El Gobierno lanza el teléfono 021 para atender a víctimas de discriminación racial o étnica

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa convocada tras la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno pondrá en funcionamiento en las próximas semanas un nuevo teléfono, el 021, para atender a víctimas de discriminación racial o étnica, tal y como ha anunciado, este lunes, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha recogido Europa Press.

"Como novedad les puedo anunciar que, desde el Gobierno de España, vamos a aumentar también los medios para atender esta discriminación y vamos a poner en marcha un nuevo teléfono de atención a la ciudadanía para las víctimas de discriminación racial o étnica que estará en funcionamiento en las próximas semanas, que será el 021", ha explicado Isabel Rodríguez.

Así se recoge en una declaración institucional aprobada este lunes por el Consejo de Ministros con motivo de la celebración, este martes 21 de marzo, del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.

Esta declaración, según ha indicado la ministra y portavoz del Gobierno, muestra que "la lucha contra la discriminación racial y étnica y contra el racismo estructural son prioridades del Gobierno de España, tanto en política interior como exterior" y "pone en relieve la ejecución de políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y de la discriminación".

Además, ha destacado que, desde el Gobierno, condenan "todas las actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que tiene la diversidad étnica en la sociedad".

La portavoz del Ejecutivo ha subrayado los "avances" que se han dado en España en la lucha contra la discriminación y el racismo, vinculados al Plan de Acción de la Unión Europea Antirracismo para el Año 2020-2025 que reconoce expresamente el problema del racismo como un problema estructural.

Entre otros, ha puesto de relieve los realizados en el ámbito de actuaciones especializadas de la Fiscalía General, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de los ministerios de Justicia, Interior, Inclusión o Igualdad, así como el acuerdo mediante el cual propician la cooperación institucional contra el racismo, la xenofobia, la lgtbifobia y otras formas de intolerancia. Además, ha subrayado que el "hito más importante" fue la aprobación de la ley para la igualdad de trato y la no discriminación.

Si bien, el Gobierno asegura en su declaración que quedan "importantes desafíos" como la aprobación de un proyecto de ley contra el racismo, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, en el que viene trabajando el Ministerio de Igualdad con los demás departamentos ministeriales implicados y la sociedad civil.

El objetivo de este proyecto de ley es, según precisa el Ejecutivo, "eliminar el racismo estructural, la discriminación racial y las formas conexas de intolerancia, reconocer el racismo estructural presente en la sociedad española y establecer medidas para evaluarlo, entre ellas, sistemas de recogida de datos que proporcionen instrumentos para prevenir y combatir el racismo, y mejore la atención a las víctimas de la discriminación racial y la intolerancia asociada".

Estos desafíos son, según indica el Gobierno, "especialmente acuciantes" en un contexto internacional, europeo y nacional en el que "es preciso alzar una voz clara y activa contra el racismo, la xenofobia, el antigitanismo, el racismo anti afro, el antisemitismo y la islamofobia".

Además, asegura que están avanzando en el diagnóstico de "la situación de los asentamientos informales en los que viven en condiciones de falta de dignidad numerosas personas migrantes, del pueblo gitano, africanas y afrodescendientes y árabes, entre otros grupos poblacionales y étnicos".

Si bien, apunta que todavía es necesario disponer de "más y mejores datos" y, en concreto, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) pueda recoger este tipo de datos en una encuesta que proporcione una mayor información, respetando el anonimato, la voluntariedad y la legislación de protección de datos.

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