Memoria histórica

Franco no está solo: las otras fundaciones que blanquean a figuras de la dictadura con el gancho de los beneficios fiscales

Página web de la Fundación José Antonio.
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El Gobierno tiene previsto poner en las próximas semanas sobre la mesa del Congreso de los Diputados la nueva Ley de Memoria Histórica. Lo hará nueve meses después de aprobar el anteproyecto en el Consejo de Ministros. Y su intención es comenzar su tramitación sin tocar una sola coma en lo relativo a la persecución de la apología del franquismo en todas sus formas. Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez es un objetivo "irrenunciable". Y se aferrará a él a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se haya mostrado crítico con algunos de estos aspectos al considerar que vulneran la libertad de expresión o de reunión. "El Gobierno no comparte ni compartirá que el enaltecimiento del totalitarismo, que es el fascismo de la dictadura de Franco, forme parte de la libertad de expresión, cuando cada día esto significa el vilipendio más absoluto de todas estas víctimas", ha sentenciado en repetidas ocasiones la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

La disposición adicional quinta del anteproyecto de ley establece como causa específica de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales". El precepto, que ha terminado por abrir un enorme debate jurídico, parece tener un objetivo muy claro: la Fundación Nacional Francisco Franco. Sin embargo, el alcance del texto va mucho más allá. Porque la entidad que rinde homenaje al dictador no es la única que ensalza a destacados próceres franquistas. Hay más, muchas más. Con menos potencia de fuego mediática que la primera, eso sí. Pero con el mismo objetivo: blanquear la figura de destacados golpistas –Queipo de Llano o Juan Yagüe–, de filonazis como Ramón Serrano Súñer o de referentes falangistas de la talla de José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma.

No son entidades de nueva creación. Cuentan con décadas de historia a sus espaldas. La mayor parte de ellas se pusieron en marcha tras el derrumbe de la dictadura. Y lo hicieron con el beneplácito de gobiernos de distinto color político. Así, la Fundación Nacional Francisco Franco se constituyó en octubre de 1976, con Adolfo Suárez al frente del Ejecutivo y a punto de cumplirse el primer aniversario de la muerte del caudillo. Ya en la década de los noventa, florecieron otras tres entidades más de estas características. Con Felipe González nació la del cuñadísimo. Con José María Aznar, las dos dedicadas a los referentes falangistas. Luego, cuando quedaba poco más de un año para la aprobación de la primera Ley de Memoria Histórica, apareció en Castilla y León la fundación dedicada a Yagüe. Y con Mariano Rajoy liderando el Gobierno, la que recuerda al ultraderechista de Fuerza Nueva Blas Piñar.

Defensa del "buen nombre" y la "importancia histórica"

Sólo una se remonta al periodo previo a la Transición y restauración de la democracia. Es la Fundación Pro Infancia Queipo de Llano. Según consta en el Registro del Ministerio de Justicia, se constituyó el día de Nochebuena de 1937, en plena Guerra Civil –si bien no se inscribió hasta 1945–. Una entidad que tiene como fines fundacionales "amparar y proteger a la infancia desvalida" destinando sus ingresos "a instituciones o asociaciones benéficas de carácter privado". Algo que, sin embargo, estuvo años sin hacer. "La fundación ha permanecido un largo periodo sin actividad, ocasionado principalmente por dificultades para atender al relevo generacional de su patronato", reconocía en sus cuentas de 2012 la entidad que honra con su nombre al general franquista, al que se le responsabiliza de la terrible represión en Sevilla y que llamaba desde los micrófonos de Unión Radio Sevilla tras el golpe de Estado de 1936 a asesinar rojos y a violar a sus mujeres.

