Corrupción política

El fiscal acusa al expresidente murciano de utilizar una subvención para construir un auditorio "distinto"

El expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez (d), en presencia del candidato a sucederle Fernando López Miras.

El fiscal delegado de Anticorrupción en la Región de Murcia, Juan Pablo Lozano, ha enviado un escrito a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el que acusa al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, que está imputado en el denominado caso Auditorio, de ejecutar "en una parcela distinta, un proyecto distinto, fruto de un concurso de proyectos, y con un contenido más amplio que la subvención (cuyo objeto era un Teatro Auditorio, y sin embargo se ejecutó parcialmente ese teatro, y se terminaron obras anejas que no eran objeto de la subvención)", según especifica el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

De esta forma, el fiscal alude al dictamen pericial del arquitecto Andrés Checa, aportado la semana pasada al juez Julián Pérez-Templado, en el que se asegura que el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, encabezado entonces por Pedro Antonio Sánchez, había proyectado unas obras con un presupuesto de más de 8 millones de euros, lo que suponía un 45% superior a la subvención recibida de 6 millones de euros.

Una decisión "unilateral" de Sánchez

Asimismo, el fiscal considera "ilustrativo, que se modificara la ubicación inicial prevista para la construcción del teatro-auditorio sin que existiera acuerdo de órgano municipal del Ayuntamiento", completa Juan Pablo Lozano, que especifica que esta decisión "se tomó unilateral y verbalmente por el alcalde, Pedro Antonio Sánchez".

Por todo ello, el representante del Ministerio Público solicita al instructor que reclame al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras "a fin de que identifique mediante número de referencia catastral la parcela de Rambla de Nogalte y adjunten certificación de su titular e igualmente si esa parcela estaba inscrita en el Inventario Municipal de Bienes".

Según indica el propio fiscal en su escrito dirigido al juez, "con la prueba solicitada se trata de conocer, en consecuencia qué otro título [de propiedad] ostentaba el Ayuntamiento sobre la misma, pues de no disponer de ninguno, el ofrecimiento y el anteproyecto formulado por Pedro Antonio Sánchez ante la Consejería para la obtención de la subvención no se ajustaba a la realidad".

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