El futuro de Cataluña

El Gobierno evita hablar de "crisis diplomáticas" tras los frentes internacionales abiertos por el 'procés'

Mariano Rajoy junto al primer ministro belga, Charles Michel, en Gotemburgo (Suecia).

El Gobierno de Mariano Rajoy habla abiertamente de "injerencias" en la crisis catalana en forma de noticias falsas distribuidas en las redes sociales desde Rusia y, en menor medida, Venezuela. Pero, al mismo tiempo, insiste en que en ningún momento está señalando a los gobiernos de los citados países. Con este tipo de mensajes, el Ejecutivo quiere evitar una crisis diplomática. Ni siquiera, aseguran, hay elementos que puedan llevar a pensar que se avecinan conflictos. Pero algunos de los aludidos empiezan a pedir explicaciones y sí hablan de crisis.

Las denuncias por parte de España parten ya del máximo nivel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aprovechó una entrevista concedida esta semana a la cadena Cope para señalar que "todas las actividades para el apoyo a la independencia de Cataluña se canalizaron en las redes sociales por las mismas vías que otros movimientos claramente anti-europeos como el Brexit o el populismo de extrema derecha". Era su respuesta a la llamada "internacionalización del conflicto catalán". Para el Gobierno, ir contra la estructura territorial de España es ir contra la estructura territorial europea. Gobierno

De hecho, Rajoy avanzó que se está dando una respuesta europea a estas acciones. Concretamente dijo que la Comisión Europea "está ocupándose" del tema. "En las cuentas españolas de Twitter sobre el tema catalán había muchos perfiles falsos. Más del 50% están registrados en Rusia y un 30% en Venezuela. Tan sólo el 3% de esas cuentas eran reales", concretó.

Para el Ministerio de Exteriores ruso, las declaraciones de los últimos días relacionadas con los supuestos ataques de hackers desde Rusia sí perjudican las relaciones bilaterales entre los dos países. "Nos gustaría que nuestros colegas españoles comiencen a responder acerca de sus palabras y presenten datos concretos" sobre las injerencias, diría este jueves en rueda de prensa la portavoz del Ministerio, María Zajárova.

Rusia sí habla de daños en las relaciones bilaterales

"Esos pasos lo único que consiguen es dañar las relaciones ruso-españolas", añadió Zajárova.Zajárova Pese a sus palabras, en el Ejecutivo no ven tal crisis. O evitan hablar de ella. "Nunca se ha acusado a los gobiernos. Se ha sido muy insistente en hablar del origen, del territorio, sin señalar a nadie", mantienen.

En este línea, el Gobierno ha trasladado al embajador ruso en Madrid, Yuri Korchagin, que sus acusaciones y sospechas de que desde territorio ruso se ha tratado de influir en la crisis catalana no se dirigen "de ninguna manera" contra el Gobierno de Moscú. Así lo aseguró este viernes el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, preguntado en una rueda de prensa junto a su homólogo de Arabia Saudí, Adel al Jubeir.

Para el titular de Exteriores, estos episodios no pueden ser "el inicio de ninguna crisis" entre España y Rusia. "He dejado bien claro que nosotros no estamos involucrando al Gobierno ruso". "Lo que hemos constatado es que, en términos de flujo de comunicaciones en los días posteriores al 1 de octubre, se podían trazar muchas de estas noticias o participaciones en redes sociales a Rusia y a Venezuela, pero de ninguna manera hemos querido involucrar, ni llamar, ni pretender que el Gobierno ruso estuviera detrás de esas actuaciones", recalcó en la línea de lo sostenido días antes por Mariano Rajoy.

La crisis ha llegado ya al Congreso de los Diputados con la petición, por parte del Partido Socialista, de que se convoque la Comisión de Secretos Oficiales para que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, traslade información a los parlamentarios que integran este órgano que celebra sus reuniones a puerta cerrada. La número dos del Gobierno es la máxima responsable de los servicios de Inteligencia.

Precisamente, el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, aseguró este viernes que España sufre ciberataques y reclamó a Naciones Unidas que modifique su Carta para que los Estados puedan "responder" a los ciberataques, "defenderse" y "manifestar quién es el atacante".

Actuar con "sentido de Estado"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, evitó concretar cuál es la postura oficial del Ejecutivo ante esta petición del principal partido de la oposición, limitándose a pedir a los grupos parlamentarios ser "serios" y actuar con "sentido de Estado". La iniciativa podría salir adelante sin los votos del PP en la Mesa del Congreso.

