Herederos de la dictadura

Franco SA y Pinochet SA, dos rentables empresas de la desmemoria

Los generales golpistas Francisco Franco y Augusto Pinochet.

El Palacio de La Moneda (Santiago, Chile) todavía echaba humo cuando Augusto Pinochet escribió una carta dirigida al general Francisco Franco para notificarle la sustitución del embajador de su país en España y, de paso, transmitirle la admiración que sentía hacia su persona, tal y como recoge Mario Amorós en su libro Pinochet. Biografía militar y política. Por su parte, Franco condecoró al general chileno con la Gran Cruz del Mérito Militar, máxima distinción en tiempos de paz. Así comenzó el intercambio de correspondencia entre ambos mandatarios que duraría hasta la muerte del dictador español en noviembre de 1975.

Compartieron ideología, look (aunque hay que decir que Pinochet era más alto)y hasta tono de voz. Pero, sobre todo, tuvieron en común el hecho de que salvar a la patria de las garras del comunismo internacional les reportó no solo la satisfacción del deber cumplido sino también un cuantioso patrimonio material para sus respectivos clanes familiares.

Superado el cuadragésimo sexto aniversario del golpe de Estado que terminó no solo con la vida del primer presidente socialista latinoamericano salido de las urnas, Salvador Allende, sino que además sumió a Chile en 17 años de sangrienta represión y miedo; y a pocos días, u horas, de que finalmente se lleve a cabo la exhumación del tirano enterrado en el Valle de los Caídos, infoLibre analiza el cuantioso legado que Franco y Augusto Pinochet dejaron a sus herederos gracias a la amnesia de los poderes públicos.

El régimen franquista, amnistiado, y Pinochet también

Más de 40 años después del fin de la dictadura en España, las víctimas y sus familiares todavía esperan que se haga justicia, la herida sigue abierta. Franco nunca fue juzgado por sus crímenes y sus colaboradores, tampoco. En 1977, el Congreso aprobó la Ley de Amnistía con el objetivo de, en teoría, indultar a los presos de la dictadura pero terminó siendo el principal obstáculo para que los autores de los crímenes del franquismo fueran juzgados, tal y como señaló el relator especial de la ONU, Pablo de Greiff, en su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno frente a los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el régimen posterior.

PP, PSOE y Ciudadanos se unieron en 2018 para impedir que la propuesta de reforma de la Ley de Amnistía de 1977 –iniciativa presentada por Unidas Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias que permitiría juzgar los crímenes cometidos por la dictadura franquista en España y el extranjero– fuera admitida a trámite. Como consecuencia, a día de hoy, la Ley de Amnistía sigue vigente.

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, explica a infoLibre que está situación se debe fundamentalmente al hecho de que la dictadura franquista fue tremendamente larga y que, una vez acabó, sus élites consiguieron reconvertirse con una democracia que les ha permitido figurar en las altas esferas del poder político y económico y con la misma impunidad. Tampoco hay que olvidar, continúa Silva, que el régimen educó a varias generaciones: en los años 50, 60 y principios de los 70, mayoritariamente quienes iban a las universidades eran hijos de vencedores, lo que ha influido de manera significativa en que ninguno de los gobiernos que ha habido en España haya generado nunca una "amenaza real para esos privilegios". Un ejemplo de ello es que, cuando la Audiencia Nacional hizo un intento por juzgar al franquismo, el expresidente José Luís Rodríguez Zapatero dijo que al dictador "ya lo había juzgado la historia". Una forma de decir que al tirano "no lo van a juzgar los hombres", apunta.

"El poder del franquismo es real. No es una conspiración sino que se trata de un poder económico, político y cultural y académico real que sigue teniendo mucho peso en nuestra sociedad. Por eso, más allá de que llevemos años luchando para desordenar el olvido y cambiar esos equilibrios, esto no ha sido posible y seguimos igual", declara Silva. 

