Ibrahim Celem, saharaui retenido en Barajas: "Pensaba que España era una democracia, pero aquí no hay justicia"

"Pensaba que España era una democracia, pero tenía una imagen falsa. Aquí no hay derechos ni justicia". Así cuenta Ibrahim Celem Nuru a infoLibre cómo se siente después de llevar nueve días "encerrado" en una sala de la terminal 3 de Barajas. Celem, junto con otras 44 personas saharauis, fue detenido después de que su vuelo procedente de Argelia aterrizara en Madrid. Desde este lunes están en huelga de hambre para denunciar su situación, aunque la protesta la empezaron 54 saharauis, "aunque diez ya se han ido marchando". 

"Vinimos de Argelia con un pasaporte de viaje, porque no somos argelinos, somos saharauis. Cuando aterrizamos, las autoridades españolas nos los quitaron y los rompieron", relata. Ahora, sin pasaporte y tras haberles sido denegada la petición de asilo, Celem lamenta que serán devueltos a Argelia donde, asegura, serán "tratados como terroristas". Este jueves serán deportados, junto a Celem, otras siete personas, entre ellas un menor de 17 años. "Todos somos muy jóvenes", explica. "No sé qué va a ser de nosotros cuando lleguemos a Argelia, lo más seguro es que nos metan presos y nos maltraten", cuenta. 

Los 45 saharauis que desde el día 22 se encuentran detenidos en la sala de inmigración del aeropuerto de la capital proceden de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, de donde han huido "para buscar una vida, buscar derechos", explica un compañero de Celem. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 165.000 personas viven en los cinco campos habilitados por organismos de cooperación y atención. "En los campamentos hay muy buena imagen de España, pero es todo falso", cuenta Celem, quien afirma que, si vuelve a tener la oportunidad de salir de Tinduf, "nunca" volverá a España. 

Según Acnur, el 60% de los habitantes de los campos argelinos de Tinduf –Bojador, Dajla, El Aaiún, Auserd y Smara– son menores de 30 años que "viven en condiciones climatológicas muy duras, con frecuentes tormentas de arena y escasez de alimentos y agua potable". "Eso no era vida", denuncia Celem. Su compañero, que prefiere no dar su nombre, coincide con él y explica a infoLibre que otros motivos de su huida han sido "el racismo, la desigualdad y los abusos de poder". 

Tratados como delincuentes, no como solicitantes de asilo

Ante esta situación, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado interpuso este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo, según informó Europa Press. Lo que solicitan, como explica Daniel Méndez a infoLibre, presidente de la Red, es que Aena permita el paso de las ONG a la sala donde se encuentran los saharauis, que están siendo "tratados como delincuentes", no como solicitantes de asilo. "El derecho de asilo está siendo infligido, estas personas no cuentan con asistencia jurídica ni con traductores, que les corresponde legalmente para que sepan cuáles son sus derechos", añade. 

El problema de estas personas es que, como el Sáhara no está reconocido como Estado, los saharauis no tienen nacionalidad, por lo que la petición de asilo, en realidad, "no procede", sino que "es una excusa para poder entrar a España, porque el consulado en Argel no pone más que dificultades", según explican las fuentes jurídicas relacionadas con organizaciones saharauis consultadas por infoLibre. "La situación que están viviendo es la habitual: pasan unos cuatro días en Barajas hasta que la Policía Nacional, arbitrariamente, decide si procede la solicitud de asilo o no", afirman. Cuando son aceptadas a trámite, casi todos los saharauis abandonan el proceso, ya que "el 99,9% de las peticiones acabarían denegadas". En este momento, por tanto, lo único que pueden solicitar es ser reconocidos como "apátridas".

"Esto es un problema humanitario, no de nacionalidad", critica Méndez, quien afirma además que, efectivamente, "la figura del apátrida y del refugiado es distinta" y se puede discutir si estas personas tienen o no derecho al asilo. Sin embargo, "el problema fundamental es que, de entrada, a los saharuis se les deniega la ayuda jurídica y se les cosifica, no teniéndoles en cuenta". "Son personas olvidadas", lamenta. 

Para Acnur, la apatridia "es un problema masivo que afecta a un promedio de 10 millones de personas en todo el mundo y tiene un impacto terrible en las vidas de las personas. La posesión de la nacionalidad es esencial para la participación plena en la sociedad y un requisito previo para el disfrute de muchos derechos fundamentales".