"Es un tema importante, de Estado, serio. Con las elecciones y con las interferencias no se juega porque alguien puede estar tentado de desvirtuarlas", señaló. Previamente había recalcado que el 21D, cualquier injerencia será evitada por vía "presencial" por los interventores y los apoderados de las mesas electorales. No lo mencionó, pero con estas palabras estaba respondiendo al líder de Ciudadanos, que dos días antes había agitado la posibilidad de que las injerencias continúen el 21D

"¿Qué va a hacer su Gobierno, y Presidencia concretamente que es de quien depende la seguridad nacional, para evitar que hackeen unas elecciones, que saboteen las elecciones catalanas, que haya injerencias de países extranjeros en el resultado de esas elecciones?", preguntó Albert Rivera a Rajoy.

"Evidentemente, preocupa que pueda afectar al proceso electoral. Pero el Gobierno sabe qué hacer y ya dijo el presidente que las instituciones europeas se están ocupando del tema. Estas elecciones son legales. Que no se nos olvide. Hay todo tipo de filtros y controles", señalan las fuentes consultadas por infoLibre.

El segundo frente: las relaciones con Bélgica

Otro de los focos en el plano internacional está en Bélgica, donde Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers permanecen desde hace semanas para evitar la acción de la Justicia española. Las tensiones que hubo en un primer momento cuando el ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, sostuvo que su país podría conceder asilo político al president destituido si así lo pidiera ante la posibilidad de que no recibiera "un juicio justo" en el caso de ser detenido por el 1-O. Cuando hizo estas declaraciones, Puigdemont no había viajado todavía a Bruselas ni el referéndum se había celebrado. Y la reacción del primer ministro belga, Charles Michel, fue reprobarle.

En el Gobierno subrayan que las relaciones bilaterales gozan de buena salud. Explican que los problemas que ha habido tienen más que ver con cuestiones de política interior belga. "Hay cuestiones que se distorsionan porque los miembros del Ejecutivo de Michel son de distintas sensibilidades políticas. Pero son sólo opiniones, con repercusión. Pero sólo opiniones", señalan fuentes diplomáticas.

Este viernes, el presidente Rajoy mantuvo un breve encuentro con Michel en un receso de la Cumbre Social de Gotemburgo (Suecia). Pese a que la cita tenía lugar el mismo día que Puigdemont declaraba ante el juez belga, desde Presidencia del Gobierno señalan que la crisis catalana no estuvo sobre la mesa. Según explicó Rajoy después "la Justicia belga y la española son independientes". Ambos gobiernos, dijo, no tienen "nada que hacer" en esta materia.

La versión facilitada por la Moncloa del encuentro implica, por tanto, que en la cita se obvió un hecho que ha extrañado en círculos conservadores. Recientemente, la Fiscalía belga se interesó por las celdas de aislamiento, la visita de familiares, la higiene o incluso la alimentación en las prisiones españolas.

En respuesta, Interior ha explicado que Puigdemont y los otros cuatro exconsellers ingresarían en la prisión de hombres en Estremera y las mujeres en Alcalá-Meco, una vez se autorice su traslado cumpliendo la orden de detención de la Audiencia Nacional.

Fuentes penitenciarias explicaron a Europa Press que en el documento de respuesta, de 15 páginas de extensión, se responde pormenorizadamente a cada una de las 14 cuestiones que les planteó la Fiscalía belga, recordando aspectos como que Puigdemont mantendría en la prisión el contacto con su abogado, de acuerdo a la legislación penitenciaria, y se cuidaría que no sufriera agresiones por parte de otros internos.

Al documento remitido por Interior a las autoridades belgas se sumaron este viernes declaraciones de Dastis y del portavoz del Gobierno en las que quedó patente su incomodidad con el tema. Para el titular de Exteriores "la cárcel a la que se va a enviar a Puigdemont" tiene "comodidades que muchas personas quisieran disfrutar".

Mientras, Íñigo Méndez de Vigo consideró que la Fiscalía belga quedará "gratamente impresionada" por el estado de las cárceles. 

Además, recordó que Puigdemont conoce perfectamente el estado de las prisiones españolas porque la comunidad de la que ha sido president tiene las competencias en esa materia.

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