El autor de La familia Franco SA –edición actualizada y ampliada de Los Franco SA que se pondrá a la venta el próximo 14 de noviembre–, el periodista Mariano Sánchez Soler, reflexiona para infoLibre sobre la cuestión y considera que no se puede comparar a Franco con Hitler y Mussolini. Se trata de dictaduras fascistas que fueron vencidas en el campo de batalla mientras que el régimen franquista duró muchos años, generando unas "raíces muy profundas" que todavía perduran en la sociedad española

 

Manifestación de colectivos de memoria histórica en Madrid. EFE

A diferencia de Franco, el general Pinochet sobrevivió a su obra y fue testigo de cómo era sustituido por un régimen democrático. La transición en Chile se caracterizó por ser relativamente cómoda tanto para el dictador como para su colaboradores pues sabían que, gracias a la Ley de Amnistía del 78, aprobada en plena dictadura, no iban a ser juzgados por los crímenes cometidos en el período en el que el país estuvo sometido al estado de sitio, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

El autor de Pinochet. Biografía militar y política, Mario Amorós, sostiene en declaraciones a infoLibre que la labor de denuncia del "acuerdo tácito entre la coalición gubernamental de la Concertación y las Fuerzas Armadas para respetar la impunidad de los criminales de la dictadura" –llevada a cabo por el movimiento de Derechos Humanos en Chile y la izquierda– fue crucial para que, en 1998, la Corte Suprema de Justicia resolviera no aplicar más la Ley de Amnistía en casos de violaciones de derechos humanos –aparte de que el derecho internacional considera que son inadmisibles y no prescriben–. Aunque no se procedió a su eliminación, gracias a esta decisión, a día de hoy, decenas de represores del general cumplen penas de prisión y existe, según señala Amorós, una "opinión pública que mayoritariamente repudia la dictadura y sus crímenes". 

En 2014, el Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular dicho decreto e incluso presentó un proyecto en el Congreso para llevarlo a cabo. Cinco años después de esa declaración, la ley no ha sido derogada, según el último informe de Amnistía Internacional. Aun así, "el contraste con España es doloroso", sentencia el autor, a lo que añade: "España puede aprender de Chile que con el respeto a la Memoria Democrática y el fin de la impunidad se construye un país mejor, más justo y también más preparado para evitar que los crímenes del franquismo o del pinochetismo puedan repetirse".

Mausoleo frente a una tumba 'fantasma'

El Valle de los Caídos, construido entre 1940 y 1958 por más de 20.000 presos políticos, es la mayor fosa común de España –de los 33.833 cadáveres enterrados en el interior de la basílica, casi 12.500 son de personas no identificadas–, su mantenimiento le cuesta al Patrimonio Nacional 1.836.325 euros anuales, y, además, es el único monumento de Europa dedicado a la memoria de un dictador y su régimen fascista.

A su muerte, Francisco Franco todavía ostentaba el título de jefe del Estado español, Caudillo de España por la Gracia de Dios y Generalísimo de los Ejércitos, y, como tal, recibió un funeral acorde a su rango. Tres días después del fallecimiento, el recién estrenado rey Juan Carlos, su sucesor según las leyes franquistas, y la reina Sofía presidieron la misa fúnebre en la plaza de Oriente, tras la cual tuvo lugar un desfile militar ante el ataúd del dictador que posteriormente fue trasladado por un camión militar desde el Arco del Triunfo de la Moncloa hasta el Valle de los Caídos. Es en este polémico lugar donde reposan los restos mortales del general Francisco Franco desde noviembre de 1975. Hasta ahora.

Según Emilio Silva, aunque durante mucho tiempo no generó ningún conflicto, en los últimos años el Valle de los Caídos se ha convertido en un "lugar incómodo", un recuerdo de la forma en la que se llevó a cabo la Transición en España. Las exhumaciones y las numerosas investigaciones que se han realizado han cambiado "la percepción de mucha gente acerca de la lectura que se hace del pasado y, por lo tanto, de la lectura que se hace del presente", asegura el activista por la memoria histórica.  Muestra de ello es que, el pasado 24 de septiembre, el Tribunal Supremo avaló por unanimidad la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y dio el visto bueno a la decisión del Ejecutivo socialista de depositar los restos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el camposanto donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo.

