Espionaje a políticos y empresarios

La firma auditora del BBVA tampoco entregó los datos que le pedía la Audiencia sobre los contratos del banco con Villarejo

El BBVA afirma que el 'caso Villarejo' no ha impacto en el negocio, pero sí en la reputación

El levantamiento del secreto en la pieza que instruye la Audiencia Nacional sobre el espionaje del comisario Villarejo a políticos y empresarios por encargo del BBVA se produjo este lunes sin que una de las grandes incógnitas del caso hubiese quedado resuelta: el verdadero alcance de la investigación interna anunciada hace un año y publicitada por el banco como prueba de su voluntad de esclarecer todos los hechos y de colaborar con la justicia.

Hasta el último momento en que pervivió el secreto sumarial, los investigadores intentaron que la entidad financiera facilitase toda la información solicitada sobre esas pesquisas internas, el llamado forensic. Pero no solo fracasaron en cuanto al BBVA. Pricewaterhousecoopers (PwC), la consultora a la que el banco acudió en enero de 2019 para que se sumara al bufete Garrigues y al de Uría en esa investigación, tampoco accedió a facilitar los datos que le había requerido el 19 de diciembre el juez Manuel García Castellón. Garrigues compagina dos papeles: el protagonista en la dirección del forensic independiente y el de bufete que ejerce en este caso la defensa del banco, imputado como persona jurídica. 

Fuentes conocedoras de lo sucedido explican que PwC invocó el secreto profesional para sustraerse a la reclamación de datos e informes formulada por el juzgado central número 6 de la Audiencia. El requerimiento judicial buscaba agotar en la fase de secreto la última posibilidad de que la entidad financiera y su equipo –Price forma parte de él en este capítulo– contribuyesen a trazar una línea clara sobre el forensic. Acreditar, por ejemplo, de dónde proceden determinados datos obtenidos y manejados por el banco durante el año y medio que oficialmente lleva abierta la investigación puede resultar crucial para determinar su responsabilidad. Es decir, la de la entidad financiera como tal y no solo la de los exdirectivos ya investigados, con el expresidente Francisco González en cabeza.  O la de otros cargos a los que en el futuro pudiera alcanzar la investigación si tal opción se considera abierta, interrogante para el que este periódico carece todavía de respuesta.

Pero el silencio de PwC no sirvió para que el secreto fuese prorrogado de nuevo. La Fiscalía Anticorrupción, y así lo relata el auto por el que el juez Manuel García Castellón ordenó el lunes entregar copia de las diligencias a todas las partes personadas, entendió que el resultado del requerimiento ya "resultaba suficiente" para proceder al levantamiento del secreto. Y que "el conocimiento de lo actuado por las partes no va a perjudicar la investigación en curso". La apertura de la causa permitirá conocer con exactitud qué requirió la Audiencia y qué le denegó PwC. Este martes, infoLibre trasladó a la firma auditora la información sobre su negativa a facilitar datos a la Audiencia pero sus portavoces declinaron pronunciarse. El tema "es de un cliente", fue el argumento.

El forensic, cuya entrega pidió al BBVA sin éxito el Banco Central Europeo (BCE) hace meses, debe determinar quiénes, por qué y con qué objeto contrataron al policía, cuya empresa privada Cenyt cobró al menos 10,2 millones por lo que el auto del juez define como servicios de "carácter ilícito" que vulneraron "los derechos fundamentales" de los espiados. Hasta ahora no ha trascendido en qué fase se encuentra ese forensic, que por definición ha de ser elaborado por expertos independientes y desmarcarse de lo que cabría bautizar como una investigación interna defensiva. En agosto, el BBVA anunció que "las líneas de investigación originales" del forensic ya habían finalizado "sin perjuicio de otras líneas que se puedan iniciar mientras la investigación judicial siga en curso". En noviembre, sus portavoces indicaron en cambio a este periódico que la investigación seguirá abierta en tanto perdure la instrucción judicial.

De momento, lo que se conoce es que el primer contrato, desarrollado entre 2004 y 2005, supuso que el policía José Manuel Villarejo interviniese nada menos que casi 4.000 teléfonos y espiara al hoy exministro Miguel Sebastián así como al empresario Luis del Rivero o al entonces vicepresidente de la CNMV, Carlos Arenillas, entre otros. ¿El objetivo del espionaje? Impedir que la constructora Sacyr entrase en el accionariado del BBVA. Ya en la siguiente década, Villarejo escudriñó con métodos supuestamente ilegales las propiedades de grandes deudores del banco como Fernando Martín (Martinsa) y Luis Portillo (Colonial).

La 'contradenuncia' de Luis Pineda, clave en la investigación sobre el BBVA

Villarejo investigó igualmente, en 2013 y por vías más que extraoficiales, a Ausbanc, la ya extinta asociación de usuarios de banca enzarzada durante años en una guerra de ataques cruzados con el BBVA  y cuyos dirigentes afrontan ahora un juicio donde lo que salga a la luz sobre el comisario y su relación con el banco puede tener consecuencias de calado. Tanto es así que Miguel Durán, defensor del expresidente de Ausbanc, Luis Pineda, ya ha pedido formalmente el aplazamiento del juicio para estudiar qué han averiguado los investigadores sobre la relación del BBVA y Villarejo. Hoy, el tribunal anunciará su decisión.

Todo indica que las respuestas a esos y otros interrogantes pueden marcar el rumbo de una vista oral donde los encausados se arriesgan a severas penas de cárcel: para Pineda, la Fiscalía pide 119 años. Durán ya expuso en la primera jornada del juicio, la de las llamadas cuestiones previas, cuál será su línea central de defensa: que el caso contra Ausbanc es fruto de un puro "montaje policial" urdido por Villarejo y el BBVA.

Lo que ya ha trascendido que figura en la pieza del BBVA es que se abrió como consecuencia de una denuncia presentada por Pineda en junio de 2018. Desde la cárcel de Estremera, donde permanecía recluido desde abril de 2016, el fundador de Ausbanc, que le había ganado varios casos al BBVA, le escribió el 11 de junio de 2018 al juez que ya investigaba a Villarejo una carta. En el escrito, Pineda solicitaba "comparecer ante su señoría" para darle "información y documentación aclaratorias" sobre la relación del BBVA con Villarejo. Pineda interpuso una denuncia. Y aquella denuncia, cuya existencia adelantó este martes lainformacion.com, se transformó en la apertura de una pieza específica dentro del caso Villarejo.

El mes de junio adquiere así la condición de mes esencial en esta historia: por un lado, Pineda presentó su denuncia; por otro, el BBVA acometió su investigación interna, aunque no la anunció hasta enero de 2019,  una vez que la web moncloa.com comenzó a publicar informaciones sobre el espionaje que tenía como objetivo frenar la entrada de Sacyr en el banco. 

Con independencia de que la vista oral se suspenda o no, sobre ella ya planean preguntas de gran relevancia: ¿partió del comisario Villarejo, hoy preso preventivo desde hace más de dos años, la "denuncia anónima" que convirtió a Pineda y otros directivos de Ausbanc y del seudosindicato Manos Limpias en imputados por delitos de extorsión? ¿Se oculta algún hecho turbio en que la Udef, la unidad policial contra la corrupción, emitiese un prolijo informe sobre las cuentas y los supuestos delitos atribuibles a Pineda solo siete días después de que entrase la citada "denuncia anónima"? ¿Por qué el BBVA, que acusaba de extorsión a Pineda, se retiró este verano de la causa?.

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