Ignacio González ha vetado 39 iniciativas sobre su ático en la Asamblea madrileña

La imputación de Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, en el caso del ático que ambos comparten ha provocado este miércoles un hecho sin precedentes en la Asamblea de Madrid. Por primera vez desde que se iniciara la investigación, la oposición en bloque ha exigido a González que comparezca ante el pleno y dé explicaciones. Tomás Gómez (PSM) ha reclamado su dimisión "inmediata", Gregorio Gordo (IU) ha dicho que González está "acorralado y deslegitimado", y el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha sostenido que se trata de un "asunto grave".

Pero los conservadores no dan su brazo a torcer. "Las insidias y acusaciones no me van a doblegar", ha clamado Ignacio González, que ha manifestado su "sorpresa y estupor" ante el auto, ha defendido que no hay ni pruebas ni delito y ha afirmado que su mujer está imputada para "evitar su posible indefensión". El PP ha salido así al paso de las acusaciones de la oposición. El portavoz en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, ha dicho que González ha dado explicaciones "desde el minuto uno" en relación al ático de Estepona.

En la misma línea, González ha esgrimido que hace más de un año compareció ante los medios. "Presenté los datos del alquiler, los pagos efectuados y la escritura de compraventa", ha subrayado. Sin embargo, ha obviado que, desde marzo de 2012, poco después de iniciarse el goteo de informaciones y datos sobre el ático que disfruta cerca de Marbella, el PP ha vetado sistemáticamente las peticiones del PSM en la Asamblea de Madrid. Cada vez que los socialistas han demandado explicaciones se han encontrado con la negativa del PP.

Un muro en la Asamblea

El PSM pidió el 27 de marzo de 2012 acceder a la declaración de bienes y al IRPF de González. En esa fecha, El Mundo informaba de que la Policía buscaba al propietario de la vivienda que González arrendaba en la costa de Málaga. Según esas informaciones, existían sospechas de que el ático podría ser el presunto pago de una comisión del caso Gürtelcaso Gürtel. Un mes después, el PSM solicitó la comparecencia del entonces vicepresidente regional para "clarificar" todo lo relativo a lo publicado en torno al ático.

Más tarde, en junio de ese mismo año, cuando la Policía inició una investigación con el fin averiguar la identidad del propietario del inmueble arrendado por González a partir de una denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el diputado Enrique Cascallana presentó una amplia batería de preguntas que quedaron también sin respuesta.

No fueron las únicas. En 2013, ya con González instalado en la Presidencia, Cascallana formuló una nueva tanda de cuestiones el 16 de enero, el mismo día en el que el presidente afirmó haber adquirido el inmueble el 18 de diciembre de 2012. En aquellas fechas, la Agencia Tributaria también comenzó a indagar el origen del dinero con el que el matrimonio González-Cavero había comprado el ático, y reclamó a la empresa Coast Investor LLC –anterior titular del inmueble– información fiscal.

Pese a ello, González rechazó valorar las indagaciones de Hacienda en sede parlamentaria, y también dio la callada por respuesta cuestionado por la posibilidad de "asumir alguna responsabilidad política". "Sólo le queda presentar de forma inminente su dimisión", dijo entonces Tomás Gómez.

Portal inmobiliario

A lo largo de los meses que dura ya el caso, ha habido capítulos ajenos a la trama principal que también han sido objeto de polémica. Por ejemplo, en enero de 2013 el presidente madrileño empleó los servicios de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para obligar a la web idealista.com a retirar imágenes del propio González y textos en los que se citaba su nombre identificándolo como propietario del inmueble.

En el escrito remitido al portal inmobiliario, se argumentaba que los hechos eran constitutivos de una intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personas y familiar y la propia imagen. El PSM quiso saber entonces si González consideraba adecuado emplear los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid en demandas relativas a cuestiones que los socialistas consideraban pertenecientes al ámbito privado de González.

Comisión rogatoria

El presidente de la Comunidad también recibió preguntas de los socialistas en referencia a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, efectuada ante el Juzgado en el que se sigue el caso, de cursar una comisión rogatoria a Estados Unidos. El objetivo de dicha medida era, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, conocer la verdadera identidad de los propietarios de Coast Investors, empresa titular del ático hasta que lo adquirió González.

El PSM solicitó en el mes de julio –una vez más, sin éxito– saber si el presidente tenía vínculos previos son esa sociedad estadounidense, pues existían sospechas de que la sociedad, que carece de actividad conocida, y Rudy Valner, su administrador, eran meras pantallas para ocultar al verdadero titular de la vivienda.

Preguntas sobre Telemadrid

Otro de las cuestiones que también ha quedado sin aclarar por parte de González es la presunta relación entre su vivienda, Enrique Cerezo y Telemadrid. En julio de 2013, extrabajadores de la cadena aseguraron que el ático podría ser un regalo del presidente del Atlético de Madrid. De acuerdo con esa declaración, la propiedad habría sido adquirida con recursos del entorno de Cerezo para el presidente madrileño como contrapartida de al menos tres operaciones, tal y como consta en el escrito que el fiscal remitió a la juez que ahora ha imputado a la mujer de González.

Así, el PSM pidió que compareciera en la Comisión de Vigilanda de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid el propio Cerezo. Lo hizo en hasta cinco ocasiones, para preguntarle por su labor en el seno de diferentes empresas que recibieron contratos de administraciones gobernadas por el PP. Diputados socialistas también formularon hasta cuatro preguntas relacionadas con las operaciones bajo sospecha –los gestión de los contratos publicitarios entre la cadena pública y el Atlético de Madrid– a Ignacio González. Una vez más, obtuvieron la callada por respuesta.

El último capítulo en la serie de interrogantes que el presidente madrileño ha dejado sin resolver se produjo el pasado noviembre, cuando el PSM quiso saber por qué González solicitaba personarse en el procedimiento judicial sobre su ático y si había utilizado para ello, nuevamente, los servicios jurídicos de la Comunidad. En el escrito remitido a la jueza, González argumentaba que había sido acusado en una denuncia del SUP y criticaba a la magistrada por dar credibilidad a "falsas imputaciones". Una vez más, el PP rechazó las peticiones y el presidente madrileño permaneció en silencio.

Hasta hoy, el PP ha rechazado en la Asamblea de Madrid una treintena de preguntas, dos peticiones de información y hasta siete solicitudes de comparecencia ante el pleno de la Cámara regional. Todas ellas han sido rechazadas. Ahora, los conservadores tendrán que decidir si aceptan las peticiones de los tres grupos de la oposición para que Ignacio González explique todo lo relativo a su ático de Marbella.