Augusto Pinochet fue uno de los pocos mandatarios internacionales que se trasladó hasta España para acudir al funeral de Franco. Durante el tiempo que pasó en el país, Pinochet visitó el Valle de los Caídos y le causó tal impresión que llegó a decir que le gustaría que se construyera un mausoleo similar en Chile para ser recordado después de su muerte, según el testimonio del por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria y gobernador civil en funciones, Lorenzo Olarte. Sin embargo, la dictadura llegó a su fin antes de que el deseo del general se materializara.

En el momento de su muerte, en diciembre de 2006, Pinochet acababa de ser procesado por la Justicia chilena como presunto autor de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen que encabezó. Según datos oficiales, casi 30.000 personas fueron torturadas a manos de agentes del Estado, más de 3.000 personas fueron asesinadas y alrededor de 300.000 se vieron obligados a exiliarse por razones políticas.

En 1998 Pinochet tuvo un buen susto en Londres. El 21 de septiembre viajó a la capital británica​ para realizarse una operación de hernia discal.​ El 16 de octubre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó una orden de detención desde España acusado de los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas. Una semana después, el juez dictó una orden de embargo de sus posibles cuentas bancarias en Suiza y Luxemburgo.

Tras una reñida batalla legal, el ministro de Interior británico Jack Straw decidió el 2 de marzo de 2000 liberar a Pinochet porque su delicado estado de salud no le habría permitido ser juzgado. Ese mismo día Pinochet tomó un avión con destino a Santiago de Chile.​

Augusto Pinochet no tuvo un funeral de Estado pero si se le concedieron los honores militares correspondientes a la condición de ex comandante en jefe del Estado. Los restos mortales del dictador fueron incinerados y descansan en la parcela privada de la familia en Los Boldos, en Bucalemu, en la región de Valparaíso. 

Ningún tirano sin su propia fundación

Desde su creación en octubre de 1976, los fines de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) buscaban impulsar toda actividad que condujera a "enaltecer la figura de Franco", "exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la patria" y "preservar su legado" para "difundir" y proyectar "su ideario sobre el futuro de la vida española". Sin embargo, la Fundación se vio obligada en 2018 a cambiar sus estatutos para así poder esquivar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de reformar la Ley de Memoria Histórica para ilegalizar las asociaciones u organizaciones que hagan apología del franquismo. La Fundación ya no enaltece, ahora solo "difunde y promueve el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco”. 

Entre sus actividades principales, la FNFF organiza actos conmemorativos en fechas relevantes para el régimen –20N y 18 de julio– y actúa como lobby contra todo lo que tenga que ver con la Memoria Histórica: inicia procesos judiciales para defender el franquismo, paraliza el cambio de nombre de las calles de Madrid y gestiona el patrimonio del dictador. Todo ello es posible gracias a los más de dos millones de euros en aportaciones y donaciones que los partidarios del régimen franquista han dado a la Fundación –según las cuentas de la Fundación del 2000 al 2015 publicadas por Compromís–; a los que hay que sumar, además, los 150.845,77 euros que obtuvo del Gobierno de José María Aznar durante su segundo mandato y que debían usarse para digitalizar los más de 30.000 documentos de interés público que tiene en su poder la entidad, pero que finalmente sirvió para la remodelación de su sede. Las cuentas de la Fundación presentaban pérdidas desde su creación hasta que, en 2017, registró el mayor beneficio económico de su historia, según relevó El Periódico: obtuvo un beneficio de 93.161,29 euros que le permitió saldar sus deudas. En palabras del propio presidente de la Fundación, el dinero provenía de "la batalla por la exhumación de Franco".

Como fundación, las aportaciones desgravan a Hacienda en virtud del supuesto "interés general" al que contribuyen, es decir, que el Estado subvenciona con dinero público a los donantes

La presidencia de la FNFF la ostentó Carmen Franco hasta su muerte en 2018. En la actualidad, el presidente es el antiguo ayudante del rey Juan Carlos, el general de división Juan Chinarro Ortega

 

Evento organizado por la Fundación Pinochet para conmemorar el 11 de septiembre de 1973.

