El Gobierno quiere abrir ahora el debate sobre la financiación de la dependencia

El melón lo abrió la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Susana Camarero, que en una entrevista este viernes en la Cope dijo que el Gobierno “no sabe en qué gastan” las comunidades parte del dinero que reciben del Estado para pagar prestaciones y servicios. Explicó que se refería a la parte que se paga a través de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y que, a su juicio, se hace de forma "no muy transparente". Estas declaraciones no sentaron muy bien en algunas autonomías gobernadas por el PSOE que vienen reclamando más fondos, especialmente ahora que, tras dos aplazamientos, tienen que incluir en el sistema a los dependientes moderados. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz autorizado del Ministerio de Sanidad matizó que las autonomías "cumplen perfectamente", que no incurren en "irregularidades" y explicó que lo que sí está sobre la mesa es una propuesta de modificar el sistema de financiación de la ley para que todas las partidas dedicadas a financiarla sean finalistas y, por tanto, esté garantizado que se dedican a pagar servicios o prestaciones para los beneficiarios y no otras cuestiones de carácter social.

Actualmente, el dinero que la Administración General de Estado dedica a la dependencia se canaliza a través de dos formas. Por un lado está el llamado nivel mínimo (serán 2.252 millones de euros en 2016) que se abona a las autonomías según el grado de dependencia evaluado a cada persona, así como por la prestación que está recibiendo. Y, por otro, unas partidas que no son finalistas y que se canalizan a través de la LOFCA para financiar los servicios de "población potencialmente dependiente", explican en Sanidad. Lo que ocurre –detalla este mismo portavoz– es que se ha detectado que hay casos en los que ese dinero no se está dedicando a pagar cuestiones relacionadas con la ley de dependencia sino que se dedican a sufragar otros servicios sociales. 

La propuesta del ministerio es, por tanto, que se garantice la finalidad de estas partidas. En cualquier caso, insisten en el departamento que dirige Alfonso Alonso, esta es una propuesta que está "en fase de reflexión" y que lo previsible es que en la próxima reunión del ministro con los consejeros se acuerde la creación de un grupo de trabajo para estudiarla. La secretaria de Bienestar Social del PSOE, Luisa Carcedo, afeó a Camarero sus declaraciones que definió de “inexactas y malintencionadas” y acusó al Gobierno de estar "tergiversando la información de forma malintencionada para justificar el abandono de la dependencia”.

Infrafinanciación 

El de la financiación ha sido siempre uno de los aspectos que han centrado las críticas de los colectivos de afectados, que vienen denunciando de forma insistente que el de la dependencia es un sistema "en situación de demolición controlada". De hecho, las cifras oficiales –recogidas en el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales– evidencian que la gran carga del sostenimiento del sistema sigue recayendo sobre las autonomías, que financian el 62,7% de lo que cuesta atender a las personas que necesitan ayuda en su vida diaria. De hecho, los datos muestran también que, desde 2009, el porcentaje de dinero que aporta el Estado se ha reducido un 54%, pasando del 39,2% al 17,9%, y que los beneficiarios ya ponen de su bolsillo más dinero que la Administración central para ser atendidos.

"Pretender que la financiación del sistema por parte del Gobierno central a las comunidades tiene “dos vías”: la propia de la Ley 39/2006 y la vía de los fondos adicionales de financiación autonómica es una técnica de cómputo tramposa que no hace sino añadir confusión para dar una falsa apariencia de suficiencia financiera de las comunidades", señala José Manuel Ramírez, presidente de la asociación de gerentes. "Nuestra propuesta es que al menos el 50% de la financiación pública de la dependencia venga de la Administración estatal", amplía. 

Además –recuerda Ramírez– en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero (283 millones de euros en 2011) que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe.

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Sanidad e inmigrantes  

Las declaraciones de Camarero suponen el segundo charco en el que se mete un responsable del Ministerio de Sanidad después de que el jueves, en el Congreso, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, advirtiera a las comunidades que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares de que se enfrentan a la posibilidad de que el Gobierno tome medidas contra ellas por “vulneración de las competencias estatales” al haber aprobado normas autonómicas que contravienen lo establecido por un real decreto.

Moreno señaló además que devolver la atención sanitaria normalizada a los inmigrantes sin papeles puede tener “consecuencias catastróficas” para España como “multas diarias millonarias” por parte de la Unión Europea e incluso “paralización de fondos europeos”. Consultado por este periódico, un portavoz de Sanidad no detalló qué normativa europea estarían incumpliendo estas comunidades y se limitó a decir que podría haber problemas en el sentido de que, al atender a los inmigrantes irregulares, estas comunidades también tendrían que atender a ciudadanos europeos que no estén pagando seguros en sus países de origen y estar fomentando así el turismo sanitario.