La UCO, el último intento de Feijóo de maniobrar contra Sánchez en Bruselas

"Un ataque directo a la credibilidad de las fuerzas de seguridad y una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación". Es el enésimo intento de Dolors Monserrat, eurodiputada y secretaria general del PP europeo, de sembrar dudas sobre Pedro Sánchez. A través de una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea, acusa al Gobierno central de difundir bulos contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "por parte de hasta tres ministros". Esto, a su juicio, es "una vulneración del reglamento europeo contra la desinformación", que pide a Bruselas que incluya en su próximo informe del Estado de Derecho.

En el PP llevan tiempo poniendo el foco en el este informe con el objetivo de que la Comisión de un varapalo al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Se trata del documento que evalúa los avances en garantías y lucha contra la corrupción del todos los países. Desde Bruselas son muy conscientes de que en España no existe ningún riesgo sistémico para el Estado de derecho, según fuentes comunitarias consultadas por infoLibre. En la UE están sorprendidos de que la polarización política sea cada vez mayor y del creciente uso del PP de las instituciones en su guerra contra el Gobierno, pero recuerdan que el último informe del Estado de derecho de la UE fue muy favorable para nuestro país, pese a los intentos de los conservadores de que fuese más crítico.

Las peticiones para que Bruselas haga algo son cada vez más directas y frecuentes. Es lo que hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el pasado domingo en un acto que también contó con la presencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo —que no hizo alusión a esta cuestión—. Ayuso pidió a la Unión Europea "ponerle ya los pies en el suelo" al presidente del Gobierno y "pararle de una vez" y recriminó que mirasen tanto a "Hungría y Turquía" pero no a España: "Señores de la Unión Europea, ¡Párenlo! ¿Qué más tiene que pasar?", se preguntó la madrileña, que acusó al Ejecutivo de "perseguir" y "acosar" a la oposición.

Un mes antes, en el congreso del PP europeo celebrado en València, fue el expresidente José María Aznar el que aseguró que España está envuelta en un "retroceso democrático" y, ante la presencia de Ursula Von der Leyen, reclamó a la Comisión Europea reforzar "su acción como guardián de los Tratados", con "una actuación decidida para asegurar el respeto a la integridad del Estado de Derecho de todos los Estados miembros donde el Estado de Derecho se encuentra seriamente amenazado o directamente infringido".

Bruselas no 'riñe' al Gobierno pese a los intentos del PP

Más allá de las últimas peticiones de Ayuso y Aznar, lo cierto es que el Partido Popular lleva años tratando de situar su batalla contra el Ejecutivo en Bruselas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Alberto Núñez Feijóo, que no le ha dado los éxitos deseados. Más bien al contrario. En estos últimos años el PP ha tratado de deslegitimar al Gobierno de Sánchez en las instituciones europeas, situándolo al nivel de Polonia y Hungría, pero no ha contado con resoluciones, declaraciones ni gestos para mantener vivo ese relato.

La legislatura pasada Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea.

Pero ni las sospechas sembradas sobre el reparto de los fondos europeos, ni las acusaciones sobre un supuesto intento de Sánchez de controlar los medios de comunicación, ni las quejas sobre el perfil de algunos de los magistrados del Tribunal Constitucional, ni la petición para investigar al Fiscal General del Estado por "obstrucción a la justicia" suscitaron críticas contundentes por parte de las instituciones comunitarias. Tampoco, por el momento, sobre la amnistía, que contará con el aval del Tribunal de Garantías.

La hoja de ruta diseñada por Génova pasaba por una condena unánime de las instituciones comunitarias o, al menos, a su familia política, el Partido Popular Europeo, pero ni siquiera las conclusiones de la Comisión de Venencia fueron tan contundentes como el PP de Feijóo reclamaba. Los conservadores utilizaron su mayoría absoluta del Senado, conseguida en las elecciones del 23J gracias al sistema mayoritario que rige para elegir a los senadores, para intentar convencer al órgano de que diera marcha atrás en su borrador de dictamen.

PSOE y Sumar denuncian la "estrategia del barro" del PP en la UE

En los últimos meses el PP ha reclamado a la Comisión Europea que inicie un procedimiento de sanción contra España que, según los tratados, afectaría a las ayudas que recibe de la Unión Europea e incluso privaría al país de voto en su más alta institución, el Consejo. El Partido Popular ha enviado varias misivas, apoyado en las asociaciones judiciales conservadoras, acusando al Ejecutivo de Sánchez de "ir horadando paulatinamente la independencia judicial", algo que ningún organismo europeo, ni las instituciones de gobierno ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han apreciado jamás, al menos hasta la fecha.

Lo que buscan los conservadores es que la Comisión actúe como hizo con Polonia, a la que llegó castigar con una multa de un millón de euros al día y a la que amenazó con cortar los fondos de miles de millones a la recuperación tras la pandemia por actos que sí vulneraban la independencia judicial, como por ejemplo la creación de un tribunal para purgar a jueces incómodos para el Gobierno y el rechazo a aceptar la primacía del derecho europeo sobre el nacional, así como las resoluciones del TJUE. La Comisión que sí vio en riesgo para el Estado de derecho en la actuación del Gobierno de Varsovia, no apreció ningún peligro en la de España. Eso sí, la carta provocó grandes titulares alarmistas en la prensa de derechas.

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La dirección de Feijóo también intentó parar el nombramiento de la exvicepresidenta y anterior ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. La que fue candidata del PSOE en esos comicios se convirtió en la número dos de facto de la presidenta Von der Leyen, dotándola de un poder que ningún comisario español ha tenido antes, pese al evidente malestar del PP. El PP maniobró hasta el punto de poner en peligro la elección de toda la Comisión. Finalmente, Ribera salió elegida aunque los eurodiputados del PP votaron en contra.

Desde los partidos que forman parte del Ejecutivo central denuncian la "estrategia del barro" que utiliza el PP en Bruselas, en palabras de la portavoz de Sumar en la Eurocámara, Estrella Galán. "No solo muestra una deslealtad enorme hacia el Gobierno y hacia las instituciones, sino también hacia toda la ciudadanía española. La realidad es que, por mucho que usen la mentira y la desinformación, hoy España es un faro para Europa Lo es en políticas de empleo y de protección de las personas trabajadoras, de las personas consumidoras, lo es, en definitiva, en políticas que mejoran la vida de la gente", sostiene Galán.

Por su parte, la eurodiputada socialista Lina Gálvez señala que el PP, acompañado por la extrema derecha de Vox, busca "generar un estado de opinión" gracias a sus "medios afines" para que la Comisión y el Parlamento parezcan los garantes de que se cumple con el Estado de Derecho en España. "Es una contradicción muy grande por parte del PP y Vox, que son partidos que no quieren avanzar en la cosoberanía europea, pero están deseando que la Comisión se inmiscuya en asuntos domésticos", razona. Así, Galvez también cita la "politización" de las misiones de eurodiputados a diferentes enclaves de la geografía española, como por ejemplo Barbate o el Hierro, en la comisión de Peticiones. La misma comisión que ha vetado que las víctimas de la dana o los afectados por las expropiaciones de San Fernando de Henares comparezcan.