En Chile, no habían pasado ni cinco años desde la publicación del informe RETTIG de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –reconoce como víctimas de la violencia política durante la dictadura chilena a más de 2.000 personas–, cuando se creó la Fundación Presidente Pinochet con el objetivo de “difundir el pensamiento y obra de Pinochet, como militar y presidente de la República de Chile, por cualquier medio conducente al indicado objetivo”. Desde su fundación en 1995, la agrupación ha entregado más de tres mil becas a jóvenes para financiar sus estudios, además de construir un museo y una biblioteca en honor al dictador.

Durante el marco de la investigación del caso Riggs, que rastrea la fortuna del clan de los Pinochet, la Policía de Investigación chilena (PDI), encontró donaciones anónimas efectuadas entre 1996 y 2004 que relacionaban a más de 110 empresarios con la Fundación. Gracias a estos aportes, el patrimonio de la institución pasó de 220.000 euros en 1996 a superar el millón de euros en 2004.

Entre los donantes se encontraban algunos de los nombres más relevantes del empresariado chileno: Mauricio Larrain, ex presidente del Banco Santander Chile; los hermanos Yarur, controladores del Banco BCI; el Grupo Von Appen, controlador de la mayoría de puertos de Chile a través de Ultramar; Hernán Büchim, ex candidato de la derecha a la presidencia, y un largo etcétera.

El clan de los Franco, uno a uno

Como general durante la República, el sueldo de Francisco Franco era el mismo que el de cualquiera de su rango pero eso cambia una vez gana la guerra. Gracias a su condición de jefe del Estado español, los regalos y donaciones, adjudicaciones de inmuebles, gratificaciones mensuales como las de Telefónica, la reventa de 600 toneladas de café donado por Brasil en 1939, y las diferentes empresas de las que son propietarios, a día de hoy, la fortuna de los Franco podría alcanzar los 600 millones de euros, estima Mariano Sánchez Soler, aunque hace hincapié en que es imposible conocer la cifra real .

El general Francisco Franco y Carmen Polo se casaron en 1923. Fruto de esa unión nació la única heredera directa de la fortuna del dictador, María del Carmen Franco, quien a su vez se casó en 1950 con Cristóbal Martínez-Bordiú, con el que tuvo siete hijos: Carmen, Merry, Francisco Franco, Mariola, José Cristóbal y Jaime. Ellos son los herederos de la fortuna del dictador.

Carmen Franco: duquesa de Franco, marquesa consorte de Villaverde y grande de España. Según aparece en La familia Franco SA, a la muerte del Caudillo en 1975, Carmen se convirtió en propietaria de numerosas empresas –aunque presididas por testaferros– como Ursaria, S.A, Comercial Flores, S.A, y Valdefuentes, S.A, por mencionar algunas.

Entre las propiedades inmobiliarias heredadas se encontraban: la finca Canto del Pico en Torrelodones, el palacete de Cornide de A Coruña, la finca de Valdefuentes en Arroyomolinos, pisos en los mejores barrios de Madrid –ejemplo de ello es el edificio número 8 de la calle Hermanos Bécquer de Madrid en pleno barrio de Salamanca y que actualmente está a la venta–, numerosos aparcamientos y, además, el controvertido Pazo de Meirás en Galicia.  

Construido por la escritora Emilia Pardo-Bazán en 1893, tras su muerte en 1921, sus herederos decidieron donar el pazo a la Compañía de Jesús. Durante la Guerra Civil, el gobernador de A Coruña, Julio Muñoz Aguilar, junto al banquero franquista Pedro Barrié de la Meza, crearon la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo con el objetivo de recaudar dinero –mediante donaciones voluntarias– para pagar la compra del inmueble.

