Investigación

La Fiscalía investiga si el juez Serrano y sus socios cometieron delitos con una ayuda de 2,4 millones de Industria

Francisco Serrano (con gafas, detrás de Rocío Monasterio), este lunes en una comparecencia de Vox ante los medios.

La Fiscalía Provincial de Sevilla investiga el caso Serrano. "Se han abierto diligencias de investigación", confirmó oficialmente la Fiscalía a infoLibre, que preguntó si había una investigación en marcha en relación con las actividades de la empresa Bio Wood Niebla SL, de la que el juez Francisco Serrano, hoy presidente del grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía, fue administrador entre marzo de 2016 y octubre de 2017.

La Fiscalía –que actúa a raíz de una denuncia de la Policía Nacional, que a su vez reaccionó a las informaciones desveladas por este periódico– declinó ofrecer detalles sobre la investigación, por encontrarse en fase preliminar. La investigación tiene su origen en las noticias que viene publicando infoLibre, que desvelan que Bio Wood Niebla SL, con un capital inflado por una aportación falsa de maquinaria industrial, recibió una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto para construir una fábrica que está sin terminar. Los hechos destapados llamaron la atención de la Policía Nacional, que los puso en conocimiento del Ministerio Público. La Fiscalía considera que hay material suficiente para investigar.

Durante el periodo en que Serrano fue administrador, Bio Wood Niebla recibió un préstamo de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets –combustible a base de madera–, pero ni la fábrica está terminada, aunque debía estarlo desde mayo de 2018, ni el dinero ha sido devuelto. Hacienda reclama ahora el dinero a Bio Wood Niebla SL, que logró el crédito después de que sus socios –Serrano, a través de su despacho de abogados, y el empresario Enrique Pelegrín– declarasen ante notario ser dueños de una maquinaria industrial que, según lo que ahora ha asegurado el propio juez en un comunicado, en realidad no existía ni cuando la ayuda pública fue solicitada ni cuando fue concedida.

Al aportar falsamente esta maquinaria, los socios lograron una préstamo de una cuantía, 2,48 millones de euros, que no podrían haber conseguido sin dicha aportación, ya que su capital social sin las máquinas era de sólo 7.000 euros y el máximo que podría haber recibido la sociedad era el triple de dicho capital social [ver aquí el dosier con todas las informaciones del caso Serrano publicadas por este periódico].

A raíz de la publicación de las primeras noticias sobre la ayuda pública sin devolver, la Policía Nacional se interesó por el caso. El Grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) citó el 21 de octubre a Rubén Sánchez, vicepresidente de la organización de consumidores Facua, que viene realizando una labor de denuncia de posibles irregularidades en las actividades de Serrano y que dio difusión a las informaciones de infoLibre. En su denuncia de los hechos durante la declaración en sede policial, Sánchez aportó cuatro noticias publicadas por este periódico:

Un proyecto empresarial fallido le cuesta al Estado 2,4 millones de euros (ver aquí).

El juez Serrano obtuvo una ayuda pública tras declarar falsamente que era dueño de maquinaria industrial que nunca tuvo (ver aquí).

El falseamiento del capital de la empresa de Serrano fue clave para apropiarse de la ayuda pública de 2,4 millones (ver aquí).

Cronología del 'caso Serrano': una declaración falsa, una fábrica a medias y 2,4 millones sin devolver (ver aquí).

Sánchez también puso en conocimiento de la Policía Nacional informaciones publicadas en la web de Facua. Todo este material, junto con la información mercantil de Bio Wood Niebla SL y la publicada por el Ministerio de Industria que acredita la concesión del crédito, fue puesta por la Policía Nacional en manos de la Fiscalía, que ha visto motivos suficientes para abrir una investigación.

El caso

El caso Serrano arranca con una convocatoria de apoyos financieros a la reindustrialización del Ministerio de Industria hace ya más de tres años. Las ayudas fueron convocadas el 9 de marzo de 2016. Sólo 21 días después, el 30 de marzo, Serrano –a través de su despacho de abogados– y Pelegrín constituyeron Bio Wood Niebla, con un capital inicial de 1.245.000 euros. El 60% de la empresa era propiedad del bufete legal de Serrano y el 40% de Pelegrín, su socio en esta aventura empresarial. Hay un tercer impulsor de la empresa, Javier López, que no figura como administrador de Bio Wood Niebla pero que el propio Serrano cita como "promotor e ideólogo" del proyecto. 

El 99,43% del valor de la empresa (1.238.000 euros) radicaba en la maquinaria: un secadero para biomasa aportado por el despacho de Serrano y tres granuladoras aportadas por Pelegrín. Una maquinaria que, según admitió Serrano a raíz de la primera información sobre el caso publicada por infoLibre, en realidad no había sido adquirida ni cuando la ayuda fue solicitada ni cuando fue concedida.

Bio Wood Niebla SL solicitó un préstamo a Industria para una fábrica de pellets en la localidad de Niebla (Huelva). Industria le concedió la ayuda el 24 de noviembre de 2016. Al mes siguiente, concretamente el 30 de diciembre, Bio Wood Niebla SL hizo una reducción de capital, consistente en la devolución a los socios de la maquinaria aportada, con lo cual el valor de la empresa se reducía de 1.245.000 a 7.000 euros. Se trataba, según ha declarado Serrano, de un movimiento para "ajustarnos a la legalidad". El problema es que el “ajuste” se produjo una vez concedida la ayuda de 2,48 millones de Industria (24 de noviembre), que no ha sido devuelta.

La factoría tendría que estar terminada desde mayo de 2018 y la inversión tendría que estar justificada desde agosto de 2018, según el Ministerio de Industria. Pero no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro, por lo que Industria reclamó el dinero a Bio Wood Niebla SL, sin éxito. Ahora es Hacienda la que reclama el dinero. Además del frente de la Agencia Tributaria, ahora también se abre el penal, con la apertura de diligencias preliminares de investigación por parte de la Fiscalía.

La Fiscalía investiga un posible fraude de subvenciones en la ayuda pública de 2,4 millones a una empresa del juez Serrano

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