástrofe Prestige

Expertos denuncian las deficiencias en la instrucción del caso

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Ibon Uría

La sentencia de la Audiencia de A Coruña no pone nombres a la catástrofe del Prestige. El único condenado es el capitán del buque por desobediencia a la autoridad, ya que desoyó la orden de retirar el barco de la costa. El resto de acusados se enfrentaban a penas de hasta 12 años de prisión, pero han sido absueltos. Y también ha salido indemne el Gobierno, cuya decisión de alejar el navío de tierra se considera validada por expertos.

Tras conocer el fallo, la oposición y diversas organizaciones ecologistas han calificado de decepcionante el resultado del proceso. El PP, por su parte, ha afirmado que la decisión judicial no es sino un aval a su gestión. En una conversación con infoLibre, el abogado de Nunca Máis Pedro Trepat, Ramón Sabín, que representa a 18.000 miembros de cofradías, y José Manuel Marraco, letrado ambientalista, analizan la sentencia sobre la catástrofe del Prestige.

La sentencia

Los expertos consultados coinciden: "Este era un caso de libro", señala Marraco. "Se daban todos los elementos para una condena", añade Sabin. En definitiva, un fallo "sorprendente" y "desconcertante", apuntan Marraco y Trepat. Sabin, por su parte, afirma que esta resolución entra "dentro del abanico de posibilidades" por "la dificultad de llegar a una condena en esta clase de procesos". Eso sí, recalca que considera "que existió delito ecológico".

"Creo que todos los juristas están sorpendidos y este es un día triste, marcado en negro en el calendario", lamenta Marraco, abogado de Greenpeace. "El fallo ha desconcertado incluso a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado", apunta por su parte Trepat, "que durante una década –explica– han tratado de demostrar la responsabildiad del capitán y la aseguradora" finalmente, sin resultados.

LAS CAUSAS DE LA ABSOLUCIÓN

Preguntados sobre los motivos por los que no se ha producido un fallo condenatorio, los tres expertos señalan un problema fundamental: la falta de medios. "La Justicia española está obsoleta y debería haber una reforma para dotar a los jueces de los instrumentos necesarios", afirma Marraco.

Sobre la posibilidad de crear juzgados específicos para delitos medioambientales o de traspasar a la Audiencia Nacional las competencias sobre los casos más complejos, los juristas comentan que es preferible mantener el juez predeterminado "poniendo a su disposición los refuerzos necesarios", dice Trepat. "El Juzgado debería haberse podido dedicar en exclusiva a este caso", insiste Sabin.

A partir de ese escollo principal, Trepat y Marraco señalan otros motivos. "En España existe una falta de sensibilidad con estos delitos y los jueces exigen una prueba diez para imponer una condena", afirma Marraco. "Ha sido un problema de medios y voluntad política", añade Trepat. 

Sobre la posibilidad de que se hayan producido presiones políticas, Marraco asegura que es "difícil entender" cómo todo "ha quedado en nada". "Pero quiero seguir creyendo en la Administración de Justicia", dice.

LOS Culpables ausentes

Los tres letrados también coinciden al señalar que hay responsables que no se han sentado en el banquillo de los acusados. "No ha habido responsables políticos", recuerda Marraco: "El ministro que se fue de cacería [Álvarez Cascos], el director de la Marina Mercante [José Luis López Sors], toda la cadena de mando –enumera el abogado–, pero responsabilidad y dimisión son dos palabras en desuso". Trepat incide en la tesis de las responsabilidades politicas: "Todo se decisión en aquellos días por motivos políticos y de forma caprichosa".

Sabín engrosa la nómina de ausentes en el proceso: "Los responsables del buque, los empresarios...", comenta al tiempo que reconoce la "dificultad" de sentar a todos los reponsables por la "maraña" de empresas e intereses que dancobertura a buques como el Prestige.

El abogado de las cofradías, eso sí, defiende que López Sors ni siquiera debería haber sido imputado: "Tomó la decisión que querían las cofradías: alejar el buque", sostiene. "Si el barco se hubiera aproximado a un puerto y se hubeira partido, como todo hacía indicar –añade–, López Sors estaría ahora pasando una buena temporada en prisión".

Un precedente peligroso

"El que contamina no paga [con este fallo]", dice Sabin, lo que supone "un grave precedente que consolida la impunidad", en palabras de Marraco. El tercer experto, Pedro Trepat, afirma que el objetivo del proceso debería haber sido lograr un "fallo ejemplarizante y pedagógico" y que el resultado, en su lugar, es una sentencia "que hace aguas".

"Queríamos un precedente para que, si se produce otro caso como este, los gestores no se fueran de cacería y no tomaran decisiones oportunistas que desprecian a la comunidad científica y técnica. Pero este fallo sienta un precedente para la impunidad", añade Trepat, que estudia un posible recurso ante el Tribunal Supremo.

La contestación social

"Mantener la movilización durante 10 años es muy difícil", comenta Trepat en referencia a Nunca Máis. El abogado dice además que Galicia tiene "un problema de conciencia de sociedad civil", e insiste en la necesidad de "reactivar el movimiento" y de que "la sociedad manifieste su disgusto ante una resolución que afecta a la sociedad".

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