Ante la incapacidad para lograr su objetivo, se inició un "proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales". Desde la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica recalcan que esta situación se produjo porque "nadie se atrevía a decir que no" ya que "todavía estaba en funcionamiento la durísima maquina represiva de los años de la guerra y más en Galicia, donde se había producido una gran limpieza política por parte de los fascistas". Así fue como la Junta pudo entregar en 1938 al general Franco el Pazo de Meirás como "regalo del pueblo gallego", ofrenda que aceptó mediante suscripción pública

 

El idílico Pazo de Meirás, el retiro de verano de la familia Franco. E. P.

Durante más de 40 años, el Paso de Meirás fue utilizado como residencia de verano por la familia Franco. En 2008, la Xunta de Galicia decidió apretarles las tuercas y lo declaró Bien de Interés Cultural, lo que implica que los propietarios tienen la obligación de abrir la propiedad al público gratuitamente durante cuatro días al mes, régimen que se ha incumplido de manera reiterada desde entonces. Por si esto no era suficiente, el año pasado, los Franco pusieron a la venta el Pazo por ocho millones de euros sin notificárselo previamente a la Xunta, ya que al tratarse de un Bien de Interés Cultural esta tiene derecho de tanteo.

Ahora, el Gobierno español intenta recuperar el Paso de Meirás basándose en su forma de adquisición. Según la Abogacía del Estado, la compra llevada a cabo en 1941 fue fraudulenta: Manuela Esteban Colgantes, viuda del hijo de Emilia Pardo-Bazán, vendió dos veces el mismo inmueble, primero a la Junta Provincial para el Pazo del Caudillo y después al propio Franco. El hallazgo de ese documento ha sido clave en la presentación de la demanda por parte del Estado contra la familia del dictador. El estudio jurídico realizado por los abogados del Estado considera que ese documento demuestra que Franco falseó el título con el que inscribió el pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Tras casi dos años de silencio en torno al reparto del patrimonio tras la muerte de la duquesa de Franco en 2017, el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, confirmó recientemente que la herencia se adjudicó entre sus descendientes "con absoluta normalidad” tan solo unos meses después del fallecimiento. 

Carmen Martínez-Bordiú: hija primogénita del matrimonio entre Carmen Franco y el marqués de Villaverde. En 1972, se casó con Alfonso de Borbón y Dampierre, nieto del Rey Alfonso XIII, con él que tuvo dos hijos: Francisco, fallecido en 1984 en un accidente de tráfico, y Luis Alfonso. Desde 2018, vive en Portugal con su actual pareja, un neozelandés de 33 años.

En marzo de 2018, la Audiencia Nacional condenó a la nieta del dictador a pagar más de medio millón de euros a Hacienda por impuestos impagados. Según la sentencia, Carmen Martínez-Bordiú traspasó en 2006 más de 40 participaciones de la inmobiliaria FR Promociones del Suroeste SA donada por su madre y, por dicha operación, se embolsó 9,9 millones de euros aunque en su declaración del IRPF informó de que su ganancia patrimonial fue de 57.000 euros y no los 6,7 millones de beneficio real calculados por Hacienda.  

Casi inmediatamente después del fallecimiento de su madre, Carmen solicitó el título de duquesa de Franco, lo que provocó que tanto Izquierda Unida y como PSOE reclamaran la supresión del título Duque de Franco por contravenir la Ley de Memoria Histórica de 2007. En julio de 2018, Carmen Martínez-Bordiú se convirtió oficialmente en duquesa de Franco, gracias a la firma de la Real Carta de Sucesión por parte del antiguo ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo.

Francisco Franco y Martínez-Bordiú: conocido familiarmente como Francis, es el primer nieto varón del dictador, cambio el orden de sus apellidos para perpetuar la estirpe de los Franco. Allá por los años 80, entró en contacto con la industria del cine y se dice que llegó a alquilar hasta 15 veces la finca familiar de Valdefuentes para rodar películas eróticas y de terror.

 

Francisco Franco Martinez-Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco, durante su declaración en un juzgado de Teruel. EFE

Poco después, decidió trasladarse a Chile –en plena dictadura militar de Pinochet– para hacer negocios en la empresa constructora Promociones Inmobiliarias, PRIM II. El nieto del dictador no estuvo ni un año en el país latinoamericano pero le bastó para conseguir que representantes de 6.000 familias le acusaran de estafarles aproximadamente 4.750.000 euros. En todo momento, la constructora sostuvo que la acusación tenía móviles “políticos” y desmintió tanto la estafa como la vinculación con Francis.

