El nuevo Gobierno

El Gobierno recurrirá la violación de la ley pero no judicializará “pronunciamientos sin efecto sobre terceros” en Cataluña

Las ministras Isabel Celaá (Educación), María Jesús Montero (Hacienda) e Irene Montero (Igualdad) comparecen en rueda del prensa ten el Palacio de la Moncloa.

Fernando Varela

El Gobierno sigue trabajando en la normalización de las relaciones con la Generalitat de Cataluña. La ministra portavoz, María Jesús Montero, profundizó este viernes en la estrategia marcada por Pedro Sánchez para desjudicializar la política marcando dos escenarios diferentes. El Ejecutivo insiste que en todo momento mantendrá el diálogo sobre el conflicto catalán dentro de los límites de la Constitución y, con ese punto de partida, deslinda dos escenarios: la violación de las leyes, en cuyo caso sigue dispuesto a plantear los recursos judiciales que sean necesarios, como ya hizo en el pasado, y lo que Montero denominó “pronunciamientos que no tienen efecto sobre terceros”, en alusión a resoluciones y declaraciones sin efecto jurídico como las que en numerosas ocasiones plantean parlamentos y asambleas legislativas de las diferentes Comunidades Autónomas desbordando en algunos casos sus ámbitos de competencias.

Preguntada al respecto, Montero explicó que llevar a los tribunales el pin censor de Murcia es compatible con la voluntad del Gobierno de desjudicializar la política. “Cuando hablamos de la desjudicialización de la política nos estamos refiriendo” a “no recurrir a los tribunales para intentar que sean estos lo que resuelvan asuntos o elementos que son motivos políticos de controversia o de conflicto”. “Si me permiten el tono coloquial”, añadió, “la política no se puede esconder detrás de las togas”.

El recurso a los tribunales lo que hace “es complicar toda la resolución de conflictos” y obliga al Poder Judicial a verse “inmerso en determinadas cuestiones que tienen difícil solución o difícil encauzamiento a través de esa vía”.

Eso, subrayó, “no se puede comparar” con la vulneración de una norma, como ha ocurrido con el el pin censor de la Comunidad de Murcia y que, “a juicio de este Gobierno, va en contra de la Ley de Educación, de la ley de Violencia de Género y de los convenios internacionales que ha suscrito el Gobierno de España”. Son “elementos distintos”, insistió. Las instrucciones dictadas en Murcia tienen “efecto directo sobre los menores y es obligación de este Gobierno poner los medios para restablecer la legalidad vigente”.

“Cuando el Parlamento de Cataluña o el ejecutivo catalán han promulgado, publicitado o publicado alguna norma que contravenía el ordenamiento vigente”, recordó, “se ha procedido como siempre al requerimiento y, posteriormente, en caso de no cumplirlo [el Gobierno ha acudido] a las instancias superiores”.

“A lo que nos referimos con la judicialización” es que recurrir a los tribunales “incluso en pronunciamientos que no tienen efecto sobre terceros” lo único que hace es generar “una situación que, como ustedes bien conocen, ha complicado de forma importante el trabajo de los propios tribunales de justicia”.

A juicio del Ejecutivo, resumió, son “planos distintos: velaremos siempre por el cumplimiento de la legalidad y, cuando alguien promulgue una norma que la vulnere y no la retire después del requerimiento del Gobierno, se procederá al recurso". Pero, al mismo tiempo “también velaremos porque los conflictos políticos se resuelvan en el plano político”.

El Gobierno insiste en tratar de reconducir el conflicto catalán al ámbito político y los gestos de distensión se suceden a la espera de que los gabinetes de Pedro Sánchez y de Quim Torra se pongan de acuerdo para la reunión que la semana pasada ambos acordaron celebrar en el transcurso de una conversación telefónica. De la cita depende la puesta en marcha de la mesa de diálogo entre el Govern y el Gobierno acordada por el PSOE y Esquerra para dialogar sobre el futuro de Cataluña.

El primero de ellos ya ha afectado esta semana a las delegaciones de la Generalitat en el extranjero. El Ministerio de Asuntos Exteriores se ha dado por satisfecho con las modificaciones llevadas a a cabo por el Govern en los decretos de creación de tres de ellas —Argentina, Túnez y México— porque, ahora sí, incluyen los cambios solicitados en su día por el Gobierno, de manera que ha retirado el recurso judicial que pesaba sobre estas oficinas, conocidas coloquialmente como embajadas. Las modificaciones, según Exteriores, dejan clara la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales de la proyección exterior que pueda hacer Cataluña en función de sus competencias estatutarias, algo que hacen todas las Comunidades Autónomas y que está protegido por el Tribunal Constitucional.

Delimitación de competencias

Sobre este asunto, Montero precisó que los cambios introducidos atienden las demandas del Gobierno porque ahora ya quedan “perfectamente delimitadas las competencias que establece la ley para este tipo de delegaciones, que fundamentalmente tienen que ver con las relaciones comerciales y que en ningún momento” pueden sustituir o constituir una alternativa a las embajadas españolas en el extranjero.

El segundo gesto de distensión, que revela la existencia de contactos entre las dos administraciones, se conoció también este viernes y ha servido para que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña hayan acordado la interpretación de una norma estatal sobre igualdad de trato en el trabajo y de otra catalana sobre espacios agrarios, de manera que han evitado así el recurso al Tribunal Constitucional. Los acuerdos fueron alcanzados en diciembre y acaban de ser publicados por el Boletín Oficial del Estado.

Estos dos acuerdos de interpretación se han alcanzado dentro de la subcomisión de seguimiento normativo de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y se suman a otros dos que también han evitado el recurso a los tribunales, sobre un real decreto del Gobierno de diciembre de 2018 para la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España, y sobre el decreto catalán de incremento retributivo para 2019.

Ambos pactos han evitado el recurso al Tribunal Constitucional, pero además el actual Gobierno y la Generalitat han acordado el desestimiento de dos recursos ya presentados contra las leyes catalanas de emergencia habitacional.

Sobre la mesa del Gobierno todavía resta por resolver otro asunto complicado: recurrir o no algunas decisiones del Parlament de Cataluña, entre ellas la autorización de un debate sobre la sentencia del procés que concluyó cuestionando la decisión del Tribunal Supremo. El Gobierno tiene congelado este asunto desde que se celebraron las elecciones, actitud que contrasta con la batería de medidas adoptadas en las semanas previasbatería a la votación pidiendo al Tribunal Constitucional actuaciones concretas contra la Cámara catalana y sus órganos de gobierno.

A pesar del tiempo transcurrido—dos meses—, Montero se escudó en que “para la interposición de cualquier recurso, de cualquier requerimiento, hace falta completar todo el expediente administrativo”. “Se está trabajando” sobre este asunto, aseguró, pero “los procedimientos a veces son largos; requieren de una documentación complementaria que permita darles cuerpo”. El Gobierno mantiene el “compromiso firme” de no “permitir que ninguna administración se salte o incumpla ninguna ley”. Primero pidiendo la retirada de lo que vulnere el ordenamiento jurídico y, segundo, en caso de que no se atienda la petición, “recurriendo a los diferentes procedimientos administrativos o judiciales”.

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