En los últimos años, esta entidad ha dado respaldo económico a proyectos de Cáritas, el colectivo antiabortista Provida-Asdevi o la Asociación de Padres de Niños con Cáncer (Andex). La Queipo de Llano es, de todas, la única que se dedica a fines sociales, lo cual no deja de resultar curioso teniendo en cuenta que funcionan con el nombre de un militar que participó activamente en un levantamiento que acabó dejando miles de huérfanos en suelo andaluz –se calculan unas 14.000 víctimas–. El resto, tienen como misión principal la conservación del patrimonio o el estudio, difusión y actualización del pensamiento de figuras como la del dictador, el filonazi Serrano Súñer, Primo de Rivera, Ledesma, Piñar o Juan Yagüe, el militar al que se apodó popularmente como el carnicero de Badajoz por la brutal represión de sus tropas en la ciudad extremeña. 

Un blanqueamiento que se realiza a cara descubierta. Así, la fundación dedicada al último no tiene reparos en dejar claro que uno de sus objetivos se centra en "la defensa" por "todos los medios" del "buen nombre y la importancia histórica" del general que llevó la batuta en la campaña de Extremadura. La del caudillo, por su parte, se encarga cada año de organizar las misas a lo largo y ancho de la geografía española para recordar la figura del dictador en el aniversario de su muerte, unas ceremonias que es habitual que acaben brazo en alto y con el Cara al Sol como música de fondo. "Fue, ante todo, un hombre de bien, religioso, trabajador, estudioso, responsable, cumplidor, honesto y honrado a carta cabal. Hijo y hermano entrañable; ejemplar esposo, padre, abuelo y bisabuelo; gran amigo; de trato general siempre amable y lleno de afecto hacia los demás. Su sentido del humor le acompañó hasta los últimos momentos de su vida", es como define, por su parte, la Fundación Blas Piñar al ultraderechista de Fuerza Nueva.

Sobrevivir sin apenas actividad

Dejando de lado a la Fundación Franco, a quien el Gobierno de Aznar concedió subvenciones por algo más de 150.000 euros para digitalizar el archivo que tiene del dictador, lo cierto es que el resto de entidades no han recibido en los últimos años dinero público para sus actividades, como aseguró el Ejecutivo central hace unos meses en respuesta a una pregunta del senador de Compromís Carles Mulet. Entonces, ¿cómo consiguen mantenerse a flote económicamente? La clave se encuentra, en muchos casos, en las donaciones o cuotas de los asociados. De hecho, esa es la principal fuente económica de la FNFF. En 2015, últimos datos ofrecidos por el Gobierno, representaba el 96% de los ingresos –el 4% restante lo percibieron a través de su actividad mercantil, fundamentada en la venta de libros, gemelos y, actualmente, mascarillas–. Ese mismo año, la Serrano Súñer recibía 118.672 euros también en concepto de "cuotas de asociados".

Como ellas, la entidad dedicada a proteger la figura de Yagüe trata de sobrevivir con la ayuda de los socios. ¿La cuota? Veinte euros al año, frente a la horquilla de entre 10 y 150 que la Fundación Franco permite donar de forma puntual, trimestral, semestral o anual. A fin de atraer a benefactores, las entidades no dudan en recordar que "cualquier aportación económica" desgrava en la declaración de la renta. En efecto, la Ley 49/2002 establece en su artículo 17 que los contribuyentes pueden deducirse todos aquellos "donativos, donaciones y aportaciones irrevocables". La norma establece dos tramos de deducción del IRPF para el mecenazgo: del 75% en los primeros 150 euros y del 30% a partir de esa cantidad –del 35% si en los dos años anteriores se hubiera donado a la misma entidad por importe igual o superior–.

Muy diferente es la vía de ingresos de la Queipo de Llano. En este caso, la entidad reconocía en sus cuentas de 2016 que el único dinero que entraba en la caja era el procedente del "arrendamiento de las tierras de su propiedad". En concreto, se trata de un finca rústica de 150 hectáreas ubicada en la localidad sevillana de La Puebla del Río "destinada al cultivo de arroz" que se adquirió con los fondos de la suscripción popular que se hizo a favor del general "en prueba de agradecimiento" por haber salvado a la población "de caer bajo el dominio rojo", según explicó su hijo en una carta a El País en julio de 1976. Tierras que arrendan una serie de "colonos" y por las que en el último ejercicio hecho público recibieron algo más de 31.000 euros. De hecho, hace unos años la fundación decidió incrementar el precio del alquiler al considerar que se encontraba "desactualizado", un asunto que todavía sigue coleando en los tribunales. Una revisión al alza para pasar de los 217 euros por hectárea al año a los 608 euros.