Es el encargado de gestionar las empresas de la familia, principalmente se dedica a los negocios inmobiliarios. En la actualidad, ostenta un total de 23 cargos en diversas empresas, de las cuales forma parte del consejo de administración de más de 10 sociedades, entre las que se encuentran: Sargo Consulting SL, Fiolasa SLU, Comerzia Soluciones Integrales de Comercio Electrónico SL, Premohi SL, Prístina SL, Caspe 99 SL, Centro Médico del Láser Pío XII SL, Montecopel SA, y Arroyo de la Moraleja SL. 

La Audiencia Nacional obligó en 2018 a una de las empresas de la familia del dictador, Centro de Agentes Unidos del Calzado Español, SL (Cauce SL), a pagar a la Agencia Tributaria la deuda que tenía de casi dos millones de euros, 1.635.635,51 euros de la liquidación y sanción, más los intereses de demora. La deuda tenía su origen en la liquidación llevada a cabo a la empresa en 2016 tras una inspección de la AEAT, quién impuso una sanción equivalente al 50% de la deuda que no se había ingresado, lo que supone una infracción "leve" de la normativa tributaria. 

En febrero de ese año, fue declarado culpable de un delito de atentado a la autoridad y otro contra la seguridad vial por conducción temeraria por un juzgado de lo Penal de Teruel. Se le condenó a 30 meses de prisión y a indemnizar al agente que lesionó con 1.500 euros y otros 2.720 euros a la Dirección de la Guardia Civil. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Teruel le absolvió poco después. No conforme con esta decisión, la Asociación Española de Guardias Civiles presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo pero no fue aceptado a trámite por no contar con la “trascendencia constitucional” requerida para actuar.

Luis Alfonso de Borbón: bisnieto del dictador y presidente de honor de su Fundación. Para los legitimistas, es considerado como el jefe de la Casa de Borbón de Francia y pretendiente al trono; en caso de reinar, lo haría como Luis XX de Francia.

Es uno de los directores del AllBank Corp –presidido por el padre de su esposa, el venezolano Víctor Vargas Irausquin–, intervenido el pasado 11 de septiembre por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) a fin de proteger y salvaguardar los intereses de los depositantes del banco, según informó el propio regulador panameño. Por si esto no fuera suficiente, a principios del mes de octubre, el Tribunal de Primera Instancia de Curazao declaró en quiebra al Banco del Orinoco –también propiedad de Vargas y que tiene a su yerno como directivo– por considerar que no puede hacer frente a sus cuantiosas deudas tras descubrir que la entidad había utilizado “documentos falsos” para justificar su solvencia financiera. Todavía no se conocen cifras oficiales pero, según las estimaciones de los medios de comunicación, podría haber unos 750 millones de dólares de depósitos en juego.

El clan de los Pinochet, uno a uno

 

Augusto Pinochet y Lucía Hiriart.

En 2004, una subcomisión del Senado de Estados Unidos halló más de 17 millones de euros repartidos en 127 cuentas secretas pertenecientes al ex dictador en el Banco Riggs, con sede en Washington DC, lo que dio lugar a una investigación para descubrir el origen de dicha fortuna. Según el autor de Pinochet. Biografía militar y política, este descubrimiento –sumado a los juicios por su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos durante el régimen– pusieron fin a la “adhesión de la mayor parte de la derecha y de una parte no menor de la sociedad a su figura”.

Durante el proceso, se descubrió que la entidad ayudó al general a mover el dinero desde sus cuentas en Reino Unido a Estados Unidos cuando el general fue arrestado en 1998. En agosto de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago retiró el aforamiento del que gozaba Pinochet para que pudiera ser procesado por fraude y malversación de fondos públicos; murió cuatro meses después aunque la causa continuó.

