La Fiscalía abre la puerta a que Juan Carlos I se siente en el banquillo con una investigación inédita en el Supremo

Dos años después de que unos audios de Corinna zu Sayn-Wittgenstein destaparan la supuesta implicación de Juan Carlos I en el cobro de comisiones millonarias por la adjudicación a empresas españolas del AVE a la Meca, el rey emérito se ha convertido oficialmente en objeto de investigación penal. En una decisión inédita avalada por la fiscal general del Estado y acordada con Anticorrupción, el caso pasa ahora a manos de la Fiscalía del Supremo. Y ocurre así porque una de las "personas involucradas en los hechos investigados" –lo dice la nota oficial– es el rey emérito, aforado ante el alto tribunal. Tras el comunicado con que, recién iniciado el estado de alarma, la Zarzuela reconoció el 15 de marzo la tenencia de fondos opacos por parte del anterior monarca, el paso dado este lunes por el equipo de la fiscal Dolores Delgado abre lo que parecía una puerta cerrada de por vida. Y esa puerta conduce al todavía remoto aunque ahora posible escenario de que Juan Carlos de Borbón acabe en el banquillo por dos delitos: blanqueo de capitales y fraude fiscal. 

En las "nuevas diligencias" que afectarán "directamente" al padre de Felipe VI solo interviene de momento el ministerio público, es decir, que la causa no está aún judicializada. Solo llegará a estarlo si la Fiscalía concluye que ha reunido elementos suficientes para presentar una querella. Y si la admite el magistrado del Supremo en cuyo juzgado recaiga. 

El traslado de las actuaciones de Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo se produce, según las fuentes consultadas, todavía en espera de que Suiza envíe una comisión rogatoria pendiente con datos que pueden resultar decisivos. Según distintos expertos, la posibilidad de que la Fiscalía llame a declarar al monarca resulta improbable: cabe cursarle una citación, pero mientras que la obligación de comparecer ante un juez es insoslayable, la de hacerlo solo ante un fiscal queda al albur de quien está siendo investigado. Para comandar la investigación, Delgado designó al fiscal de sala del Supremo especialista en delitos económicos, Juan Ignacio Campos. El decreto de la fiscal general lleva fecha del 5 de junio. Es decir, lo firmó justo al día siguiente de que se pusiera de nuevo en marcha el reloj de los plazos procesales tras el parón del estado de alarma.

La adjudicación  de la segunda fase de la construcción del AVE del desierto –el tramo entre las ciudades de Medina y La Meca– a un consorcio de empresas españolas se anunció en octubre de 2011. Tanto la mayor parte de los juristas como los dos grandes partidos, PSOE y PP, interpretan que nada que sucediera durante su mandato como jefe del Estado podría sentarle frente a un tribunal. Pero ahora disminuyen sus opciones de salir indemne si la investigación constata que existió el cobro de comisiones multimillonarias por el tren saudí o incluso si solo confirma que el rey emérito manejó o sigue manejando fondos opacos a través de una fundación del paraíso fiscal de Panamá. Fondos que nunca hayan sido declarados a la Hacienda española. 

Si una vez había abdicado Juan Carlos de Borbón hubiera hecho alguna maniobra para aflorar dinero, sería perseguible por blanqueo. Y respecto al delito fiscal, la clave radica en lo siguiente, y así lo confirmaron este lunes las fuentes consultadas: desde octubre de 2012, una ley estipula que nunca prescriben las ganancias patrimoniales no justificadas ni declaradas y localizadas en el extranjero. Y no prescriben porque el dinero no declarado a través del denominado Modelo 720 y que se termine localizando en otros países pasará a integrarse en la "base liquidable general" a efectos tributarios del ejercicio "más antiguo entre los no prescritos". A día de hoy el más antiguo entre los no prescritos es 2015. Y, para entonces, Juan Carlos de Borbón ya no gozaba de inviolabilidad. 

En diciembre, Bruselas demandó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) porque considera excesiva la penalización que impone esa ley a quienes ocultan bienes en el exterior. Por ahora, el TJUE no se ha pronunciado. Pero en el supuesto de que tumbe la norma que rige el denominado Modelo 720, uno de los beneficiados será el rey emérito si realmente nunca tributó por los fondos. Sobre la existencia de esos fondos –alojados en una cuenta suiza de la fundación Lucum– y sobre el vínculo de Juan Carlos I como "benefeciario" de esa entidad opaca ya ha avanzado la Fiscalía suiza abierta través de una investigación abierta en 2018.

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Mientras la Audiencia Nacional daba carpetazo a la pieza del caso Villarejo basada en los audios de Corinna, la Fiscalía que en Ginebra dirige Yves Bertossa emprendía averiguaciones sobre un caso donde ya muestran perfiles nítidos dos hechos de relevancia. El primero, que en 2008, Lucum Foundation abrió una cuenta en el banco suizo Mirabaud a la que el 8 de agosto de aquel año y como publicó El País llegaron 65 millones de euros donados por la casa real de Arabia Saudí. El segundo hecho es que dos años más tarde, en abril de 2010, la misma cuenta de Lucum en Mirabaud recibió 1,7 millones transferidos por el sultán de Bahrein. Los datos referidos a ambos ingresos figuran en un documento remitido por Bertossa a la Audiencia Nacional en agosto de 2019 y de cuya existencia nada se supo hasta que el rotativo del grupo Prisa la desveló el pasado 25 de marzo. 

La Fiscalía ginebrina había abierto su investigación para seguir el rastro de una donación de la que se benefició Corinna Larsen. En los audios grabados por el comisario Villarejo y que vieron la luz en julio de 2018, la empresaria y antigua amiga íntima del rey emérito cifraba en 80 millones las mordidas pagadas para que el consorcio español se hiciese con la adjudicación del AVE a la Meca. Segín su versión, al menos una parte del dinero fue a parar a Juan Carlos I.  

Aunque la Audiencia Nacional archivó la pieza de Corinna con gran celeridad, Anticorrupción siempre consideró factible investigar al rey emérito, como adelantó este periódico.