A diferencia de la entidad que rinde homenaje al dictador, convertida en azote del Gobierno central en todo lo referente a la recuperación de la memoria histórica, las otras fundaciones bautizadas con el nombre de reconocidos próceres franquistas apenas tienen movimiento público. Están, prácticamente, dormidas. Las últimas actividades declaradas por la Serrano Súñer, en 2016, giran alrededor de la conservación del patrimonio familiar –biblioteca, cuadros, esculturas, activos inmobiliarios o mobiliario, entre otras– y la entrega de dos premios de 4.500 euros a estudiantes. En el caso de la de Blas Piñar, su web lleva años inactiva y el único movimiento que se aprecia es en redes sociales. Ahí también hace vida la fundación Primo de Rivera. Poco queda ya de aquel proyecto de universidad de verano que le permitía ingresar fondos –casi 2.000 euros en cuotas en 2008–. En la actualidad, dedica su actividad a mantener actualizada su página web y a editar una publicación mensual en la que participan destacados falangistas.

Menos se sabe, sin embargo, de la Ramiro Ledesma más allá de los mensajes que lanza en su cuenta de Facebook. "Las cuentas de la Fundación Ramiro Ledesma no constan como presentadas en el registro", informaba el Ejecutivo de Pedro Sánchez en abril de 2020 a una pregunta en la que se solicitaba esta información en la última década. La ocultación de esta información o los retrasos a la hora de presentarlas es, de hecho, un denominador común de las fundaciones que homenajean a reconocidos franquistas y falangistas. En febrero de 2018, por ejemplo, la Fundación Franco no había presentado todavía su contabilidad de 2002, según explicó el Gobierno. Y eso que las fundaciones, según la ley, están obligadas a llevar "una contabilidad ordenada" que deberá ser aprobada "en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio" y presentada en el Registro de Fundaciones en los diez días hábiles siguientes a su aprobación. 

Las conexiones con Vox

La FNFF es una de las entidades que se encuentra en el punto de mira de la reforma de la Ley de Memoria Histórica. No obstante, tienen la "garantía" de que el cambio normativo tendrá una oposición frontal por parte de Vox. "Estará enfrente desde el momento en que sea presentado", decía el pasado mes de abril su actual presidente, Juan Chicharro, militar retirado que firmó uno de aquellos manifiestos contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez que salieron a la luz tras la publicación por parte de infoLibre del chat de la XIX del Aire en la que se llamaba a fusilar a media España. De hecho, la vinculación del principal partido de ultraderecha con la fundación es ampliamente conocida. Según informó la Cadena Ser, uno de sus portavoces habría mostrado a finales de 2018 y principios de 2019 su intención de dar respaldo económico a la formación de extrema derecha.

La formación de extrema derecha también es vista con buenos ojos desde la Fundación Yagüe, cuyo nombre oficial es Fundación Eugenia Yagüe Martínez del Campo –en un primer momento se la intentó bautizar con el nombre de la esposa del general, Eugenia Martínez del Campo, pero una disputa entre hermanos hizo que se quedase finalmente con el de una de las hijas–. Su presidenta es una vieja militante del PP que decidió solicitar la baja allá por 2009 al considerar que el partido había "perdido el norte en sus actuaciones" en relación a cuestiones como el "aborto, unión de homosexuales, memoria histórica, unidad de España". Una década después, de cara a las municipales de 2019, trató de conformar una lista de Vox para la alcaldía de San Leonardo de Yagüe (Soria), donde nació su padre en 1891. Finalmente, no cuajó.

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