Gobierno y Generalitat buscan transformar en acuerdos el diálogo institucional del que dependen los Presupuestos de 2022

La última vez que la comisión bilateral de Cataluña se reunió, España acababa de dar un vuelco. Pedro Sánchez llevaba apenas dos meses en la Moncloa después de liderar la moción de censura que puso fin a siete años de gobiernos de Mariano Rajoy y el presidente recién elegido trataba de abrir un nuevo tiempo en las relaciones con la Generalitat después de años de estancamiento.

Tres años después, la comisión bilateral España-Cataluña volverá a reunirse este lunes en Madrid como un hito más del proceso de normalización institucional que Sánchez y el nuevo president de Cataluña, el republicano Pere Aragonès, pusieron en marcha a finales de junio.

La bilateral de 2018 fue muy especial. Era la primera reunión en siete años: no se celebraba desde el 19 de julio de 2011, con José Luis Rodríguez Zapatero el frente del Gobierno de España y con Artur Mas como presidente catalán. Rajoy había enterrado este foro, previsto en el Estatuto de Cataluña, en el marco de su política de cerrar todas las vías de diálogo con una Generalitat en la que ya entonces florecía el discurso independentista. Así que su mera celebración se convirtió a la vez en un acontecimiento y en un éxito, a pesar de lo exiguo de sus resultados.

Aquel día, en la reunión celebrada en el Palau de la Generalitat, hace este lunes tres años y un día, encabezaban las delegaciones Meritxell Batet, entonces ministra de Política Territorial, y Ernest Maragall, que era el responsable de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del Govern. Ninguno de los dos saldrá este lunes en una foto —hace tiempo que cedieron sus respectivas responsabilidades a otras personas— en la que destacarán dos caras nuevas: la actual ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà (ERC). La primera lleva poco más de dos semanas en el puesto; la segunda algo más de dos meses.

No será esa la principal novedad. Lo que ha cambiado de verdad es el escenario. Sánchez ya no es un presidente producto de una carambola política (ha ganado dos elecciones generales consecutivas) y Esquerra (no Junts) es quien lidera la política catalana. Por si eso fuera poco, en la agenda política se ha abierto paso la Mesa de Diálogo de Cataluña como un foro institucional en el que intentar reconducir el conflicto político catalán y el Gobierno de España ha movido una de las fichas más arriesgadas de los últimos años: los indultos a los políticos y dirigentes sociales condenados a prisión por su participación en la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

En la reunión de hace tres años no existía la mesa de diálogo ni ningún foro parecido a través del cual reconducir el conflicto hacia una mesa de negociación. Esa fue, en parte, la razón de su fracaso. Aquella cita acabó sirviendo para constatar el desencuentro entre la Generalitat y el Gobierno en relación con el proceso judicial abierto en el Supremo contra los protagonistas del procés y en torno a la posibilidad de convocar un referéndum pactado. Dos asuntos que, después de los indultos y con una reunión de la Mesa de Diálogo programada para septiembre, difícilmente van a volver a dominar la reunión.

En aquellos momentos, Gobierno y Govern sí acordaron reactivar las comisiones y subcomisiones previstas en el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña —en las que está previsto abordar desde temas financieros a inversiones públicas—. Lo que obligará a hacer balance de su trabajo y de la aplicación presupuestaria de los acuerdos. Teniendo en cuenta, eso sí, que 2019 y 2020 fueron años prácticamente perdidos. Por la crisis institucional provocada por la repetición electoral y por la pandemia.

En 2018 el Govern intentó sin éxito convencer a Batet para que aceptase la formación de un “grupo de trabajo”, en palabras de Maragall, sin capacidad de decisión, integrado por representantes institucionales y expertos en derecho constitucional y dirigido a explorar la búsqueda de soluciones políticas que hiciesen posible el ejercicio del derecho a decidir.

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet (segunda por la derecha), la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi (izquierda), el conseller de Acción Exterior, Ernest Maragall (segundo por la izquierda) y el conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès (tercero por la derecha), reunidos en el Palau de la Generalitat en Barcelona, el 1 de agosto de 2018.