En un principio, el patrimonio total de la familia Pinochet ascendía a casi 18 millones de euros, de los cuales, al menos 15 millones tenían un origen ilícito pero, debido a los plazos de prescripción, parte del origen de dicha fortuna no pudo ser investigado. Finalmente, en 2018, la Corte Suprema ordenó la confiscación de 1,3 millones de euros de los bienes de los Pinochet. Ningún miembro de la familia fue procesado. 

A pesar de las reticencias de su padre de que se casara con un subteniente de clase media, Lucía Hiriart contrajo matrimonio con Augusto Pinochet en 1943. Juntos tuvieron cinco descendientes –Inés Lucía, Augusto Osvaldo, María Verónica, Marco Antonio y Jacqueline Marie–, los cuáles por su parte han tenido en total 25 hijos.

Lucía Hiriart: mujer del dictador, conserva la mansión –donde reside a sus 96 años– situada en una de las zonas más ricas de la región metropolitana, la casa rural de Los Boldos –en la costa central– y la denominada El Melocotón –la situada en la precordillera–, según la información aportada por Amorós.

Fue la presidenta de los CEMA (Centro de Madres) –una organización que se dedicaba, supuestamente, a ayudar a mujeres pobres, que eran instruidas en diferentes oficios– desde el golpe de Estado hasta 2016, cuando se vio obligada a renunciar a consecuencia de la acusación de malversación de caudales públicos y apropiación indebida. La causa investigaba el origen del patrimonio de la organización, que recibió de forma gratuita unas 236 propiedades, de las cuáles vendió 137.

Ese mismo año, el Centro de Investigación Periodística de Chile publicó que la matriarca de los Pinochet había vendido a sus hijos y nietos una serie de propiedades para evitar el pago del impuesto a la herencia y una posible demanda civil, a raíz del enriquecimiento ilícito del general.

 

Lucía Pinochet, hija primogénita del dictador y Lucía Hiriart

Lucía Pinochet: hija mayor del matrimonio Pinochet. Durante el funeral de su padre, pronunció un polémico discurso en el que reivindicaba el golpe de Estado y aseguraba que había encendido “la llama de la libertad”.

En mitad del juicio por el casoRiggs, la primogénita del general intentó huir a Estados Unidos para pedir asilo político. No llegó a pasar el control fronterizo del aeropuerto estadounidense, fue detenida y enviada de vuelta a Chile para ser juzgada junto al resto de la familia.

Poco después, en 2008, se presentó como concejala independiente por el Ayuntamiento de Vitacura –uno de los municipios más elegantes de la región metropolitana de la ciudad donde la hija de Pinochet tiene una galería de arte y una fundación cultural– y terminó en segundo lugar, con casi el 16% de los votos. Ocupó el puesto desde 2008 hasta 2012.

Augusto Pinochet II: el segundo hijo de los Pinochet siguió los pasos de su padre hasta que, en 1974, sufrió un accidente de tráfico que le obligó a abandonar la carrera militar. Fue agente de la DINA, la policía secreta de la dictadura, con el grado de teniente. Durante el periodo que ejerció como intermediario de la mayor empresa de cobre del país, compró una fábrica de fusiles y se la vendió al Ejercito por tres millones de pesos.

En 2004, fue condenado a 541 días de prisión por los delitos de recepción de especies robadas, tenencia ilegal de armas, falsificación y uso malicioso de documentos públicos; no llegó a cumplir condena pues se anuló la sentencia.

Francisca Lucía Ponce Pinochet: nieta del dictador. En 2013, su nombre apareció vinculado a la sociedad minera privada dirigida por su padre, Julio Ponce Lerou, y fue acusada de llevar a cabo transacciones con acciones a precios fuera del mercado. Asimismo, el fiscal descubrió que la empresa había financiado ilegalmente varias campañas electorales.

La nieta de Pinochet se enfrentó de nuevo a la justicia cuando el Tribunal Supremo la obligó a devolver unos terrenos que ella se había atribuido a pesar de ser suelo mapuche, el pueblo indígena de esa zona.

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