"No tenéis asilo político", denuncia Celem, quien afirma además que todos ellos son "refugiados" a los que se les ha metido "en una prisión" de la que sólo han podido salir tres minutos en todo este tiempo. "Parecemos perros", critica. 

Al contrario que las 45 personas que se encuentran ahora en Barajas, otras muchas sí consiguieron entrar a España de esta manera con anterioridad, pidiendo el asilo. "Lo que no entiendo es por qué las personas que llegaron antes de nosotros sí han conseguido entrar directamente, sin problemas", explica uno de los saharauis retenidos. Según las fuentes jurídicas consultadas, la respuesta a esta pregunta pasa porque las autoridades se han dado cuenta de que, a través de este método, un gran número de personas estaban entrando en España, por lo que han decidido cerrar la mano. 

"Resultado de 42 años de conflicto"

"Lo que está pasando no es más que el resultado de 42 años de conflicto en el Sáhara Occidental", explican fuentes jurídicas. Después de que en 1974 España prometiera a los saharauis un referéndum de autodeterminación, firmó con Marruecos y Mauritania su retirada del territorio y la división de éste entre estos dos países. Como el acuerdo firmado jamás fue publicado, Marruecos y Mauritania comenzaron una guerra para ocupar la zona, en contra de la voluntad del pueblo saharaui, que se vio obligado a huir de los bombardeos marroquíes. 

En ese momento, el Frente Polisario –una guerrilla de liberación del Sáhara Occidental– comienza una "guerra" contra Marruecos hasta que, en 1991, firman un alto el fuego bajo la supervisión de la ONU. Marruecos ocupaba el 80% del territorio –lo que incluye casi la totalidad de las zonas pobladas– y el Frente Polisario un 20% –tan solo una zona del desierto interior–. 

"El Sáhara está ocupado militarmente por el ejército marroquí", afirman las fuentes jurídicas consultadas. Con esta situación, lo que quieren los saharauis es llegar a España "porque es el país europeo que tienen más cerca, es donde se habla su idioma y la mayoría tiene familia". "Nuestros abuelos tienen nacionalidad española", cuenta uno de los inmigrantes retenidos en el aeropuerto. 

España "tiene la llave" para resolver esta situación

La ONU ha exigido en varias ocasiones que se lleven a cabo "verdaderas negociaciones" para resolver el bloqueo de la situación en el Sáhara Occidental, donde el referéndum de autodeterminación lleva 17 años paralizado después de que en el año 2000 Naciones Unidas finalizara el censo para poder llevarlo a cabo. Nunca se realizó porque Marruecos se negó a aceptarlo. 

"El Gobierno de España tendría que agilizar el proceso de descolonización del territorio", explican las fuentes jurídicas. En este sentido, España, que lleva desde 1976 sin emitir ningún informe sobre la situación del territorio, "debe asumir su responsabilidad jurídica exigiendo a la ONU" que se lleve a cabo el referéndum prometido hace más de cuatro décadas. 

La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), establecida en 1991 y aprobada por el Consejo de Seguridad, establecía un periodo de transición para preparar un referéndum que diera la oportunidad al pueblo saharaui a elegir entre la independencia o la definitiva integración en Marruecos. Ahora, 26 años después, todavía no se ha celebrado. "El problema es que España está más a favor de Marruecos que de la legalidad internacional" por lo que, aunque "tiene la llave", no intenta solucionar este problema, explican las citadas fuentes jurídicas. 

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Para Méndez, por su parte, también se trata de un problema del sistema de acogida. "El problema de fondo de este asunto es que el sistema de asilo europeo no funciona correctamente", señala. "Esto se refleja con estas personas y con las que deben ser reubicadas desde Grecia e Italia", añade. Desde que España se comprometió a acoger a 17.337 personas en 2015, sólo han llegado 1.188 –entre reubicados desde Grecia e Italia y reasentados desde sus países de origen–, es decir, el 11% de lo prometido por el Gobierno. Esto, según la mayoría de las ONG, es un problema de "voluntad política". 

Por este motivo, Celem compara a España "con los países africanos y árabes". "La justicia en España funciona igual que allí", afirma. "Nos estamos muriendo de hambre, pero estamos aquí aguantando", sentencia.