Entones la ministra rechazó hacer realidad la propuesta. Ni en el seno de la comisión bilateral ni en ningún otro ámbito. El camino para plantear las demandas del Govern, explicó aquel día Batet en rueda de prensa, era una reforma del Estatut, que exige una mayoría de dos tercios del Parlament y eventualmente el apoyo de los ciudadanos catalanes a través de un referéndum. Exactamente la misma ruta a la que debe conducir, según Pedro Sánchez, cualquier acuerdo en el seno de la Mesa de Diálogo.

El hecho de que ya exista un marco para la discusión política —la mesa— facilitará que esta vez el foco se ponga en los asuntos que de verdad afectan a las políticas públicas. Y sobre las competencias.

La última reunión de la comisión bilateral acordó un calendario de reuniones hasta finales de diciembre que debería haber dado lugar a pactos en materia de transferencias pendientes, financiación, déficit y recursos ante el Constitucional, entre otras materias. De concretarse, habrían tenido plasmación en los Presupuestos de 2019, pero el desencuentro político echó por tierra aquellas cuentas del Gobierno de Sánchez y la convocatoria de elecciones anticipadas impidió seguir avanzando.

En el temario de la bilateral no habrá, esta vez, ni referéndums ni leyes de amnistía para los dirigentes que, como Carles Puigdemont, optaron por huir de la justicia española. Gobierno y Generalitat tiene previsto hablar y llegar a acuerdos sobre becas universitarias, transporte de cercanías, sanidad y educación. También en torno a un proyecto audiovisual relacionado con el uso del catalán.

Por parte del Govern, el interés se centra en el déficit fiscal y su “infradotación en infraestructuras”. “Tenemos temas pendientes”, explicó el lunes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. Hay que retomar la vía de la política, la palabra y el diálogo, defendió.

Vilagrà, la consejera que encabezará la delegación catalana, quiere plantear el traspaso de la gestión del ingreso mínimo vital creado por el Gobierno central en 2020 y una mayor dotación para dar cumplimiento a la ley de dependencia. Algunas fuentes aseguran que encima de la mesa también estará la defensa de la ley catalana que regula los alquileres.

Peticiones

Pero no sólo. La Generalitat llevará tres carpetas de peticiones: traspasos,  transferencias e “incumplimientos". La de transferencias hace referencia a aquellos asuntos sobre los que la Generalitat no tiene competencias pero quiere tenerlas, y entre ellos destaca la gestión del Aeropuerto de El Prat. En el capítulo de incumplimientos figuran la disposición adicional tercera del Estatut, la ley de dependencia, las inversiones en Rodalies y competencias para los Mossos d'Esquadra.

El Govern también quiere, entre otras cosas, que los Mossos d'Esquadra asuman las funciones de protección de la naturaleza que realiza la Guardia Civil, la seguridad en el Aeropuerto de Alguaire (Lleida) y las funciones de policía ordinaria en el Puerto de Palamós (Girona), el primer punto donde la policía catalana ha desplegado su unidad marítima. Y pedirá el retorno de los fondos documentales sobre Cataluña que están depositados en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca.

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La ministra Isabel Rodríguez admitió esta semana el interés del Gobierno de Pedro Sánchez en reivindicar los frutos del diálogo. “No todo sigue igual, ha habido un cambio de paso. Hay un gobierno dispuesto al diálogo en el marco de la ley y la Constitución y ellos”, aseguró en referencia a las formaciones independentistas, “tienen que dar su paso” también.

“Hay necesidad de recomponer”, subrayó la responsable de la política territorial del Gobierno. “El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo muy grande por la convivencia, por salir de ese marco de conflicto, y ahora ellos tienen que hacer su propio esfuerzo para recomponer también la convivencia y la concordia dentro de Cataluña”.

Lo que nadie duda, ni en Esquerra ni en el Gobierno, es que la bilateral puede ser la puerta que abra el apoyo de los republicanos a los Presupuestos de 2022, sin los cuales será imposible hacer realidad los acuerdos que se alcancen en la negociación. Pedro Sánchez ya no puede contar con Ciudadanos, alineada definitivamente con PP y Vox en la oposición frontal al Ejecutivo, y eso devuelve a los de Oriol Junqueras todo el protagonismo.