El Gobierno cierra fronteras mientras ultima medidas para afrontar la fase más dura de la crisis del coronavirus

Millones de personas contienen desde hace días la respiración a la espera de las medidas que este martes se propone tomar el Consejo de Ministros para hacer frente al hundimiento de la actividad económica derivada de las medidas adoptadas por el Gobierno para frenar la expansión del coronavirus. Empresas que no pueden trabajar, empleados a las puertas de un despido o de una regulación temporal y autónomos sin colchón para aguantar un parón que se va a prolongar durante semanas, si no meses, dependen de lo que decida el Ejecutivo.

Hasta este lunes la enfermedad había contribuido a matar a 309 personas en España de un total de 9.191 infectados. Otras 530 ya han superado la dolencia, según el sistema nacional de salud, y 432 permanecían en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Para hacerle frente, las medidas de confinamiento, el cierre de establecimientos públicos —salvo supermercados y farmacias— y la prohibición de toda clase de eventos, tratan desde este último fin de semana de frenar el avance del virus.

A ellas se suman casi cada día nuevas propuestas —este lunes fue la decisión de restablecer las fronteras y cerrar el paso a los extranjeros no residentes— pero las medidas económicas no acaban de llegar. Se supone que saldrán este martes del Consejo de Ministros para intentar impedir que la paralización de la actividad deje heridas irreparables en la economía española con el fin de que, cuando se supere lo peor de la crisis sanitaria, que los expertos sitúan en el plazo de un mes o dos meses, las empresas y los autónomos puedan volver al trabajo y recuperar cuanto antes algo parecido a la normalidad.

Hasta cinco departamentos (Economía, Hacienda, Trabajo, Seguridad Social e Industria), con la omnipresente participación de la Vicepresidencia Primera, por cuyas manos, de un modo u otro, acaban pasando todas las normas, repasaban este lunes línea a línea el Real Decreto en el que trabajan desde hace días para conseguir ese objetivo. A la hora de redactar esta información todavía no había acuerdo, pero fuentes del Ejecutivo mostraron a infoLibre su esperanza de que el Consejo de Ministros sea capaz de alcanzar este martes un acuerdo que ya no puede esperar más. Y que, según todas las fuentes consultadas, dará lugar a una Real Decreto muy ambicioso.

Fuentes del Gobierno atribuyen la dificultad a la cerrar el documento a su extraordinaria complejidad. Afecta a muchísimas personas y a una gran variedad de sectores y no existe además ningún precedente al que agarrarse. El Ejecutivo transita un territorio desconocido y quiere evitar pasos en falso que puedan quedarse cortos o ir demasiado lejos.

Encima de la mesa están medidas para agilizarlos expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en los sectores más afectados, la concesión de la prestación por desempleo sin exigir periodo de carencia o la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores.

También la creación de avales para ayudar a las empresas a superar el trance, además de la agilización de la concesión de la prestación por cese de actividad a los autónomos.

Peticiones de los agentes sociales

Muchas de estas medidas están siendo reclamadas por sindicatos, empresarios y organizaciones de autónomos desde hace días. CCOO, UGT, CEOE y Cepyme reclaman una nueva regulación de los ERTE que incluya en la causalidad vinculada a los efectos del coronavirus, la simplificación de los procedimientos y el acortamiento de los plazos de resolución. Los agentes sociales quieren que los periodos de la prestación por desempleo consumidos durante esta crisis no cuenten para el futuro y que se suspenda el pago de cotizaciones sociales por parte de las empresas. También esperan que el Gobierno acepte completar hasta el 100% el salario de los trabajadores aislados o contagiados (la Seguridad Social les considera de baja por enfermedad profesional y les abona el 75%), regular la atención del cuidado de hijos y mayores de primer grado con nuevos permisos retribuidos, y facilitar la realización del teletrabajo en sectores y empresas donde no esté implementado.

Directo | Sánchez llama a "resistir" en los días "largos y duros" que se avecinan

Ver más

Las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae esperan, por su parte, el reconocimiento y la concesión automática de la prestación por cese de actividad para aquellos autónomos que se vean obligados a cerrar sus negocios por la crisis o que deban quedarse en casa para el cuidado de hijos o dependientes, bonificaciones del 100% de las cuotas para quienes abandonen su actividad para cuidar de hijos o personas dependientes, y bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social a los autónomos infectados por el coronavirus o en cuarentena. Piden también liquidez y mecanismos de flexibilidad para el pago de obligaciones vinculadas a la actividad (hipotecas, alquileres, suministros).

Nadie en el Gobierno quiere que se repita una situación como la del sábado, que dio a entender la existencia de dificultades para tomar decisiones en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Más allá del origen de las filtraciones que este fin de semana trataron de dibujar un enfrentamiento con límites definidos entre los socios de coalición —PSOE y Unidas Podemos—, todo indica que las bases de la discusión tienen fronteras más difusas. De un lado estarían los departamentos que tratan de preservar la salud macroeconómica del país —Economía, que dirige Nadia Calviño, y Hacienda, responsabilidad de María Jesús Montero— y aquellos que intentan dar respuesta a la angustia y la preocupación de los sectores más amenazados por las consecuencias económicas del coronavirus: Trabajo (Yolanda Díaz), Seguridad Social (José Luis Escrivá) e Industria (Reyes Maroto).

Los argumentos que separan a uno y otro bando apelan a la urgencia de atender a los que van a sufrir más la violenta crisis que se avecina pero también a la necesidad de evitar que un enorme agujero en el erario público hipoteque los próximos años. Un debate que se ha enrarecido en los últimos días después de que este sábado algunos medios lo planteasen como una pelea entre Unidas Podemos y el PSOE, algo que fuentes de los dos partidos consultadas por infoLibre desmienten que se hubiese producido en esos términos. Del lado de los partidarios de dar prioridad a los afectados en vez de al déficit se alinearon no sólo los miembros del Gobierno de Unidas Podemos sino hasta cinco ministros socialistas: José Luis Ábalos (Transportes), Isabel Celaá (Edudación), José Luis Escrivá (Seguridad Social), Reyes Maroto (Industria) y José Manuel Rodríguez Uribes (Cultura).